Las defensas de varios imputados en la Operación Cobra —el expediente que investiga un presunto desfalco de más de RD$15,900 millones al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)— solicitaron este miércoles al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, la variación de la prisión preventiva por medidas menos gravosas, durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción fijada para el 30 de abril.
La audiencia se produce luego de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificara, en febrero pasado, la prisión preventiva de 18 meses contra el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, y los demás encartados en el expediente. La revisión obligatoria estaba originalmente programada para una fecha anterior, pero fue reprogramada como consecuencia del proceso de apelación.
Los argumentos de cada defensa
La defensa de Gustavo Enrique Messina sostuvo que su representado no presenta peligro de fuga y solicitó arresto domiciliario con presentación periódica, aunque reconoció ante el tribunal que no fueron aportados nuevos elementos de prueba.
En el caso de Germán Rafael Robles Quiñones —a quien el Ministerio Público señala como uno de los que cobró más de RD$2,000 millones junto a Hazim—, la defensa aseguró haber depositado nuevos presupuestos y argumentó que el imputado posee arraigo económico y domicilio conocido.
El abogado Jaime Terrero, representante de Francisco Minaya Pérez, presentó un carnet médico y afirmó que su cliente no ha obstaculizado el proceso ni la investigación. Indicó además que se mantiene dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar los hechos, y solicitó arresto domiciliario con localizador electrónico e impedimento de salida del país.
"Separar la fantasía de los hechos"
La intervención más polémica de la jornada fue la del abogado de Rafael Luis Martínez Hazim, quien pidió al tribunal "separar la fantasía de los hechos". El defensor aseguró que a su representado se le atribuyen apenas RD$150,000 de los RD$15 millones mencionados en la solicitud de medida de coerción, y que se alcanzó un acuerdo con la parte querellante.
"Donde no hubo, no puede haber", expresó, al calificar de "abuso" mantener la prisión preventiva y señalar que el caso ha sido influenciado por lo que denominó "un trabajo periodístico irresponsable". Solicitó impedimento de salida, garantía económica mediante aseguradora o, en su defecto, arresto domiciliario.
Garantías económicas y cuestionamientos al proceso
La defensa de Ramón Alan Speakler presentó una garantía económica ofrecida por un familiar y explicó que el imputado era representante de una empresa que prestaba servicios a SeNaSa. Solicitó impedimento de salida del país, presentación periódica y arresto domiciliario si el tribunal lo considera necesario.
Por su parte, la defensa de Ana Ledesma Ubiera argumentó que, de un expediente de 508 páginas, su representada solo es mencionada en ocho. Destacó además que posee arraigo familiar, hijos menores y domicilio fijo.
"Hay personas que admitieron hechos y están en sus casas. Entonces, ¿ellos no van a huir?", cuestionó la defensa, al insistir en que el proceso se relaciona con una licitación estatal y no con delitos violentos.
El contexto del caso
La Operación Cobra fue activada por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) en diciembre de 2025, tras una investigación que reveló un presunto entramado de corrupción que habría operado entre 2020 y 2025 en SeNaSa. Según la acusación, la red —encabezada por el entonces director ejecutivo Santiago Hazim— ejecutó contratos fraudulentos, manipuló procesos internos y desvió fondos públicos a través de empresas prestadoras de servicios médicos, a cambio de sobornos millonarios pagados en dólares.
El caso se complejizó aún más en abril de 2026, cuando el Ministerio Público arrestó a Ángel Luis Guzmán Vásquez —auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa— cuando intentaba salir del país hacia Boston sin boleto de retorno. Días antes, la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, advirtió que ese intento de fuga obligó a acelerar el proceso y señaló que algunos imputados "solo buscan llamar la atención mediática y obtener titulares".
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso ha descartado acuerdos y anunciado que el Ministerio Público irá por condenas ejemplarizantes. El juez Deiby Timoteo Peguero deberá resolver las solicitudes de variación en los próximos días.
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