La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) respaldó la propuesta de extender a 24 meses el plazo para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, al considerar que las empresas necesitan tiempo suficiente para adecuar sus procedimientos y fortalecer sus mecanismos de prevención.
El presidente de Adesinc, Freddy González Estrada, sostuvo que la iniciativa presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, permitiría una transición gradual hacia las nuevas obligaciones establecidas en el Código Penal.
El proyecto plantea modificar el artículo 31 de la Ley 44-26 para establecer que las disposiciones contenidas en los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal entren en vigencia 24 meses después de la publicación de la eventual ley, en lugar del plazo de tres meses previsto a partir del 5 de agosto de 2026.
González Estrada explicó que, para las empresas de seguridad privada, la adecuación implica revisar protocolos operativos, definir responsabilidades de dirección y supervisión, capacitar al personal y documentar los controles destinados a prevenir conductas que puedan generar consecuencias penales para las compañías.
Señaló que estas medidas tienen particular importancia en un sector en el que los trabajadores toman decisiones relacionadas con la protección de personas y bienes, el uso de la fuerza y la respuesta ante situaciones de riesgo.
El presidente de Adesinc también planteó que la aplicación del nuevo régimen debe permitir distinguir entre eventuales fallas de organización de una empresa y actuaciones individuales realizadas al margen de las instrucciones y protocolos establecidos por la compañía.
Las inquietudes del sector fueron abordadas durante el taller “El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada”, organizado por Adesinc en agosto, con la participación del jurista Francisco Álvarez y representantes de las empresas de seguridad.
En ese encuentro, el gremio señaló la necesidad de mayor claridad en aspectos como la responsabilidad corporativa, la legítima defensa y el uso de la fuerza, así como en las implicaciones de las nuevas disposiciones para las operaciones de las empresas de vigilancia.
González Estrada consideró que el período de adaptación debería aprovecharse para desarrollar programas de formación, orientaciones prácticas y asistencia técnica dirigidos a las organizaciones sujetas al nuevo régimen y a las instituciones responsables de su aplicación.
La propuesta legislativa contempla además acciones de preparación a cargo de organismos del sistema de justicia y entidades reguladoras, así como modelos de cumplimiento que tomen en cuenta el tamaño, la actividad y el nivel de riesgo de cada organización.
Adesinc destacó la importancia de que ese acompañamiento también alcance a las empresas con menores recursos técnicos y económicos, para facilitar la adopción de medidas preventivas.
El diferimiento propuesto se limita al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y no modifica, según el planteamiento legislativo, la vigencia de las demás disposiciones del Código Penal ni la responsabilidad penal individual o las responsabilidades civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico.
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