Antes del tribunal: las señales de violencia de género que pueden llegar al sistema de salud

“Fue tan fuerte que me dieron cinco días de licencia. Cuando pude regresar a trabajar todavía quedaban marcas en el cuerpo, en la cara… y de ahí fue un tormento”. Así recuerda Maribel, de 27 años, una de las agresiones físicas que sufrió a manos de su pareja.

Pero la violencia había comenzado mucho antes de los golpes. Primero llegaron los insultos, los maltratos y el control de su salario; luego, las agresiones físicas y psicológicas. Aun frente a ese escenario, Maribel defendía su matrimonio y llegó a sentirse culpable por lo que ocurría.

Su historia no es un hecho aislado. En República Dominicana, el 68.8 % de las mujeres de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia, ya sea en el ámbito público o privado, a lo largo de su vida o en una relación de pareja actual o anterior. Entre las adolescentes, la proporción alcanza el 79.1 %, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La violencia puede aparecer desde las primeras etapas de una relación. De hecho, el informe Radiografía de los indicadores en hombres en conductas violentas en República Dominicana, elaborado por el Ministerio Público, encontró que el 29 % de las denunciantes identificó el primer episodio de violencia antes de cumplir un año de noviazgo.

• El 25 % lo ubicó entre los dos y cinco años de relación.
• El 24 % después de cinco años.
• El 20 % durante el noviazgo.

El miedo, la culpa y el silencio pueden mantener a una mujer dentro de un ciclo de violencia durante años, que se pone en evidencia cuando el Ministerio Público señala que el 28 % de los encuestados afirmó que la violencia aumentó en intensidad y frecuencia con el paso del tiempo.

“El aumento progresivo de la violencia está relacionado con mayores niveles de riesgo y peligrosidad”. Este incremento está relacionado con afectaciones a la salud de las mujeres que las sufren, señala el psicólogo clínico Fernando Polanco.

“Es precisamente en ese punto donde el sistema de salud adquiere un papel que va más allá de atender las lesiones”, afirma a Acento.

De hecho, ONU Mujeres señala que los servicios de salud pueden ser uno de los espacios donde el Estado detecte señales de violencia, brinde apoyo y active una ruta de protección antes de que las agresiones terminen en feminicidio.

El contacto de las víctimas con el Estado tampoco inicia en los tribunales

El contacto de las víctimas de violencia basada en género con el Estado dominicano no ocurre únicamente en los tribunales, aunque la magnitud de la violencia también se refleja en el volumen de denuncias.

Entre 2015 y 2025 se registraron 842,288 denuncias, según la Radiografía de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual en República Dominicana, elaborada por el Ministerio Público.

• Santo Domingo concentró el 27.76 % de las denuncias.
• El 54.5 % de las denunciantes tenía entre 26 y 35 años.

No obstante, la violencia puede comenzar mucho antes de que una mujer llegue a un centro de salud con lesiones visibles. Para algunas mujeres, la primera puerta de entrada puede ser una llamada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

En 2022, el 9-1-1 registró 586,224 emergencias, de las cuales 48,934 correspondieron a violencia doméstica, el 8.3 % del total. Esta categoría ocupó el segundo lugar entre los eventos que más requirieron respuesta del sistema, solo por debajo de los accidentes de tránsito, con 69,559 casos.

Pero muchas mujeres tampoco llegan al sistema mediante una emergencia. Una mujer puede llegar a un centro médico por una infección recurrente, alteraciones emocionales, dolores u otro problema de salud sin contar que está siendo víctima de violencia.

Para Senaya Hernández, abogada que brinda asistencia legal a mujeres víctimas de violencia de género en la Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia (ProFamilia), esta posibilidad convierte al sistema de salud en una de las principales puertas de entrada para las víctimas.

“La primera puerta de entrada muchas veces que tienen las mujeres víctimas de violencia es el sistema de salud”, explica. Por eso, considera fundamental que el personal sanitario esté preparado para identificar posibles señales, incluso cuando la paciente no llegue con una denuncia o no se reconozca como víctima.

Fernando Polanco, psicólogo clínico, considera que la respuesta a la violencia de género suele concentrarse en la justicia: la denuncia, las medidas de protección y la persecución del agresor.

“El sistema de salud es obligatorio para las atenciones y cuidados y seguimiento para ver la violencia basada en género desde una perspectiva integral”, afirma. Y no es para menos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce desde 1993 la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar como problemas de salud pública y de derechos humanos.

El Ministerio Público encontró que el 77 % de las denunciantes no recibió asistencia médica por el tipo de violencia recibida, mientras que el 23 % sí recibió algún tipo de atención médica debido a la gravedad de la violencia perpetrada.

A pesar de estos porcentajes, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reconoce la violencia como un fenómeno multidimensional capaz de causar enfermedad, discapacidad y muerte, y como un problema de salud pública.

Según la Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres (Enesim-2018), el 24.8 % de las mujeres de 15 años o más sufrió violencia física, sexual o psicológica por parte de su pareja actual o anterior durante los 12 meses previos a la encuesta.

Los datos muestran por qué la detección no puede limitarse a buscar lesiones visibles. La violencia psicológica alcanza al 24.3 % de las mujeres, la física al 4.3 % y la sexual al 1.2 %. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, la violencia psicológica alcanza el 42.8 %.

República Dominicana cuenta con protocolos y herramientas para la atención de las víctimas, entre ellas las Directrices del Ministerio de Salud Pública publicadas en marzo de 2025. Sin embargo, reconoce que el desafío está en que se apliquen de manera uniforme y que el personal tenga las capacidades necesarias para identificar los casos.

La Sección de Género del Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que entre abril y julio de 2026 fueron atendidas 912 personas por casos de violencia de género e intrafamiliar en la red pública.

El desafío: reconocer lo que la paciente no siempre dice

Para Desirée Del Rosario, del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-Intec), la existencia de un protocolo no garantiza que una mujer que llegue a un servicio de salud sea identificada como víctima ni que el caso avance hacia una ruta de protección.

Claudia Zaleta, abogada y gerente de Incidencia Política y Programas Educativos de Profamilia, explica que las rutas críticas que agotan a las víctimas no comienzan en el sector justicia.

“Las rutas críticas que agotan a las víctimas de violencia de género no empiezan en el sector justicia, sino que empiezan mucho tiempo antes y pueden tener diferentes puertas de entrada. Una de esas puertas de entrada es el sector salud”, sostiene.

Una de las herramientas para detectar esos casos es el tamizaje. Zaleta explica que pueden aplicarse encuestas breves a pacientes que llegan por servicios aparentemente desvinculados de la violencia, como métodos anticonceptivos o un Papanicolaou.

Si aparecen señales, la paciente debe ser atendida por un médico capacitado que pueda profundizar en el caso y valorar el nivel de riesgo. La responsabilidad del personal sanitario no es decidir si la mujer debe denunciar, señala Zaleta, su primera obligación es garantizar la atención y protección inmediata.

En casos de violencia sexual, por ejemplo, corresponde determinar las necesidades médicas inmediatas, como la administración de antirretrovirales y las pruebas de embarazo.

Pero el sistema tampoco debe presionar a una víctima para denunciar.

“Si el centro de salud tiende a inducir a que tome una decisión de denunciar o no, puede ponerla aún en más riesgo”, advierte Zaleta. Por eso, antes de actuar, el personal debe conocer el entorno y el contexto de la víctima.

La violencia presenta una diferencia según ingresos. El quintil 4 registra la mayor prevalencia, con 72.4 %, seguido del quintil 5, con 70.7 %. En el quintil 3 alcanza 71 %, mientras que en el quintil 1 es de 70.4 % y en el quintil 2, de 68.8 %.

También existen diferencias según el lugar de residencia. El 71.9 % de las mujeres que viven en áreas rurales ha experimentado algún tipo de violencia, frente al 68.1 % de las residentes en zonas urbanas.

Por macrorregión, la mayor prevalencia se registra en el Norte o Cibao, con un 78.5 %, seguida de la región Sur, con 69.8 %. En el Gran Santo Domingo alcanza el 66.4 %, mientras que en el Este es de 49.4 %. Los datos muestran que la violencia atraviesa distintos territorios y condiciones económicas.

La violencia tampoco puede analizarse al margen de las condiciones económicas de las mujeres. Según un estudio del Ministerio Público, la situación económica de las denunciantes puede influir en las posibilidades que tienen de romper con una relación violenta.

• 56 % reportó ingresos medios o regulares, entre RD$ 25,000 y RD$ 50,000.
• 23 % dijo percibir ingresos bajos, por debajo de RD$ 25,000.
• 17 % afirmó tener ingresos altos, superiores a RD$ 50,000.

El estudio advierte que no basta con saber si una mujer tiene empleo. También es necesario considerar sus ingresos en relación con su capacidad productiva y las responsabilidades que debe asumir.

En este grupo, más del 70 % de las víctimas tenía ingresos medios o bajos, “una condición que puede aumentar su vulnerabilidad y dificultar que abandone una relación insatisfactoria y violenta”.

Las formas de violencia identificadas también muestran que el problema trasciende las agresiones físicas. El 29 % de las agresiones fue verbal, el 26 % psicológica, el 21 % física y el 10 % emocional. También se registraron violencia espacial y social (5 %), económica (2 %), patrimonial (2 %), sexual (1 %) y acoso (3 %). En el 1 % de los casos no hubo datos.

A esto se suma la percepción de los propios denunciados sobre su comportamiento. El 73 % afirmó que no se considera violento con su pareja, mientras que el 23 % sí reconoció serlo.

Ante esto, la abogada Senaya Hernández, explica que el personal de salud debe escuchar, identificar señales de riesgo y hacer preguntas que permitan conocer qué ocurre detrás de los síntomas con los que llega una paciente.

La capacitación, agrega, no puede limitarse a médicos y enfermeras. También deben estar preparados trabajadores de recepción, seguridad y otros, con responsabilidades según sus funciones.

Otro obstáculo es que muchas víctimas no llegan diciendo que viven violencia, aunque se refleja en el estudio “Violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja: un análisis a partir de los datos de la ENESIM-2018” que encontró que los moretones, rasguños, hinchazón y dolores fueron las lesiones más frecuentes entre las mujeres que habían experimentado violencia física o sexual, con un 34.6 %.

Aunque con menor frecuencia, también se registraron consecuencias de mayor gravedad: 2.8 % reportó hemorragias o sangrados, otro 2.8 % sufrió fracturas y 1.5 % presentó heridas profundas o similares.

Son porcentajes que pueden parecer pequeños al observarlos de manera aislada, pero representan a mujeres cuando se trasladan a la población afectada.

El impacto, además, no se limita a quienes sufren directamente la agresión: la investigación también registra consecuencias para familiares y otros integrantes del hogar.

“Lo más común es que un personal que recibe a una mujer que fue víctima de algún tipo de violencia la juzgue, le pregunté: ‘¿Y por qué tú no te has salido de esa casa?’”.

Para Zaleta, estas preguntas pueden bloquear la posibilidad de que la víctima continúe recibiendo atención y termine abandonando el centro sin la protección necesaria.

Carlos Carrera, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en República Dominicana (Unicef), plantea que el sistema de salud ocupa una posición fundamental para identificar señales de violencia, brindar atención inicial y referir oportunamente a las familias con los servicios de protección.

La detección, explica, no debe limitarse a lesiones físicas. También es importante prestar atención a señales emocionales, conductuales y sociales que puedan indicar que un niño, niña o adolescente está viviendo o presenciando situaciones de violencia.

“Estas señales no constituyen por sí solas una confirmación de violencia, pero pueden indicar la necesidad de una valoración segura y especializada”, comenta a Acento.

Los servicios de atención primaria, pediatría, emergencias, salud mental y salud sexual y reproductiva pueden constituirse en puntos de identificación, atención inicial y referencia segura.

“Cuando una mujer llega a un servicio de salud por una situación de violencia, el personal debe atender sus necesidades inmediatas y considerar también la seguridad y el bienestar de sus hijos e hijas”, destaca.

La respuesta, según Unicef, debe incluir:

• Brindar atención médica inmediata, empática, segura y libre de juicios;
• Valorar los riesgos y las necesidades de seguridad de la mujer e identificar si existen hijos e hijas menores expuestos a la violencia;
• Activar las rutas institucionales de protección y referencia, facilitar el acceso a salud mental y apoyo psicosocial y garantizar la continuidad de la atención.