Pena de muerte por inyección letal en Israel: 'Un médico no debe ser un agente del Estado'

El Gobieno de Israel pretende aprobar una ley para castigar con pena de muerte a los terroristas. Tras un primer voto a favor en la Knesset, el texto debe pasar por un comité, para una segunda y tercera lectura, tras lo que será sometido a una segunda votación que de dar el visto bueno, lo convertiría en ley. 

La última enmienda recoge que la pena de muerte se aplique mediante inyección legal, pero el sector médico israelí se opone firmenente a participar en cualquier ejecución. RFI entrevistó a Malke Borow, directora del departamento jurídico y político de la Asociación Médica Israelí que aglutina al 90% de los médicos del país. 

RFI: ¿Cuál es su postura en caso de que se apruebe la pena de muerte y el rol que se podría pedir los médicos?

Malke Borow: Nosotros no abordamos la cuestión de si apoyamos o no el proyecto de ley como tal. Nos centramos específicamente en la participación de los médicos, a la cual nos oponemos totalmente. En principio, existen acuerdos sobre la ética médica internacional que estipulan que el papel de un médico es curar y no matar, y que un médico no debe ser un agente del Estado. 

En otras palabras, es el Estado quien debe decidir cómo castigar a ciertos criminales, eso está bien. Pero el propósito del médico no es ayudar al Estado en una ejecución. Nuestra posición se basa en la declaración de la Asociación Médica Mundial, que prohíbe fundamentalmente la participación de los médicos en cualquier forma de pena capital.

Un médico no debe ser un agente del Estado. 

RFI: ¿Hay alguna posibilidad legal de que el Gobierno apruebe una ley o proyecto de ley que pudiera obligar, en ciertas circunstancias especiales, a un médico a participar?

Malke Borow: Teóricamente, sí, pero consideramos que la ética está por encima de la ley. Por lo tanto, incluso si la ley lo dijera, siempre le diríamos a nuestros médicos que no participen. 

Tuvimos un ejemplo hace unos años. Surgió la cuestión de la alimentación forzada de los huelguistas de hambre, ya que en ese momento muchos prisioneros hacían huelga de hambre para protestar contra ciertas políticas gubernamentales, y la ley lo permitía. No obligaba a los médicos a hacerlo, pero se lo permitía. Y enviamos una carta a todos nuestros médicos diciéndoles que no estaban autorizados a participar, porque, una vez más, la ética internacional estipula que ningún médico puede practicar la alimentación forzada. 

De la misma manera, ahora les diríamos a nuestros médicos que no participen aunque la ley dijera lo contrario. Y por otro lado, intentaríamos hablar con los responsables gubernamentales para revertir esta decisión y, si fuera necesario, probablemente apelaríamos al Tribunal Superior para decirles que no podemos participar.