Buques de EEUU apuntan cañones a Haití: apoyan al que queda del gobierno que expira este sábado

Los buques militares USS Stockdale, el USCGC Stone y el USCGC Diligence, que forman parte de la llamada Operación Lanza del Sur de EEUU contra el narcotráfico, dirigen sus cañones desde las costas haitianas para vigilar que siga al mando el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, aunque el Consejo Presidencial de Transición (CPT) que lo nombró expira su mandato este sábado 7 de febrero.

Es decir, si el mandato legal saca de circulación a la CPT, que no se lleve a Fils-Aimé aunque sea ilegal que siga a cargo. Estados Unidos ha expresado recientemente su respaldo a este como primer ministro para dar continuidad al gobierno y evitar un vacío institucional de cara a las elecciones de agosto.

El CPT está presidido de forma rotatoria por Laurent Saint-Cyr desde agosto de 2025, y aparentemente él sí tendrá que irse este sábado, aunque en Haití todo es incertidumbre.

Al día de hoy, existe una intensa disputa política y son al menos cinco los grupos que animan  negociaciones para determinar qué hacer.

"Bajo las órdenes del secretario de Guerra (Pete Hegseth), el USS Stockdale, el USCGC Stone y el USCGC Diligence han llegado a la bahía de Puerto Príncipe como parte de la Operación Southern Spear (Lanza del Sur, en español)", indicó la embajada de EEUU en Haití al calor de esas negociaciones políticas haitianas a las que no se ha referido en detalles de manera pública.

"La presencia (de los buques de guerra) refleja el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro más prometedor para Haití. La Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos reafirman su alianza y su apoyo para garantizar un Haití más seguro y próspero", indicó la embajada estadounidense del país vecino a República Dominicana.

Las intenciones de algunos miembros del CPT de llevarse consigo al primer ministro Fils-Aimé ya llevó a Washington -antes de la llegada de sus buques- a revocarles sus visados, así como a sus familiares, y algo más contundente: los acusó de estar implicados con "pandillas y otras organizaciones criminales" en el país caribeño.

Estados Unidos advirtió que modificar la composición del Gobierno haitiano para atacar a Fils-Aimé sería considerado por Washington como un acto para "socavar esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad básicas en el país", según indicó el 23 de enero el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau.

Buque y elecciones haitianas

Antes de irse, el Consejo Presidencial hizo un calendario electoral con tres fechas clave:

• Elecciones Presidenciales: El Consejo Electoral Provisional ha fijado la primera vuelta para el 30 de agosto de 2026.
• Segunda Vuelta: Programada para el 6 de diciembre de 2026.
• Toma de Posesión: Se espera que las nuevas autoridades electas asuman el cargo el 20 de enero de 2027. 

"Migrar no es un crimen"

Dentro de las noticias sobre Haití y sus ciudadanos de esta semana, sobresalió el macabro hallazgo en la frontera domínico-haitiana de las cuatro mujeres que había sido declaradas desaparecidas tras ser deportadas por Puerto Rico.

Cuatro organizaciones de esa otra isla caribeña, que promueven la campaña ‘Migrar no es un crimen’, expresaron en las últimas horas sus condolencias a los familiares de esas haitianas, presumiblemente secuestradas para pedir rescate a sus familiares en EEUU.

"Enviamos nuestras condolencias a las familias de estas mujeres, a la comunidad haitiana y exigimos justicia, verdad y rendición de cuentas inmediatas", aseveraron en un comunicado Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico, Comuna Caribe y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico.

"Desde el inicio mismo de las redadas antiinmigrantes del Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico en enero de 2025, hemos condenado enérgicamente las políticas migratorias y las prácticas de expulsión que criminalizan la migración forzada y niegan protecciones fundamentales a personas vulnerables. En este caso, mujeres que huían de la violencia, de la persecución y de condiciones extremas", añadieron.

Censura a EEUU, República Dominicana y Puerto Rico

A su juicio, "las políticas del Gobierno de Estados Unidos y que los gobiernos de Puerto Rico y de República Dominicana no han hecho más que apoyar y sostener, ponen en riesgo la vida misma, perpetúan violaciones graves de derechos humanos y muestran un desprecio absoluto por el derecho internacional al refugio, a la movilidad y la migración.

Por ello, urgieron a las autoridades a realizar una investigación "independiente, transparente y urgente" sobre las circunstancias de estas deportaciones.

Asimismo, el cese inmediato de los encarcelamientos y deportaciones masivas, acceso efectivo y seguro a solicitudes de protección, asilo y procedimientos justos para todas las personas que buscan refugio en Puerto Rico.

También medidas de rendición de cuentas para las agencias y funcionarios que hayan violentado protocolos, leyes y derechos humanos.

Además de una política de santuario y no-cooperación con agencias migratorias federales.

Debido a que el Gobierno de Puerto Rico facilitó, además, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) información confidencial de unas 6.000 personas inmigrantes con estatus irregular que se registraron en el pasado para obtener licencias de conducir.

Por último, pidieron que se permita que las personas accedan al debido proceso para que sus casos sean escuchados en Puerto Rico y no sean removidos hacia Estados Unidos donde carecen de comunidad y apoyo legal.

Del mismo modo, protecciones legales y humanitarias para las personas migrantes, que incluyan el acceso igualitario a la salud, educación, vivienda y defensa legal, y políticas migratorias basadas en derechos humanos y programas de protección que prioricen la seguridad de personas vulnerables.

La mayoría de los haitianos y dominicanos surca el mar Caribe que separa a Puerto Rico de la Española, en las llamadas 'yolas', arriesgando su vida en busca de un futuro con mejores oportunidades.

TPS para "asesinos, parásitos, aprovechados"

Otra noticia destacada de la semana la protagonizó una jueza estadounidense que bloqueó la decisión de la administración estadounidense de Donald Trump de poner fin a un estatus de protección (TPS) para los migrantes haitianos.

Este sistema, que impide la expulsión de personas procedentes de países considerados peligrosos, permite en particular a los 350 mil haitianos residentes en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente.

En una sentencia de 83 páginas, la jueza Ana Reyes declara que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tiene la facultad de poner fin a este estatus. La acusó, además, de adoptar deliberadamente su decisión de poner fin al TPS por hostilidad hacia los inmigrantes no blancos. "Eso parece muy probable", escribió la magistrada.

"Kristi Noem tiene derecho, en virtud de la Primera Enmienda, a llamar a los inmigrantes asesinos, parásitos, aprovechados y cualquier otro término inapropiado que se le ocurra", escribió Ana Reyes. "Sin embargo, está obligada a respetar escrupulosamente la ley", añadió.

Activistas y políticos de EEUU celebraron la decisión judicial, aunque recordaron que el gobierno de Donald Trump aún puede recurrirla ante la Corte Suprema.

"Esto es un paso adelante, un respiro, pero un respiro no significa estabilidad. Haití se enfrenta a una violencia sin precedentes, a la inestabilidad política y al colapso de toda su infraestructura", declaró Marleine Bastien, comisionada del condado de Miami-Dade y activista haitiana.

"Si no es seguro que los ciudadanos estadounidenses viajen a Haití, si no es seguro que los aviones vuelen a Haití, entonces, por Dios, no es seguro que nadie sea devuelto allí por la fuerza", añadió, antes de pedir al gobierno que mantenga el TPS para sus compatriotas.

El TPS fue creado en 1990 para acoger a los inmigrantes provenientes de países considerados peligrosos, ya sea por desastres naturales, conflictos armados u otras crisis.

El gobierno Trump emprendió el desmantelamiento de la mayoría de los programas de TPS, como el de Haití, Venezuela o Nicaragua.

Las autoridades afirman que estos programas atraen la inmigración irregular, que se han utilizado indebidamente y que los demócratas los han prolongado demasiado tiempo.

Los haitianos entraron en la lista de elegibles para el TPS después del devastador terremoto que azotó su país en 2010. Este estatus se ha prorrogado en varias ocasiones, la última en 2021 bajo la administración de Joe Biden.