El presidente de la República, Luis Abinader, sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone la creación de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (Digiteg), una entidad autónoma y descentralizada que asumiría funciones vinculadas a la prevención de la corrupción, la transparencia pública y el acceso a la información.
La iniciativa fue entregada este martes al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por una comisión encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, según informó la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch.
De ser aprobada, la nueva legislación sustituiría el esquema actual y otorgaría rango de ley orgánica al organismo encargado de supervisar las políticas de integridad y transparencia en la administración pública.
El proyecto amplía las competencias institucionales para incluir áreas como la protección de datos personales, la protección de denunciantes, testigos y víctimas de actos de corrupción, así como la coordinación de políticas de ética y buen gobierno en distintas dependencias estatales.
La propuesta también contempla la obligación de declarar conflictos de intereses y establece un régimen de denuncias e investigaciones que permitiría a la entidad iniciar actuaciones de oficio ante posibles irregularidades o faltas éticas. Asimismo, prevé sanciones administrativas que podrían incluir multas e inhabilitación temporal para ejercer funciones públicas.
Según el texto, la ley sería aplicable a funcionarios y empleados públicos, organismos autónomos y descentralizados, empresas estatales y personas físicas o jurídicas que mantengan relaciones contractuales o transacciones con el Estado. También alcanzaría a otros poderes del Estado y gobiernos locales en aquellos aspectos compatibles con sus atribuciones constitucionales.
El proyecto crea además el Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública, concebido como un mecanismo para coordinar políticas de prevención de la corrupción, acceso a la información, rendición de cuentas, gobierno abierto y gestión de conflictos de intereses.
La iniciativa establece que la Digiteg sería el órgano rector de ese sistema y tendría la responsabilidad de velar por el cumplimiento de convenciones y compromisos internacionales asumidos por el país en materia de transparencia e integridad pública.
Entre las herramientas contempladas figuran un portal único de acceso a la información pública, plataformas de datos abiertos, mecanismos de declaración de intereses y procedimientos de protección para informantes de posibles actos de corrupción.
La dirección de la nueva entidad estaría a cargo de un director general como máxima autoridad ejecutiva, apoyado por las dependencias técnicas y administrativas que establezca el reglamento de aplicación de la ley.
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