Una auditoría de la Contraloría General de la República encontró debilidades administrativas, financieras y patrimoniales en el Ministerio de Energía y Minas, pese a que la institución obtuvo una calificación satisfactoria en la implementación de su sistema de control interno.
El informe, que abarca el período del 1 de mayo de 2021 al 31 de diciembre de 2025, expone una brecha entre el cumplimiento formal de las normas y la capacidad real de la entidad para documentar, registrar y controlar fondos, activos, inventarios, expedientes y operaciones internas.
La fiscalización interna abarca dos administraciones del Ministerio de Energía y Minas: la encabezada por Antonio Almonte, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2024, y la gestión actual de Joel Santos Echavarría, designado el 16 de agosto de 2024.
La paradoja recorre todo el documento: el Ministerio alcanzó un 93.01 % en el Sistema de Control Interno, pero la auditoría detectó fallas en tesorería, presupuesto, conciliaciones bancarias, manejo de ingresos extrapresupuestarios, bienes públicos, compras, cuentas por pagar y recursos humanos.
Aunque la Contraloría reconoció avances en las Normas Básicas de Control Interno, también estableció que la entidad tenía pendiente cerca del 6,99 % de los requerimientos del sistema. Las áreas de valoración de riesgos y monitoreo alcanzaron 100 %, pero el componente de actividades de control quedó en 88 % y el de información y comunicación en 86.36 %, dos renglones sensibles para una institución que administra recursos, programas y activos de alto impacto público.
Presupuesto con una subejecución de RD$1,395 millones
La primera señal de alerta aparece en el presupuesto. Durante el período auditado, el Ministerio recibió una asignación vigente de RD$15,588,257,062.08 y devengó RD$14,192,766,542.07. La diferencia dejó una subejecución de RD$1,395,490,520.01, aunque la institución sostuvo que una desviación financiera no implica, por sí sola, incumplimiento de metas físicas.
La Contraloría aceptó parcialmente esa respuesta y modificó el hallazgo, pero el dato mantiene peso público: más de RD$1,395 millones quedaron sin devengar en una entidad responsable de áreas estratégicas como electrificación rural, transición energética, regulación minera y proyectos vinculados al desarrollo nacional.
Tesorería bajo observación por caja chica y soportes incompletos
En tesorería, la auditoría encontró debilidades en el manejo de caja chica. Al cierre de 2025, el Ministerio mantenía tres fondos activos por un total de RD$600,000. La revisión detectó 81 comprobantes definitivos sin comprobantes provisionales anexos y una reposición de RD$244,180.84 en la caja chica administrativa, equivalente al 70 % del fondo, por encima del límite de 60 % previsto en las normas internas y de Digecog.
El Ministerio dijo haber instruido a los custodios para cumplir las recomendaciones, pero la Contraloría mantuvo la inobservancia y advirtió que el punto deberá validarse mediante un plan de acción. El señalamiento deja una lectura clara: en materia de control, no basta con acoger una recomendación; hay que demostrar que el procedimiento fue corregido y documentado.
Conciliaciones bancarias con evidencias pendientes
La revisión también encontró fallas en conciliaciones bancarias. El Ministerio tenía cuatro cuentas activas al cierre de 2025, con un balance total de RD$68,573,491.60. Según el informe, no se habían conciliado las cuentas colectoras 314-000082-2 y 960-654588-9 durante los períodos 2024 y 2025. La entidad alegó haber corregido el punto, pero la Contraloría sostuvo que solo recibió evidencia de una de las cuentas.
La auditoría indicó que 104 conciliaciones de cuentas operativas y de fondo reembolsable no tenían anexo el estado del libro bancario correspondiente al período de junio de 2021 a octubre de 2025. Las evidencias remitidas por el Ministerio correspondían a abril, mayo y junio de 2026, fuera del período observado, por lo que la inobservancia permaneció abierta.
Fondos extrapresupuestarios fuera de la Cuenta Única del Tesoro
Al 31 de diciembre de 2025, el Ministerio había recibido RD$481,609,821.25 por esa vía, de los cuales RD$458,293,838.58 provenían de aportes de Fonper. La Contraloría observó RD$454,920,938.17 depositados en la cuenta operativa 314-000076-8 y no en la Cuenta Única del Tesoro, sin evidencias suficientes de ejecución, sin política de administración del fondo y sin acuerdo interinstitucional.
La explicación oficial tampoco cerró el hallazgo. El Ministerio dijo que los fondos depositados en la Cuenta Única del Tesoro y no utilizados al cierre fiscal se pierden para el período siguiente, por lo que dejaba recursos en la cuenta operativa para transferirlos al inicio del nuevo año. Pero la Contraloría señaló que, frente a un cheque del Banco de Reservas por RD$35,304,110.49, solo se presentó un traspaso de RD$60,000,000.00 a la CUT y quedó sin evidenciar una diferencia de RD$24,695,889.51.
Inventarios manuales y reportes que no salen a tiempo
En inventarios, el informe vuelve sobre el mismo patrón: controles formales con debilidades prácticas. Al cierre de 2025, los materiales y suministros ascendían a RD$12,689,318.37, pero el sistema automatizado Softland no podía generar reportes oportunos por inconsistencias de registros anteriores. Parte del control, por tanto, se llevaba manualmente en hojas de cálculo y documentos físicos.
La entidad prometió desarrollar módulos de productos, requisiciones, entradas, movimientos de almacén y salidas, con fecha de cumplimiento al 30 de noviembre de 2026. La Contraloría mantuvo la inobservancia hasta verificar su implementación. El riesgo es evidente: un inventario incapaz de producir reportes confiables abre espacio a errores, pérdidas, duplicidades y decisiones basadas en datos incompletos.
La auditoría agregó que el Ministerio no realizaba de forma semestral la toma física de inventarios de muebles, inmuebles y bienes de consumo, como exige la normativa. La entidad alegó dispersión geográfica y volumen de equipos, pero la Contraloría mantuvo el señalamiento porque las razones operativas no sustituyen el cumplimiento de la norma.
Bienes públicos con activos sin ubicación clara
Los bienes muebles e inmuebles muestran otra zona vulnerable. El balance general al 31 de diciembre de 2025 reportaba propiedad, planta y equipo por RD$520,183,913.43. Sin embargo, la auditoría observó que no existía evidencia de entrega de inventario físico por parte de la gestión anterior cuando entraron las autoridades actuales en 2024.
Además, la Contraloría encontró 70 activos no localizados dentro de la muestra revisada. El Ministerio alegó que estaban en áreas distintas a las registradas por movimientos internos y nuevas necesidades operativas, pero el órgano auditor mantuvo la inobservancia porque las evidencias fueron presentadas después del levantamiento.
Vehículos sin rotulación, préstamos y traspasos pendientes
De una muestra de 50 vehículos, 45 no tenían la rotulación correspondiente del Ministerio. La entidad explicó que algunas unidades nuevas estaban en proceso de rotulación y que otras permanecían sin identificar por razones de seguridad en desplazamientos hacia Cotuí. La Contraloría aceptó parcialmente el argumento, pero mantuvo la inobservancia hasta concluir el proceso.
El informe registró, además, un camión tanquero Isuzu de 2007, matrícula 42210, prestado al Ministerio de Defensa por más de dos años. Energía y Minas indicó que formalizaría el traspaso porque el vehículo era usado para transportar combustible hacia la Estación de Comunicaciones de Loma Alto Bandera, bajo responsabilidad de Defensa tras el cierre de la CDEEE. La Contraloría mantuvo el hallazgo hasta regularizar la situación.
Otros señalamientos sobre vehículos fueron subsanados o quedaron en regularización. La auditoría identificó 15 unidades inoperantes por falta de mantenimiento y reposición de piezas; seis vehículos en el auxiliar institucional que no aparecían registrados en la DGII, y ocho unidades no traspasadas al Ministerio, situación que la entidad vinculó con bienes heredados de la antigua CDEEE y con su rol de continuador jurídico conforme a la Ley 365-22.
Cuentas por pagar y contrataciones bajo la lupa
En cuentas por pagar, el Ministerio mantenía al 31 de diciembre de 2025 obligaciones por RD$22,618,091.64. La Contraloría detectó siete facturas no registradas en el auxiliar por RD$22,084,827.99, principalmente de CABACON Servicios de Ingeniería y Constructora Alpaca. Aunque la entidad informó que registró las facturas y anexó los expedientes de pago, el hallazgo revela que casi todo el monto observado no estaba debidamente reflejado al momento de la revisión.
En compras y contrataciones, la auditoría consignó 1,025 procesos por RD$1,517,622,858.00. La mayor proporción del monto adjudicado correspondió a compras por debajo del umbral, con RD$407,672,426.00, equivalente al 27 %, seguida de procesos de excepción por RD$367,305,647.00, un 24 %, y licitaciones públicas nacionales por RD$329,204,985.00, un 22 %. Aunque un señalamiento fue removido tras los alegatos, las cifras obligan a mirar con atención el peso de las modalidades más flexibles dentro del gasto.
Expedientes incompletos y nóminas simultáneas
Al cierre de 2025, el Ministerio contaba con 1,066 empleados y un sueldo bruto total de RD$64,408,700.00. La nómina temporal concentraba 362 empleados y RD$32,038,000.00, por encima de la nómina fija, que agrupaba 527 servidores y RD$25,866,500.00.
La revisión de una muestra de 136 expedientes físicos arrojó un resultado contundente: el 100 % estaba incompleto. Faltaban certificaciones de conocimiento del código de ética, certificados médicos, instructivos de inducción, informes de entrevista, capacitaciones institucionales, evaluaciones de desempeño, cartas de no objeción del MAP, acuerdos de confidencialidad y otros soportes básicos. El Ministerio alegó que muchos documentos reposaban en otros archivos, pero la Contraloría solo dio el punto como subsanado después de recibir informe y evidencias.
La auditoría también identificó cinco servidores que aparecían devengando sueldos en otras instituciones públicas de forma simultánea durante el período revisado. El informe menciona registros vinculados al Gabinete de Política Social, el Senado de la República Dominicana y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. La entidad informó que realizó validaciones en SIGEF y SASP, y la Contraloría dio el punto por subsanado posterior al informe.
El reto de hacer que los controles funcionen antes de la auditoría
El balance final no dibuja una institución sin controles, sino una entidad cuyos controles formales no siempre se traducen en evidencia oportuna, documentos completos y registros verificables. Esa diferencia es clave: una calificación satisfactoria pierde fuerza cuando convive con conciliaciones incompletas, fondos extrapresupuestarios cuestionados, inventarios manuales, activos no localizados, vehículos sin rotulación, facturas no registradas y expedientes laborales incompletos.
El Ministerio de Energía y Minas respondió a casi todos los señalamientos, y varios fueron aceptados o dados por subsanados por la Contraloría. Sin embargo, otros permanecieron abiertos y sujetos a validación mediante un plan de acción. El reto ahora no es corregir papeles después de la auditoría, sino demostrar que los controles funcionan antes de que las fallas lleguen a convertirse en hallazgos.
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