Representantes de organizaciones dominicanas, de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles y del Centro de Información Bancaria (BIC, por sus siglas en inglés) comparecieron en la mañana del pasado martes 13 ante la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, en Washington, D. C., para exponer sobre los impactos que tendría en la comunidad de Manzanillo, municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi, la construcción de un puerto, dos plantas eléctricas a gas natural licuado y otras obras asociadas.
Durante el encuentro se abordaron los efectos sociales, ambientales y económicos vinculados a este megaproyecto energético que se desarrolla en el noroeste de la República Dominicana, en una zona con alta sensibilidad ecológica y relevancia para las comunidades locales.
El proyecto fue aprobado en 2025 por el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su brazo privado BID Invest, junto al Gobierno dominicano. Contempla la rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo, la construcción de dos plantas de gas natural licuado con una capacidad conjunta estimada entre 800 y 860 megavatios, así como una terminal con un buque regasificador flotante (FSRU) para la recepción y almacenamiento del combustible, además de líneas de transmisión para inyectar energía a la red nacional.
La ejecución está a cargo de consorcios privados como Manzanillo Gas & Power y Manzanillo Energy, con una inversión total que supera los 1,750 millones de dólares. El financiamiento proviene en gran parte del BID y de otras instituciones financieras internacionales, entre ellas Citibank y JP Morgan.
Falta de información e impactos negativos
En su participación, el profesor Enrique de León, quien habló en representación del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, por vía telemática, señaló la poca información que existe sobre este proyecto y los principales impactos negativos de la actual fase de construcción.
Dijo que las comunidades locales y la sociedad dominicana no están suficientemente informadas sobre los detalles del proyecto, sobre los avances de éste en tiempo real, sobre el financiamiento del BID Invest, y sobre la participación del sector privado y el Estado.
Urgió al BID que enfrente lo antes posible la desaparición de más 500 mil metros cuadrados de bosque seco costero, especialmente la desaparición de las uvas de playa y de otras plantas endémicas, dejando expuesto el territorio y los manglares de Estero Balsa.
Otro impacto es la ocupación por parte del proyecto de la playa del pueblo con la consiguiente pérdida de un espacio y un bien público, lo que impide su uso por la población para sus actividades habituales y el turismo.
Denunció que la pesca prácticamente ha desaparecido que es una actividad de la que depende el sustento de una gran parte de la población de Manzanillo, así como también el desplazamiento o desalojo de la población sin la debida compensación.
Expresó que las comunidades de Manzanillo y las organizaciones ambientales del país poseen fuertes preocupaciones sobre los futuros impactos negativos durante la etapa de operación del proyecto sobre el muy complejo y delicado ecosistema costero de Manzanillo, que incluye humedales y la agrupación más grande de manglares del Caribe insular que aloja a una gran cantidad de especies endógenas y únicas.
De León responsabilizó al Gobierno dominicano de que esta inversión se esté haciendo para expandir el gas natural en el país en vez de las energías renovables, en violación de los compromisos climáticos contraídos por el Estado dominicano y de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone la sustitución de los fósiles importados por fuentes de energías renovables.
Igualmente acusó al Gobierno de haber seleccionado a Manzanillo como el lugar para ejecutar este proyecto sin tomar en consideración la alta vulnerabilidad ambiental de la Bahía de Manzanillo que es un ecosistema cerrado que está protegido por la Convención de Ramsar para la protección de humedales de importancia internacional.
Participación de las comunidades y de la sociedad civil
El profesor de León solicitó y recomendó enfáticamente que el BID Invest garantice la activa participación de las comunidades directa e indirectamente afectadas, de la sociedad civil y de sus asesores, abandonando prácticas de cooptación clientelar que actualmente se están aplicando en el proyecto.
Sugirió que las comunidades y las organizaciones locales participen en el monitoreo permanente e independiente de los impactos y en la elaboración de un plan que combine iniciativas de desarrollo local, con acciones de prevención, remediación e indemnización de los impactos medioambientales del proyecto, y de una política justa y sostenible de responsabilidad corporativa.
Advirtió que este plan deberá estar dotado de presupuesto suficiente a mediano y a largo plazo que comprenda toda la vida útil del proyecto.
Contaminación transfronteriza
La coordinadora de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles, Carolina Sánchez y los representantes del Centro de Información Bancaria, BIC, Carolina Juaneda y Marco Vermaasen manifestaron en la reunión la preocupación de que el proyecto del BID Invest en Manzanillo se convierta en un gran obstáculo para que la República Dominicana continúe introduciendo energías renovables, con la finalidad de alcanzar la soberanía energética.
También consideraron que este proyecto a base de gas natural licuado no contribuirá a que el país cumpla con los compromisos de reducción de carbono acordados con la comunidad internacional ni tampoco con la aspiración de lograr la meta de neutralidad de carbono para el año 2030.
Plantearon que la contaminación emitida tanto producto de la generación eléctrica a base de gas natural licuado como de los impactos de la construcción de este mega proyecto, posee un carácter transfronterizo al afectar a Haití que está apenas a un kilómetro de distancia, y a Cuba, situada inmediatamente al noroeste de la Bahía de Manzanillo y en dirección de las corrientes marinas.
Señalaron específicamente que el trasiego de embarcaciones de gran calado cargadas de gas natural licuado impactará en el ecosistema de la Bahía de Manzanillo, así como la operación de regasificación en sus aguas, lo que pone en extremo peligro la vida marina en la zona.
Observaron que un eventual derrame de petróleo en esas aguas constituirá una catástrofe ambiental de muy difícil reparación.
Los integrantes de la Oficina del Tesoro de los EUA formularon preguntas y agradecieron las informaciones y las recomendaciones externadas por los representantes de las organizaciones participantes en la reunión.
Compartir esta nota