Donald Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca en 2016 luego de que los datos personales de más de 50 millones de usuarios de Facebook fueran sustraídos y utilizados para influir en el voto republicano de EEUU, en lo que se conoce como el escándalo de Cambridge Analytica. Esos cuatro años del Gobierno Trump fueron ejemplo paradigmático de la posverdad: se borran los hechos, hay confusión intencional y se desvanece la realidad. En su segundo mandato, las manipulaciones de la verdad emotiva envuelven una ráfaga de decisiones presidenciales que eclipsan a los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, en una suerte de poslegalidad.
Ráfaga de decretos y memorandos presidenciales
El magnate republicano regresó en 2025 a la Casa Blanca cargado de una avalancha de ordenes ejecutivas. En el primer día de su mandato, firmó 26 decretos que condenan a los inmigrantes, el clima, la salud pública, la ayuda humanitaria internacional, absuelven a sus copartidarios que asaltaron el Capitolio en 2021, rebautizan el Golfo de México y dan carta blanca a una entidad llamada DODGE para disolver los servicios públicos. Un récord y un anticipo de lo que sería su presidencia.
Hasta principios de julio firmó otras 140, más de las que firmó el presidente Joe Biden durante cuatro años de gobierno, y solo 100 menos que su par Barack Obama durante sus ocho años en la Casa Blanca.
“Donald Trump está haciendo uso exacerbado de los poderes que tiene como presidente de Estados Unidos con todos estos instrumentos que, debo señalar, son legales: órdenes ejecutivas, memorándum presidencial y que efectivamente ponen a la maquinaria del Ejecutivo a moverse a una velocidad no vista anteriormente. ¿Qué ocurre aquí? La Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial y el Poder Legislativo a través del Congreso no le siguen el paso, advierte Víctor Hugo Guerra, jurista y profesor de las universidades Internacional de Florida y de las Naciones Unidas para la Paz.
Legalidad y legitimidad
Dictar órdenes ejecutivas está dentro de las prerrogativas del presidente según el artículo II de la Constitución de los Estados Unidos, por lo que Trump no está desafiando ni eludiendo la Carta Magna.
“Puede que efectivamente las actuaciones presidenciales estén en el marco legal, que sean absolutamente formales, con basamento normativo, y constitucional. La siguiente pregunta es sí son legítimas”, advierte Guerra.
El experto señala que se trata de temas diferentes: “La legalidad se conecta con la gobernabilidad, la legitimidad se conecta con la gobernanza. ¿Cuán legítimas son estas actuaciones del presidente Trump?”
Derrumbar el modelo fundacional de la democracia
Los críticos del presidente afirman que Trump está destruyendo todo el sistema de controles y contrapesos en el que los tres poderes de Estados (ejecutivo, Congreso y poder judicial) tiene iguales atribuciones. Argumentan que el Congreso ha dejado de ejercer su función de supervisión y que el mandatario republicano está usando a la justicia para hacer aprobar su agenda y transformar el poder presidencial en Estados Unidos.
La pregunta es cómo ha sido posible que en apenas un año el ejecutivo se haya logrado eclipsar a los otros dos poderes y poner a tambalear el sistema fundacional de la democracia estadounidense.
“En el caso del Poder Legislativo, no ha tenido ningún inconveniente”, dice el politólogo de la Universidad Kean de Nueva Jersey. “Su agenda conservadora de extrema derecha sigue su marcha sin problema alguno por el hecho de tener la mayoría no solamente republicana sino también afín a su movimiento político MAGA (Make America Great Again), que es un movimiento bien formado ideológicamente y con fundaciones intelectuales”.
La justicia al servicio el poder presidencial
Pero si el Congreso no interviene, la única opción para quienes impugnan las órdenes presidenciales es acudir a los tribunales. De ahí los movimientos que, desde su primer mandato, hizo el presidente Trump en el ajedrez de poder judicial para poner las fichas a su favor, explica Richani.
“Primero cambió la estructura de la Corte Suprema. Trump nombró en su primer mandato nuevos jueces y acumuló una mayoría de seis conservadores más afines con la ideología del MAGA contra tres jueces liberales”.
La remodelación de la Corte Suprema inclinó la balanza de las votaciones a favor del mandatario en el más alto tribunal de Estados Unidos.
En el año de su regreso al poder, luego de que en 2024 un veredicto de un tribunal e Manhattan declarara a Trump culpable de 34 delitos transformándolo en el primer ex presidente convertido en un delincuente convicto, la Corte Suprema de Justicia emitió tres sentencias claves para el presidente republicano: Otorgó amplia inmunidad penal a presidentes y ex presidentes por los actos realizados en el ejercicio de su cargo. Desestimó el fallo que establecía que los intentos de Trump por anular las elecciones de 2020 lo inhabilitaban para volver a presentarse al cargo. Limitó la capacidad de los jueces de distrito para obstaculizar la agenda del presidente.
Desde su regreso a la Casa Blanca, la composición de la Corte Suprema y de la Cortes de Apelaciones ha permitió que se dé luz verde, en la mayoría de los casos, a la agenda del presidente durante el periodo 2025-20256.
“De 24 decisiones, los jueces de la Corte votaron 88% a favor del presidente. En las Cortes de Apelaciones tuvo 51% a su favor. Lo más llamativo es que de los jueces que Trump nombro en las Cortes de Apelaciones durante su primer mandato, no ahora, un 92% votó a su favor”, explica Richani.
La traba judicial para Trump se presenta en las cortes distritales donde el presidente estadounidense solo ha recibido un 25% de votos favorables. Estos jueces federales de distrito se enfrentan ahora a una embestida de parte de la administración que les cuestiona su legitimidad y desestima su autoridad.
El presidente de EE.UU. ha calificado a los jueces de "corruptos", "monstruos", "trastornados", "lunáticos", "que odian a EE.UU." y de "izquierdistas radicales".
A diferencia de la Corte Suprema donde Trump cuenta con una sólida mayoría conservadora, los tribunales inferiores -en la mira del mandatario- no tiene una composición favorable a la agenda del presidente Trump. “Pero están trabajando para lograr una mayoría también ahí” afirma Richani. “Claramente, el presidente Trump desde el primer periodo está tratando de tener jueces que votan a su favor de su agenda y de fortalecer el poder ejecutivo del Gobierno. Y eso genera un balance peligroso para el futuro de la democracia republicana”, concluye.
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