Una adolescente llegó a una clínica de Profamilia acompañada de su madre para una consulta que parecía rutinaria: orientación sobre métodos anticonceptivos. Pero las consejeras decidieron hacer algo que puede resultar determinante cuando se trabaja con menores de edad: reservar un espacio confidencial para conversar con la adolescente sin la presencia de su madre.
La decisión permitió descubrir que la menor era víctima de abuso sexual.
Claudia Zaleta, abogada y gerente de Incidencia Política y Programas Educativos de ProFamilia, recuerda el caso para explicar por qué el sistema de salud puede ser una de las primeras puertas para detectar situaciones de violencia que permanecen ocultas.
La consulta dejó de ser una atención rutinaria y se convirtió en una intervención de protección. El personal tuvo que valorar el riesgo, profundizar en la situación y determinar quién podía proteger a la adolescente.
Había, además, una circunstancia grave: la persona que debía protegerla podía representar un peligro para ella. “Quien protege a esa menor de edad está representando un riesgo para ella. Entonces, ahí sí corresponde al centro alertar a autoridades que vengan a proteger a esta menor de edad”, agrega a Acento.
El caso ilustra una de las principales interrogantes que atraviesan la violencia basada en género y sus efectos sobre la infancia: ¿Cuántas situaciones de violencia podrían detectarse si los niños y sus madres encuentran espacios seguros en los servicios de salud?
La pregunta adquiere mayor dimensión cuando la violencia llega a su expresión más extrema: el feminicidio.
Para la presidenta del Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-Mujer), Marianela Pinales, cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja, la víctima no desaparece sola de la vida familiar, quedan sus hijos.
Las familias asumen el cuidado, pero también enfrentan el duelo
El 28 de marzo quedó marcado en la vida de una niña de dos años. En horas de la madrugada, Sander Céspedes asesinó a su madre, Yissely Sánchez, causándole heridas de arma blanca y agrediendo también a la niña.
El crimen muestra una dimensión de la violencia que no termina con la muerte de la mujer. El niño que queda atrás puede haber presenciado la agresión, haber sido atacado o haber escuchado y visto parte de lo ocurrido. Incluso cuando no estuvo presente, enfrenta la pérdida de una figura central de cuidado y protección.
El representante para República Dominicana del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Carlos Carrera considera que un niño que presencia el asesinato de su madre enfrenta simultáneamente una experiencia de violencia extrema, la pérdida de una de sus principales figuras de cuidado y cambios repentinos en su entorno familiar y social.
De hecho, el Ministerio Público señala que el 36 % de los victimarios reconoció que sus hijos observaban cuando maltrataban a sus víctimas y el 21 % de los hijos se involucraron en los episodios violentos para proteger a sus madres.
La violencia contra las mujeres también afecta a los niños que viven en esos hogares, y, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la exposición a la violencia de pareja contra las madres es un fenómeno extendido en el mundo.
Uno de cada cuatro niños y niñas en el mundo, unos 610 millones, está expuesto a agresiones contra sus madres, de acuerdo con Unicef. La organización señala que esta exposición puede afectar su salud, bienestar emocional, aprendizaje y percepción de seguridad.
En América Latina y el Caribe, 19 % de los niños y niñas, unos 35 millones, viven en hogares donde sus madres sufren violencia de pareja.
En República Dominicana, alrededor de 300 niños, niñas y adolescentes han quedado en situación de orfandad como consecuencia de casos de violencia de género y feminicidios, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer.
Mildred Dolores Mata, experta en Género y Desarrollo, señaló que entre enero y junio de 2026 ocurrieron 47 feminicidios íntimos, de parejas y exparejas, un incremento de 74 % respecto al mismo período de 2025, según los datos que citó de la Fundación Vida sin Violencia.
Estos casos dejaron 68 menores en orfandad, de acuerdo con la información suministrada por Mata. También señaló que 27.8 % de los feminicidas se suicidaron, según la misma fuente citada por la especialista.
En 2024, Supérate tenía identificadas 349 familias y 705 niños huérfanos vinculados a estos casos. El programa no condiciona el apoyo al nivel económico de las familias. Incluye un bono de recuperación económica y seguimiento legal de RD$ 10,000 al mes para familias que perdieron a una madre.
Quezada reconoce que esa cantidad no puede cubrir todas las necesidades de una familia afectada por un feminicidio.
“Nunca será suficiente para ninguna familia. Nosotros no pretendemos resolverle el presupuesto… Es dar y ofrecer una ayuda económica”.
En algunos casos, además de perder a sus madres, los menores pierden a sus padres porque estos se suicidan después del crimen o terminan en prisión. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) ha descrito estos casos como situaciones de “total indefensión”.
La odontóloga Miledys Carrasco, asesinada por su expareja Félix Vargas en 2024, también dejó una hija en orfandad. En ese caso, la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, informó que el victimario murió posteriormente en un intercambio de disparos.
Después de un feminicidio, la familia extensa suele convertirse en la primera red de protección. Pero los abuelos, tíos u otros familiares que asumen el cuidado también están atravesando una pérdida, de acuerdo con la presidenta de CE-Mujer.
Carlos Carrera plantea que estas personas necesitan orientación para acompañar a los menores, acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial, asistencia social y herramientas adecuadas a la edad y etapa de desarrollo de cada niño. Por eso, Unicef sostiene que la protección no puede descansar exclusivamente en la capacidad económica y emocional de la familia.
“El Estado debe acompañar a las familias cuidadoras y garantizar que los niños permanezcan en entornos familiares protectores cuando esto responda a su interés superior, después de una evaluación individual de su seguridad, vínculos y necesidades”, agrega.
El Estado debe garantizar continuidad a las políticas de protección
La coordinadora del Centro de Estudios de Género (CEG-Intec), Desiree Del Rosario, identifica tres condiciones necesarias para que las políticas de igualdad funcionen: personal capacitado, presupuesto y prioridad institucional. “Si tú no tienes ni el personal formado, ni el presupuesto destinado, ni es prioridad, cualquier cosa se queda ahí mismo, guardado muy bonito los anaqueles”.
La crítica alcanza al conjunto de las políticas públicas de prevención y atención de la violencia.
“No basta con tener una ley o un protocolo si el niño no encuentra al profesional que debe atenderlo, si la familia no puede trasladarse, si no existe seguimiento o si las instituciones no comparten información”, dice en una entrevista con Acento.
República Dominicana cuenta desde 2015 con un Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos por Violencia Basada en Género, orientado a reconocer las necesidades específicas de esta población. El instrumento involucra distintas instituciones estatales vinculadas con la protección de las víctimas y sus hijos.
Para el abogado especialista en Derecho de Familia Giovanni Hernández Espinal, el Estado tiene que garantizar continuidad a estas políticas.
“El rol del Estado es crear políticas públicas y darles continuidad, especialmente en el abordaje de las víctimas de violencia”.
Hernández Espinal considera que el protocolo de 2015 representa un esfuerzo para abordar el problema de manera integral y proteger tanto a las mujeres como a sus hijos.
También existe la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
La Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, en su objetivo 1.2.2.9, plantea fortalecer y ampliar los sistemas integrales de denuncia, atención y protección para víctimas de violencia, particularmente mujeres, adolescentes, niños y niñas.
El registro único busca saber quiénes son y qué necesitan
El Gobierno trabaja, con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público como instituciones líderes, en la construcción de un Sistema de Registro Único de Violencia.
Conani señala que este proceso se relaciona con el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG III) y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Para Unicef, contar con información es indispensable, pero registrar a los niños no significa exponerlos.
La organización internacional plantea fortalecer los sistemas de identificación, registro y seguimiento con salvaguardas estrictas para proteger su privacidad y sus datos personales.
El objetivo es que el Estado pueda saber cuántos niños han sido afectados, cuáles son sus necesidades y si están recibiendo los servicios que requieren.
Las consecuencias pueden manifestarse como miedo, ansiedad, tristeza, dificultades para dormir o concentrarse, cambios de conducta, problemas en las relaciones y afectaciones en el desempeño escolar.
Pero no todos los niños responden de la misma manera. La edad, las características, el tipo y duración de la exposición a la violencia, la relación con las personas cuidadoras, las redes de apoyo disponibles y el acceso oportuno a servicios especializados pueden influir en el proceso de recuperación.
Por eso, Unicef advierte que no se debe asumir que todos los niños afectados tendrán las mismas necesidades. “La respuesta debe partir de un enfoque de derechos, protección integral e interés superior del niño”.
El problema aparece cuando la intervención se limita a un contacto inicial y el niño queda después fuera del seguimiento institucional. Desiree Del Rosario, del Centro de Estudios de Género (CEG) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), relata el caso de una niña que presenció el asesinato de su madre.
La menor recibió atención psicológica una vez y quedó bajo el cuidado de sus abuelos, quienes también atravesaban el impacto emocional de la pérdida. Para Del Rosario, una intervención aislada no responde a las necesidades de un niño que ha vivido una experiencia traumática. “Si lo vio una sola vez la psicóloga, no tiene y no ha tenido la atención que el niño requería”.
Unicef plantea que los niños afectados deben tener acceso a servicios especializados de salud mental y apoyo psicosocial adecuados a su edad y necesidades particulares.
“La atención debe mantenerse durante el tiempo que sea necesario. Un cambio de cuidador, domicilio o situación familiar tampoco debería significar una interrupción de la escolaridad, el niño necesita continuidad en su vida cotidiana precisamente cuando todo a su alrededor ha cambiado”, destaca Carrera.
Humanizar el feminicidio también significa contar qué ocurre con los hijos
Marianela Pinales, de CE-Mujer, considera que los medios de comunicación tienen una responsabilidad en la forma en que se cuentan los feminicidios. “Es una persona, no es un número. Es una mujer, no es un número”.
Para Pinales, detrás de cada cifra hay una familia, una madre que pierde a una hija, hermanos que pierden a una familiar, una comunidad afectada y niños que pierden a su madre.
Por eso considera que la cobertura también debería preguntarse qué ocurrió antes del asesinato y qué falló para que la violencia llegara hasta ese punto. “Ese feminicidio no fue en ese momento. Ese feminicidio viene acumulando una serie de situaciones”.
Maltrato verbal, prohibiciones, violencia física, psicológica y económica pueden formar parte de ese proceso. La prevención, plantea, debe incluir educación, atención oportuna y trabajo con los hombres para promover relaciones basadas en el respeto, la corresponsabilidad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
“¿Qué pasó que no llegamos a tiempo?” La pregunta de Pinales resume uno de los principales desafíos de la respuesta estatal.
“Hay que ver en esa estadística qué pasó que no llegamos a tiempo, que no escuchamos a tiempo y oportunamente a esa mujer que nos estuvo diciendo hace meses que ella estaba siendo víctima de esa violencia”.
Esa pregunta también puede trasladarse a los hijos: “¿Qué pasó con ellos mientras la violencia ocurría? ¿Los vio un médico? ¿Un psicólogo? ¿Un profesor? ¿Alguien detectó los cambios?”.
Enumera:
- ¿Quién los encontró?
- ¿Quién determinó con quién debían vivir?
- ¿Quién garantizó que continuaran en la escuela?
- ¿Quién verificó que recibieran atención psicológica?
- ¿Quién comprobó que siguieran seguros meses después?
Del Rosario considera insuficiente concentrar la respuesta en la defensa legal. La coordinadora del CEG cuestiona que el fortalecimiento institucional se mida solamente por la cantidad de abogados disponibles.
“La violencia no es capitalina”. Las agresiones contra las mujeres también ocurren fuera de Santo Domingo y Santiago, y la respuesta debe alcanzar a las distintas provincias.
La Oficina Nacional de Estadística estimaba para 2015 una población de 3.5 millones de personas de 0 a 17 años, equivalente entonces al 35 % de la población del país. Entre esa población están también los niños que pueden quedar marcados por la violencia contra sus madres.
El impacto puede ser emocional, psicológico, social y económico. Por eso, Unicef plantea que proteger a las mujeres también significa proteger a los niños.
Salud, escuela y protección no pueden trabajar por separado
El feminicidio puede ser investigado por el Ministerio Público, juzgado por los tribunales y registrado en las estadísticas.
Para Unicef, la identificación de los niños expuestos a violencia requiere una respuesta coordinada.
- El sistema de salud puede identificar señales y activar rutas.
- La escuela puede detectar cambios en comportamiento, asistencia, rendimiento y relaciones.
- Los servicios de protección deben valorar los riesgos, determinar las necesidades y garantizar que el niño sea escuchado de forma segura y adecuada a su edad.
- Ninguna de estas instituciones puede asumir por sí sola toda la respuesta.
La ONG extranjera plantea que deben existir protocolos comunes, mecanismos de referencia y seguimiento y responsabilidades institucionales claramente establecidas.
El Marco Estratégico para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra la Violencia, presentado en 2024 por GANA, Conani y Unicef, identifica la coordinación interinstitucional, la disponibilidad de servicios, los recursos humanos y financieros y los sistemas de información como componentes necesarios.
Por eso, para Carrera, la respuesta debe comenzar antes de que ocurra un feminicidio. “El sistema de salud puede identificar señales físicas, emocionales y conductuales relacionadas con la exposición a la violencia, ofrecer atención inicial y activar las rutas de protección correspondientes”, explica a Acento, al agregar que no se trata únicamente de identificar heridas.
De acuerdo con los expertos, un niño puede llegar a un centro de salud por dificultades para dormir, ansiedad, cambios de conducta, problemas de concentración o afectaciones emocionales sin que necesariamente diga que está viviendo violencia en su casa.
Si bien el sistema de salud puede ser una de las primeras puertas para detectar señales de violencia en niños y activar su protección, para hacerlo a tiempo necesita personal capacitado, herramientas de detección y rutas de atención que funcionen.
Lee la primera parte: Antes del tribunal: las señales de violencia de género que pueden llegar al sistema de salud
Lee la segunda parte: Las lesiones que no cuentan la historia completa: cómo la violencia de género puede perderse en los registros de salud
Lee la tercera parte: La deuda de la violencia de género también está en la coordinación institucional
| Esta es la quinta y última entrega de la serie: Violencia de género: qué tan preparado está el sistema de salud pública para detectar las señales a tiempo. |
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