El eco de 1965 resonó este lunes frente al Palacio Nacional. Con consignas, pancartas y la memoria de los caídos en la batalla del Puente Duarte como telón de fondo, decenas de ciudadanos se congregaron en la capital en el marco del denominado "Día Nacional de la Rebeldía", una jornada de movilizaciones que se extendió por todo el país y que puso sobre la mesa un pliego de demandas tan amplio como urgente: medio ambiente, salud, pensiones, derechos laborales y justicia social.
La fecha no fue elegida al azar. Este 27 de abril se cumple el 61 aniversario de la batalla del Puente Duarte, episodio central de la Revolución de Abril, cuyas reivindicaciones —insisten los manifestantes— siguen sin resolverse más de seis décadas después.
"No al vertedero": la voz de La Cuaba llega a la capital
Entre las voces más encendidas de la jornada estuvieron las de los residentes del distrito municipal La Cuaba, en Pedro Brand, quienes viajaron hasta el Palacio Nacional para exigir al presidente Luis Abinader la paralización del proyecto "Oak House", un relleno sanitario proyectado en la zona de Los Aguacates.
Los comunitarios advierten que la instalación del vertedero comprometería fuentes acuíferas, destruiría flora y fauna local y pondría en riesgo el modelo de desarrollo basado en el ecoturismo, uno de los pilares económicos de la zona. Para reforzar su argumento, traen a colación el caso del vertedero de Duquesa: "Lo que pasó allá no puede repetirse aquí", señalaron.
Lo que más indigna a los pobladores es la persistencia del proyecto pese al rechazo comunitario. Según denuncian, la oposición se remonta a 2021, cuando fue rechazado en consultas públicas, y se repitió en 2023. Sin embargo, afirman que el proceso avanzó ignorando esa "licencia social" negada, con lo que denuncian irregularidades en la aprobación y presiones externas sobre la comunidad. Advirtieron que no cesarán en la protesta hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto.
La Coordinadora Popular Nacional y el pliego de un país
La Coordinadora Popular Nacional fue el eje articulador de la jornada. Respaldada por al menos 22 organizaciones cívicas, sociales y ambientales, la coalición convocó paros de 24 horas en San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, además de la concentración capitalina. La semana previa, el viernes 24 de abril, una marcha en Santiago —partiendo desde el Monumento a los Héroes de la Restauración— sirvió como acto preparatorio.
Frente al Palacio Nacional, sus representantes denunciaron el abandono de comunidades que han recurrido a huelgas en distintas regiones del país. El pliego de exigencias es extenso:
- Mayor inversión en salud: elevarla al 5 % del PIB.
- Eliminación de las ARS y AFP, consideradas instrumentos de privatización de derechos.
- Pensiones y seguro médico para trabajadores cañeros.
- Respeto a la libertad sindical y cese de desalojos y abusos policiales.
- Protección de recursos naturales y cancelación de proyectos ambientalmente perjudiciales.
- Reparto más equitativo de la riqueza nacional.
240 mil jubilados: el silencio que también grita
Otra de las demandas que marcó la jornada fue la de más de 240 mil jubilados y pensionados que exigen al Estado la aplicación de la indexación de sus ingresos. El argumento es contundente: la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de este sector hasta el punto en que los montos mensuales que reciben no alcanzan para cubrir medicamentos, vivienda ni alimentación básica.
La propuesta que llevan al Gobierno es concreta: que los ajustes se realicen de forma periódica, tomando como referencia el incremento anual de la canasta familiar. "No pedimos privilegios, pedimos dignidad", resumió uno de los representantes del sector.
Un malestar que se extiende por todo el territorio
Las protestas de este lunes no fueron un fenómeno exclusivamente capitalino. Desde el nordeste hasta el Cibao, pasando por San Juan, distintas comunidades se sumaron a la jornada con sus propias demandas locales, todas convergiendo en un mismo diagnóstico: las promesas económicas y sociales del Gobierno no se han cumplido, y la carga de la crisis recae desproporcionadamente sobre los sectores más empobrecidos.
Trabajadores, desempleados, clase media y micro, pequeños y medianos empresarios confluyeron en un reclamo común: medidas concretas que protejan a los más vulnerables frente a una crisis que, señalan, tiene tanto raíces internacionales como locales.
La sombra del 65
Al caer la tarde, con el Palacio Nacional como testigo mudo, los manifestantes dejaron una advertencia clara: la jornada de este 27 de abril no es un punto final, sino un punto de partida. La evocación de la Revolución de Abril no es nostálgica —es programática. El mensaje al presidente Abinader y a su Gobierno fue directo: el pueblo dominicano está en las calles, y no piensa retirarse sin respuestas.
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