Cuando una mujer llega a un centro de salud con lesiones producto de una agresión, primero debe atenderse su condición física y documentar la evidencia mediante el proceso médico legal. Después comienza una segunda etapa: determinar qué servicios necesita y conectar el caso con las instituciones correspondientes. Es ahí donde la existencia de protocolos debe convertirse en una ruta efectiva.
Fernando Polanco, gerente médico de ProFamilia, recuerda un caso en el que una mujer acudió acompañada por su esposo. Mientras ella recibía atención de ginecología, el equipo identificó la situación, activó la ruta y notificó a las autoridades.
La Fiscalía y la Policía Nacional acudieron a la clínica. El personal pudo identificar al hombre y comunicar a los agentes cómo estaba vestido y dónde se encontraba.
Cuando intentó abandonar el lugar, fue detenido. Para Polanco, el caso muestra que la capacitación del personal es importante, pero también lo es la capacidad de respuesta de las instituciones externas.
“Lo más retador sería el tiempo de respuesta”, afirma. El riesgo aumenta cuando hay niños, niñas o adolescentes involucrados.
En casos de violencia sexual contra menores, por ejemplo, si se determina que el infante no puede regresar a su vivienda, es necesario coordinar con las autoridades para garantizar su protección.
Una demora puede permitir que el agresor vuelva a tener contacto con la víctima o sus familiares. “También para detener ahí mismo el ciclo de violencia”, explica, al agregar que la coordinación interinstitucional es uno de los principales desafíos porque una institución puede detectar el caso, pero no necesariamente tiene capacidad para resolver por sí sola todas las necesidades de la víctima.
“Lo más retador sería el tiempo de respuesta”, afirma. Un centro de salud puede identificar una situación de violencia, pero algunos casos requieren la intervención inmediata de otras instituciones.
Las directrices estatales establecen que las mujeres identificadas en un establecimiento de salud deben contar con un equipo de atención integral para la atención y seguimiento de su caso.
Cuando un establecimiento identifica un caso que requiere actuación judicial, debe coordinar con el procurador fiscal competente de la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar o Delitos Sexuales.
La evaluación debería involucrar información de los sectores de Mujer, Educación, Salud y Justicia, tanto sobre las condiciones y recursos disponibles como sobre las acciones que se ejecutan.
El sistema de salud ocupa un lugar particular dentro de esa respuesta porque una mujer puede llegar a una emergencia, una consulta ginecológica, una cita de salud mental o cualquier otro servicio sin decir que está siendo violentada.
“No siempre una mujer que calla quiere decir que no es una mujer víctima de violencia”, afirma Senaya Hernández, al agregar que el reto no está únicamente en que existan protocolos.
Para los especialistas consultados por Acento está en que el sistema de salud tenga personal capacitado, recursos, mecanismos de coordinación y capacidad para reconocer la violencia incluso cuando la mujer todavía no está preparada para nombrarla.
La ruta no termina cuando la mujer sale del hospital
De acuerdo con la abogada Senaya Hernández, una de las principales dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia es la falta de articulación entre las instituciones.
“Una mujer puede necesitar atención por violencia intrafamiliar y, al mismo tiempo, estar enfrentando un proceso relacionado con la pensión alimenticia de sus hijos”. En ese escenario puede tener que acudir a diferentes organismos para resolver cada parte de su situación.
“Cada institución trata de cumplir su rol específico. Sin embargo, la mujer tiene sobre sus hombros esta carga de unir a todas las instituciones”, explica.
La falta de coordinación puede convertir la llamada ruta crítica de atención en un recorrido agotador para una persona que ya atraviesa una situación de violencia de género.
También puede generar problemas en el seguimiento de los referimientos: qué ocurrió con el caso después de que una institución envió a la mujer hacia otra y cómo se comparte la información necesaria para evitar que tenga que comenzar nuevamente desde cero.
Para Hernández, la articulación institucional puede determinar si una mujer pasa de una llamada de emergencia a un hospital y, posteriormente, a servicios psicológicos, legales o de protección y, cuando sea necesario, a una casa de acogida.
Pero la efectividad de esa ruta depende de que las instituciones puedan comunicarse entre sí y de que la mujer no quede atrapada entre diferentes servicios.
Claudia Zaleta considera que debe existir referencia y contrarreferencia hacia instituciones que puedan ofrecer atención psicológica, protección, asistencia social o respuesta judicial, de acuerdo con el nivel de riesgo y las decisiones de la propia víctima.
El educador Rafael Nino Féliz consideró que, aunque desde instituciones como el Ministerio de la Mujer se han desarrollado actividades, proyectos y programas para enfrentar la violencia contra las mujeres, el Estado dominicano no ha asumido la dimensión social y humana de este problema como un asunto de Estado.
“No será justo negar que, desde alguna instancia gubernamental, como el Ministerio de la Mujer u otras instituciones, se hayan realizado infinitas actividades, proyectos y programas puntuales”, señaló.
Sin embargo, considera que esas acciones no han sido suficientes para enfrentar la magnitud del problema y afirma que “el Estado no interviene, como debería hacerlo, en este problema cardinal”.
El educador cita estadísticas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) según las cuales, entre 2019 y 2023, Quisqueya registró al menos 730 muertes de mujeres en condiciones de violencia y se mantuvo entre los cinco países con las tasas más altas de feminicidio de América Latina y el Caribe, con una tasa de 2.4 por cada 100,000 mujeres.
También señala que la Fundación Vida sin Violencia reportó un incremento de 74 % de los feminicidios durante los primeros seis meses de 2026 respecto al mismo período anterior, con 47 mujeres asesinadas.
Para Féliz, estas cifras permiten dimensionar la magnitud de una violencia que calificó como “absurda, criminal y machista” y que continúa afectando a las mujeres dominicanas.
El psicólogo Luis Vergés destaca, además, el papel del Ministerio de la Mujer, que dispone de oficinas provinciales y municipales para ofrecer asistencia psicológica y legal, casas de acogida y programas orientados a la autonomía económica de las mujeres.
A esta respuesta institucional se suman:
- Dirección Especializada de Atención a la Mujer y la Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional
- Pacam
- Fundación Vida Sin Violencia
- Profamilia
Sin embargo, el especialista advierte que estos esfuerzos pueden resultar insuficientes si no van acompañados de cambios en el entorno social.
La respuesta institucional, sostiene, pierde alcance cuando persisten discursos y prácticas que normalizan la dominación, el control y la violencia contra las mujeres.
El Ministerio de la Mujer trabaja en la interoperabilidad con Línea Vida para que los reportes puedan gestionarse mediante la plataforma y conectar con el 9-1-1 los casos de peligro inminente.
Durante enero-marzo del 2026 se recibieron 2,853 denuncias por Servicio Línea Vida, siendo 1,860 por informaciones, 733 por denuncias y 260 por consultas.
La coordinación interinstitucional también se articula a través del Gabinete de las Mujeres, Adolescentes y Niñas, creado mediante el Decreto 1-21 del 5 de enero de 2021.
- Ministerio de la Mujer
- Ministerio de Salud Pública
- Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar
- Ministerio de Interior y Policía
- Procuraduría General de la República
- 9-1-1
- Línea Vida
Violetta Quezada, del Ministerio de la Mujer, señala que dentro del Plan Estratégico para una Vida Libre de Violencia se diseñó un plan de monitoreo y evaluación en el que las instituciones del gabinete incorporan sus acciones correspondientes a siete ejes temáticos.
También se crearon siete mesas temáticas para dar seguimiento a los avances y se contrató una Secretaría Técnica del Gabinete encargada de acompañar y dar seguimiento a los compromisos institucionales.
Prevenir la violencia también implica educación, protección y autonomía económica
Para Solange Alvarado, gerente del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia (CASV), la respuesta no puede recaer únicamente sobre el Ministerio Público. Considera necesario abordar también la prevención, la educación, la autonomía económica y las condiciones que permitan a una mujer abandonar una relación violenta.
“El trabajo anterior de educación, de prevención, de políticas públicas que apoyen y sostengan a las mujeres (…) todo esto tiene que ver”, sostiene.
Alvarado advierte, además, que el momento posterior a una denuncia puede ser especialmente peligroso. El agresor sabe que la mujer acudió a las autoridades y, si la respuesta institucional no es suficientemente amplia, la sobreviviente puede quedar expuesta.
Por eso considera necesario fortalecer la credibilidad de los sistemas de protección y aumentar la confianza de las mujeres para pedir ayuda.
Esther Hernández Medina, cofundadora de la Tertulia Feminista Magaly Pineda, uno de los errores más graves es tratar el feminicidio como un tema sectorial.
“Este no es un tema del Ministerio de la Mujer sino de todo el Estado. Lamentablemente, hay quienes están en el Estado y no entienden el problema”, resalta.
La activista destacó la importancia de entender las causas del problema para poder resolverse.
“Si no se entienden las causas del problema, sea cual sea, no se va a resolver. Seguiremos perdiendo vidas valiosas sin necesidad”, advirtió utilizando la analogía de “una curita para una hemorragia o un torniquete para un problema más profundo”.
Lo que falta: educación, coordinación y voluntad política
Según Hernández Medina, la solución ocurre cuando se actúa en todos los niveles al mismo tiempo:
- Ministerio de Educación: incorporar perspectiva de género y educación sexual integral como política de Estado.
- Ministerio de Salud: protocolos de detección temprana de violencia.
- Ministerio Público: activación oportuna de mecanismos de protección.
- Nivel municipal: intervención comunitaria y prevención local.
- Sociedad civil: “Necesitamos que los hombres se involucren, no sólo las mujeres”.
La especialista también señala que el país ha desarrollado herramientas para responder a la violencia desde el ámbito penal, pero todavía existen vacíos en materia civil. “Una mujer que decide salir de una relación puede necesitar divorciarse, dividir bienes o reclamar manutención, pero no siempre tiene recursos para pagar un abogado que la acompañe”.
La prevención falla cuando las instituciones trabajan por separado
La respuesta institucional no termina con la atención de las víctimas. También implica prevenir que la violencia llegue a un feminicidio.
Además, desde el 2012 la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) plantea asegurar la coordinación entre las instituciones especializadas, los organismos comunitarios y la población para el diseño y ejecución de políticas de prevención, vigilancia y persecución del delito y la violencia, incluida la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes.
El objetivo es avanzar hacia la construcción de comunidades seguras.
Lourdes Contreras, socióloga y activista feminista, considera que las acciones preventivas siguen siendo insuficientes. “Yo diría que es poco, es pobre lo que se hace o muy insuficiente lo que se hace para la prevención”.
Para Contreras, no basta con contabilizar cuántas acciones de prevención realizan las instituciones. También es necesario establecer indicadores que permitan determinar si las políticas están modificando las causas estructurales que normalizan o toleran la violencia.
La dimensión regional muestra que el problema trasciende las fronteras dominicanas. El informe Feminicidios bajo la lupa en América Latina y el Caribe: Contradatos para sostener la memoria y resistir al silencio registró al menos 3,602 feminicidios en la región durante 2025, un promedio de 251 casos al mes y un aumento de 18 % frente a los 3,052 registrados en 2024.
El informe advierte que cuando el Estado no actúa oportunamente, no protege o no minimiza un riesgo conocido, las consecuencias pueden ser irreversibles.
Los datos del Ministerio Público muestran que no todas las mujeres que denuncian violencia reciben atención médica como parte de la respuesta institucional. El 77 % de las denunciantes no recibió asistencia médica por el tipo de violencia sufrida, mientras que el 23 % recibió algún tipo de atención médica debido a la gravedad de las agresiones.
Para la abogada Senaya Hernández, esta situación se suma a una de las principales dificultades de la respuesta estatal: la falta de articulación entre las instituciones que intervienen en los casos de violencia.
Una mujer puede necesitar atención por violencia intrafamiliar y, al mismo tiempo, enfrentar un proceso relacionado con la pensión alimenticia de sus hijos, lo que la obliga a acudir a distintos organismos para resolver cada parte de su situación.
En cuanto a las redes de apoyo, el 69 % de las denunciantes cuenta con familiares o amigos que pueden brindarles respaldo, mientras que el 24 % no dispone de ninguna red de apoyo.
“Cada institución trata de cumplir su rol específico. Sin embargo, la mujer tiene sobre sus hombros esta carga de unir a todas las instituciones”, explicó Hernández. A su juicio, la falta de coordinación puede convertir la llamada ruta crítica de atención en un “proceso agotador para una víctima”.
- El problema también puede extenderse al seguimiento de los referimientos.
- Determinar qué ocurrió con el caso después de que una institución remitió a la mujer a otra dependencia.
- Cómo se comparte la información necesaria para evitar que tenga que explicar nuevamente su situación.
- Evita comenzar el proceso desde cero.
En ese escenario, el sistema de salud ocupa un lugar que va más allá del tratamiento de una lesión. Una mujer puede llegar a una emergencia, una consulta o cualquier otro servicio sin decir que está siendo violentada.
Lee la primera parte: Antes del tribunal: las señales de violencia de género que pueden llegar al sistema de salud
Lee la segunda parte: Las lesiones que no cuentan la historia completa: cómo la violencia de género puede perderse en los registros de salud
| Esta es la tercera entrega de la serie: Violencia de género: qué tan preparado está el sistema de salud pública para detectar las señales a tiempo. |
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