Las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, CIGCN, han pasado a ocupar un lugar central dentro del modelo preventivo contra la corrupción administrativa que impulsa el Estado dominicano. Su avance forma parte de una estrategia oficial orientada a fortalecer la ética pública, el cumplimiento normativo, la transparencia y la prevención de riesgos dentro de las instituciones.
El crecimiento de estas comisiones ocurre en un momento clave para la política pública de integridad, luego de que el presidente Luis Abinader sometiera al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone crear la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental, DIGITEG, como nuevo organismo rector en materia de transparencia, acceso a la información, prevención de la corrupción y ética gubernamental.
Sin embargo, el fortalecimiento formal del sistema abre una pregunta de fondo: si las comisiones lograrán convertirse en verdaderos mecanismos de prevención y control interno, o si quedarán limitadas a estructuras administrativas con bajo impacto en la cultura institucional.
Qué son las CIGCN
Las CIGCN son órganos plurales integrados por servidores públicos de distintos grupos ocupacionales dentro de las instituciones. Su función es promover la ética, estimular conductas íntegras, vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos y servir como instancia operativa para políticas de cumplimiento normativo, prevención de riesgos, antisoborno, conflictos de intereses y acceso a la información pública.
El modelo fue establecido mediante el Decreto 791-21, que declaró de alta prioridad nacional el proceso de implementación y elección de estas comisiones en las instituciones públicas del ámbito del Poder Ejecutivo.
Con ese cambio, las antiguas comisiones de ética pública evolucionaron hacia una estructura más amplia, vinculada no solo a valores institucionales, sino también a gestión de riesgos, herramientas de integridad y prevención de prácticas contrarias al interés público.
Avances reportados por la DIGEIG
De acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEIG, durante 2025 se consolidaron 191 Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo y Oficiales de Integridad vigentes.
La institución también reportó la implementación de 63 matrices de riesgos conductuales en igual número de instituciones, así como la formalización de 24 Compromisos Estratégicos de Integridad.
Estos instrumentos buscan identificar áreas vulnerables, conductas de riesgo, conflictos de intereses y posibles debilidades institucionales antes de que se conviertan en irregularidades administrativas o hechos de corrupción.
En teoría, el modelo apunta a pasar de una lógica reactiva, centrada en investigar cuando ya ocurrió una falta, a una lógica preventiva, enfocada en detectar riesgos, orientar decisiones y fortalecer controles internos.
Transparencia, denuncias y acceso a la información
El desempeño de las CIGCN se conecta con una agenda más amplia de transparencia pública. La DIGEIG informó que el Sistema de Acceso a la Información Pública gestionó 14,944 solicitudes durante 2025, con un 92 % respondido dentro del plazo legal.
También reportó que la evaluación de 230 portales institucionales arrojó que más del 93 % alcanzó niveles satisfactorios de cumplimiento en transparencia activa.
En materia de denuncias, la institución informó que entre 2020 y 2026 se concluyeron 1,225 casos. Solo en 2025, según el balance oficial, se registraron 96 nuevas denuncias y se concluyeron 89, para una tasa de resolución de 80.9 %.
Estos datos muestran avances administrativos y tecnológicos, pero también plantean la necesidad de evaluar la calidad de las respuestas, el seguimiento a los hallazgos y las consecuencias reales cuando se detectan incumplimientos.
El proyecto DIGITEG
El proyecto sometido por el presidente Luis Abinader propone crear la DIGITEG, una entidad autónoma y descentralizada que asumiría funciones vinculadas a la prevención de la corrupción, la transparencia pública, el acceso a la información y la ética gubernamental.
De aprobarse, la nueva legislación sustituiría el esquema actual de la DIGEIG y otorgaría rango de ley orgánica al organismo encargado de supervisar las políticas de integridad y transparencia en la administración pública.
La propuesta amplía las competencias institucionales hacia áreas como protección de datos personales, protección de denunciantes, testigos y víctimas de actos de corrupción, gestión de conflictos de intereses, investigaciones administrativas, sanciones y coordinación de políticas de buen gobierno.
También contempla la creación del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública, concebido como un mecanismo para articular políticas de prevención de la corrupción, rendición de cuentas, gobierno abierto, acceso a la información y cumplimiento normativo.
Una oportunidad para fortalecer el sistema
La eventual creación de la DIGITEG podría dar mayor fuerza legal a la política pública de integridad. Hasta ahora, buena parte del sistema ha descansado en decretos, resoluciones, planes institucionales y lineamientos administrativos.
Elevar ese modelo a rango de ley permitiría establecer competencias más claras, obligaciones institucionales, procedimientos de denuncia, régimen sancionador y mecanismos de protección para quienes reporten irregularidades.
En ese escenario, las CIGCN podrían convertirse en brazos internos de un sistema más robusto, con capacidad para llevar las políticas generales de integridad al terreno concreto de las instituciones, donde se toman decisiones sobre compras, contrataciones, personal, servicios, permisos, información y manejo de recursos públicos.
El punto crítico: estructura no siempre significa impacto
Aunque los datos oficiales muestran crecimiento en número de comisiones, matrices de riesgo, canales de denuncia y herramientas de transparencia, el verdadero desempeño de las CIGCN no debe medirse solo por su existencia formal.
El reto principal es demostrar impacto real. Es decir, que estas comisiones puedan prevenir conflictos de intereses, detectar riesgos a tiempo, canalizar denuncias con confidencialidad, dar seguimiento a recomendaciones y contribuir a corregir prácticas institucionales antes de que escalen a casos de corrupción.
La existencia de una comisión, un buzón o una matriz de riesgo no garantiza por sí sola una administración más íntegra. Para que el modelo funcione, las CIGCN necesitan independencia operativa, formación técnica, respaldo de las máximas autoridades, protección para los denunciantes y capacidad de incidir en decisiones institucionales.
También será necesario transparentar mejor sus resultados: cuántas alertas generan, cuántas recomendaciones son acogidas, cuántos riesgos son mitigados, cuántas denuncias se canalizan y qué consecuencias producen los incumplimientos detectados.
Entre la prevención y la rendición de cuentas
La apuesta oficial por las CIGCN y por la futura DIGITEG coloca la prevención como eje del sistema anticorrupción. Esa orientación es relevante, porque no todo combate a la corrupción debe comenzar en los tribunales. Una institucionalidad fuerte debe ser capaz de evitar irregularidades antes de que se conviertan en expedientes penales.
Pero la prevención solo será efectiva si está acompañada de rendición de cuentas. La ciudadanía necesita saber no solo cuántas estructuras existen, sino qué resultados producen y cómo mejoran la gestión pública.
En ese punto estará la prueba más importante del modelo: pasar de la arquitectura institucional al cambio verificable en las prácticas del Estado.
Un sistema en construcción
Las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo representan un avance en la construcción de una cultura preventiva dentro de la administración pública. Su expansión muestra que el Estado busca dotar a sus instituciones de mecanismos internos para promover ética, transparencia y cumplimiento normativo.
No obstante, la madurez del sistema dependerá de su capacidad para actuar con oportunidad, generar confianza, proteger a quienes denuncian y producir consecuencias cuando se vulneran las normas.
Con el proyecto de ley que crea la DIGITEG, el país entra en una nueva discusión sobre el futuro de su política anticorrupción. La pregunta ya no es únicamente si existen herramientas de integridad, sino si esas herramientas tendrán la fuerza suficiente para cambiar la forma en que se administra lo público.
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