Detrás de una ejecución presupuestaria superior a RD$ 19,890 millones, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) arrastró debilidades administrativas y financieras que alcanzaron caja chica, almacén, activos, vehículos, cuentas por pagar, compras y gestión humana, según una auditoría interna de la Contraloría General de la República (CGR), correspondiente a un tramo de la gestión de Carlos Bonilla Sánchez.
El documento abarca las operaciones realizadas por el MIVHED durante todo 2024 y revisa cómo la entidad administró, utilizó e invirtió los recursos públicos bajo su responsabilidad. Aunque no atribuye responsabilidades individuales ni convierte sus hallazgos en conclusiones legales, sí plantea debilidades que ponen bajo escrutinio los controles internos de una institución que administró cerca de RD$20,000 millones durante el año fiscalizado.
El Ministerio de la Vivienda fue creado mediante la Ley 160-21, promulgada en agosto de 2021, norma que suprimió el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Desde entonces concentra funciones en política habitacional, supervisión de edificaciones y ejecución de programas vinculados a la reducción del déficit de viviendas.
Controles internos todavía incompletos
El sistema de control interno fue evaluado conforme a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). El resultado general fue de 78,28 %, una calificación de madurez media. Ambiente de control obtuvo 90.70 % y monitoreo y evaluación 100.00 %, pero actividades de control interno apenas alcanzaron 56.00 %, lo que apunta a una brecha entre las políticas formales y su aplicación diaria.
La auditoría advirtió que una implementación incompleta de las NOBACI puede aumentar la exposición a fraudes, errores financieros no detectados, debilidades de gestión, incumplimientos normativos y fallas en la integridad de la información operativa.
Millones quedaron sin uso efectivo
En materia presupuestaria, el Ministerio de la Vivienda contó en 2024 con un presupuesto vigente de RD$ 20,094,290,182. De esa asignación, el gasto devengado ascendió a RD$19,890,233,283, pero el informe establece que dejó sin programar RD$ 135,472,212 y no ejecutó RD$68,584,686, del presupuesto programado.
La suma de esos montos, RD$204,056,899.22, no constituye por sí sola una irregularidad concluyente, pero obliga a revisar si la planificación presupuestaria respondió con suficiente precisión a las necesidades institucionales.
Caja chica usada fuera de sus límites
En tesorería, la auditoría consignó que la institución mantenía cuentas bancarias vinculadas al Sistema de Información de la Gestión Financiera ( SIGEF) , un fondo reembolsable institucional por RD$5,106,076.42 y cinco fondos de caja chica por RD$500,000.00. De 17 reposiciones revisadas, 12 excedieron el límite de consumo del 60 % establecido para solicitar reposición, con porcentajes entre 61 % y 79 %.
La auditoría también identificó compras de activos mediante caja chica por RD$ 127,367, pagos de servicios por RD$ 43,660.00 y desembolsos por RD$ 118,624.49 en conceptos considerados impropios, como cortinas, portadiplomas, boletos para una fundación, un aporte a una cena navideña, cristales y abanicos de madera.
Esos pagos no permiten afirmar una desviación de fondos, pero sí cuestionan la frontera entre gasto menor y gasto ordinario.
Registros manuales en inventarios y almacén
Al cierre de 2024, la institución mantenía cinco cuentas bancarias activas con balances acumulados por RD$ 734,327,965, y registró ingresos propios por RD$1,397,883,359. En inventarios, reportó materiales y suministros de oficina por RD$3,519,931, pero las entradas y salidas de almacén eran controladas manualmente mediante hojas de cálculo.
La falta de un sistema automatizado e integrado fue calificada como una debilidad de control, porque puede facilitar errores en saldos, diferencias entre registros y existencias físicas, manipulación de información y dificultades para planificar compras con datos actualizados.
Activos, vehículos y patrimonio bajo revisión
En activos fijos, el Ministerio de la Vivienda reportó al 31 de diciembre de 2024 bienes por RD$614,159,555, en sus estados financieros, incluidos terrenos, edificaciones, equipos de transporte, maquinarias, equipos de cómputo, equipos de seguridad y otros activos. La auditoría observó que la institución no realizó inventarios físicos semestrales, pese a que las normas exigen al menos dos tomas físicas por período fiscal.
En la flotilla vehicular, el informe indicó que 66 vehículos no poseían códigos de Bienes Nacionales y 56 circulaban sin rotulación ni ficha de identificación. También señaló que 23 vehículos y 19 motocicletas estaban registrados en Impuestos Internos, pero no figuraban en el inventario físico suministrado por la institución.
La auditoría estableció además una brecha de RD$145,151,144, entre el Sistema Integrado de Activos de Bienes (SIAB) y los estados financieros: el SIAB reflejaba RD$759,310,700, mientras los estados financieros presentaban RD$614,159,555.77. Según el informe, esa diferencia puede subestimar el patrimonio institucional y afectar el cálculo de las depreciaciones.
Deudas antiguas pendientes de depuración
En cuentas por pagar, el ministerio mantenía al 31 de diciembre de 2024 un saldo de RD$70,549,526., de los cuales RD$23,216,305, correspondían a obligaciones con más de 120 días de antigüedad. Dentro de ese universo, la auditoría identificó cuentas a proveedores con más de dos años de atraso por RD$22,956,050, originadas entre 2009 y 2022.
La permanencia de cuentas antiguas no implica necesariamente improcedencia, pero exige una depuración rigurosa.
Compras millonarias y procesos fuera del plan anual
En compras y contrataciones, el Ministerio registró procesos por RD$ 15,973,353, durante el período auditado. La mayor parte correspondió a obras, con RD$ 12,873,051,395. El informe detalla además 289 procedimientos de bienes y servicios por RD$ 13,580,153, de los cuales las licitaciones públicas nacionales concentraron RD$ 10,994,869,113.00, equivalentes al 80.96 % del monto adjudicado.
Los procesos de excepción representaron RD$ 2,353,743,303.00, equivalentes al 17.33 %. Además, la auditoría revisó 82 procesos y encontró que 10, por RD$ 1,548,415,852.52, no estaban incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), lo que debilita la conexión entre presupuesto, necesidades reales, programación institucional y control previo.
Nómina, combustible y expedientes incompletos
En recursos humanos, el Ministerio pagó RD$ 1,763,095,609 por concepto de nómina durante 2024, en modalidades que incluyeron empleados fijos, temporales, jornales, personal eventual, salario 13, prestaciones, compensaciones e incentivos. La auditoría detectó asignaciones de combustible por encima del límite de 10 % del salario establecido en la Ley 105-13, con un exceso mensual de RD$ 17,500.00 en los casos revisados.
La experticia también observó que la institución no cuenta con una matriz de control actualizada que detalle empleados, beneficios, plazos y fechas de pago. Además, de 200 expedientes físicos de personal revisados, todos presentaron faltantes de documentación, entre ellos cartas de no objeción, acuerdos de confidencialidad, informes de entrevista, certificados de estudios, pruebas, certificaciones de no antecedentes penales, certificados médicos y evidencias de capacitación.
El reto para el MIVHED va más allá de responder ante los órganos de control: debe probar que cada recurso, activo, compra, pago y expediente bajo su responsabilidad puede rastrearse, conciliarse y justificarse con precisión.
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