Un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva contra siete motoristas investigados por la muerte de Delvy (Deivy) Carlos Abreu Quezada, en un caso que la acusación vincula a una persecución y no a un hecho fortuito de tránsito.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, para quienes se ordenó la prisión preventiva como medida de coerción. De acuerdo con lo expuesto en la transcripción, algunos cumplirán la medida en Bocas, otros en Rapel y otros en La Vega, mientras avanza la investigación.
El abogado y comunicador José Martínez Brito, quien habló en representación de la parte querellante, consideró que la decisión judicial se ajusta a lo solicitado. “Sí, claro que sí, es lo que solicitábamos”, sostuvo al ser consultado sobre su satisfacción con la medida.
Brito explicó que el tribunal fijó tres meses de prisión preventiva, recordando que ese es el período que establece la normativa y que, aunque se hable de plazos mayores, la coerción es revisable cada tres meses. En esa misma línea, indicó que se estableció una revisión en el próximo trimestre, la cual —según la información suministrada— quedó pautada para el 27 de julio de 2026, fecha en la que el tribunal evaluará si mantiene o varía la medida.
Además, el tribunal otorgó al Ministerio Público un plazo de tres meses para presentar el expediente “por escrito”, en un paso clave para definir el rumbo procesal del caso y sostener la teoría de investigación ante la defensa y el juzgado.
“No es un caso como los demás”
Más allá de respaldar la decisión, Brito subrayó el carácter excepcional del proceso. “Esto es un hecho especial, no es como todos los demás”, afirmó, al insistir en la necesidad de que las autoridades investiguen “en el lugar y de la manera correcta” para determinar qué responsabilidad corresponde a cada imputado.
El representante legal también planteó que, además de las imputaciones penales directas, deben examinarse posibles responsabilidades de personas que no están en el tribunal, a las que se refirió como “responsabilidades políticas”, sin entrar en detalles sobre nombres o cargos.
La acusación apunta a persecución, no a choque
En el contexto público del caso, la acusación ha insistido en que los indicios recabados hasta ahora descartan un accidente de tránsito como detonante y más bien describen una secuencia compatible con una persecución, según ha señalado Brito en declaraciones difundidas por el medio Acento.
En paralelo, voces vinculadas al caso destacaron que la víctima realizaba labores comunitarias —mencionadas como vinculadas a la recogida de basura— y reclamaron respaldo institucional y acompañamiento a los parientes. “Hay que darle apoyo”, señaló uno de los intervinientes en la transcripción, al referirse a la familia y al equipo legal que le da seguimiento al expediente.
Consultado sobre una posible pensión permanente para los familiares, Brito respondió que el fallecido “no trabajaba directamente” con “ese tema”, dejando abierta la discusión sobre el tipo de vínculo laboral y el mecanismo de asistencia que pudiera corresponder.
Próximos pasos
Con los imputados bajo prisión preventiva y el plazo de tres meses corriendo para el Ministerio Público, el caso entra en una etapa decisiva: la revisión fijada para el 27 de julio de 2026 servirá para medir avances, discutir la necesidad de mantener la coerción y definir el curso del proceso, mientras la querella insiste en que se establezcan todas las responsabilidades derivadas del hecho.
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Delvy Carlos Abreu: acusación descarta un accidente de tránsito y señala hubo persecución | Acento
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