Esta es la historia del controvertido campo Xan, una instalación petrolera en plena Reserva de la Biósfera Maya del Petén, el principal espacio protegido de Guatemala en el norte del país. Durante cuatro décadas, las empresas Basic Ressources y Perenco sacaron miles de barriles de petróleo del subsuelo hasta que el gobierno guatemalteco de Bernardo Arévalo diera por terminada la licencia de funcionamiento el 12 de agosto de 2025.
Los motivos para cerrar esta explotación, que representaba el 90% de la producción nacional, eran múltiples. Primero, una producción que caía en picada. De más de 9 millones de barriles producidos en 1998 al pico de la producción, el campo Xan solo produjo 1,8 millón de barriles en 2024. La explotación petrolera en la reserva de la Laguna del Tigre no solo ya no era rentable, sino que le generaba más costos que ganancias al Estado guatemalteco.
El estado guatemalteco, en desventaja económica
El contrato petrolero contenía una cláusula que preveía el reembolso de “costos recuperables”, es decir reembolsos que el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala pagaba a la multinacional petrolera Perenco para compensar los gastos de funcionamiento del campo petrolero.
Un mecanismo en el que, a fin de cuentas, Guatemala acabó gastando más de lo que recibía por la explotación petrolera. En un informe de 2023, el Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala (OEI), con el apoyo de la ONG Oxfam, indica que " al comparar los datos de ingresos y costos recuperables, durante los años 2009 al 2018, el Estado de Guatemala recibió producto de la extracción de hidrocarburos alrededor de 732 millones de dólares americanos y devolvió a empresas petroleras USD 883 millones; es decir, por cada dólar ganado tuvo que invertir 1.21 dólares”.
Y en su informe más reciente, el OIE observa que “la disminución de la producción de barriles no fue acompañada por una reducción de los costos recuperables. Los datos disponibles indican que entre 2010 y 2021 Guatemala perdió el equivalente a 77.731.274 de dólares americanos para mantener las operaciones petroleras del contrato 2-85”.
Los pasivos ambientales
A los costos económicos se suma la devastación ambiental, razón por la cual el gobierno del presidente Arévalo también decidió cerrar el campo petrolero. “Los ministerios de Guatemala han calculado entre 6000 y 10.000 hectáreas de bosque perdido” en el conjunto del biotopo de la Laguna del Tigre en el que está ubicado el polígono del contrato petrolero, recuerda Gabriela Muñoz, investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas.
La deforestación se debe no solo a la apertura de brechas en el bosque para las instalaciones petroleras, sino también a la construcción de caminos “que poco a poco han ido colonizando el parque. Este impacto indirecto de deforestación se lo atribuimos a las empresas petroleras que iniciaron las actividades humanas en la región”, acusa Gabriela Muñoz.
La actividad petrolera inició antes de la creación de la reserva de la Laguna del Tigre. Pero entre los años 2001 y 2010, los gobiernos de la época decidieron prorrogar el contrato petrolero. “A través de alianzas con actores antidemocráticos asociados al crimen organizado, ha logrado moldear la regulación ambiental y de industria petrolera para que se ajuste a sus necesidades. Fue a través de este tipo de desregulación que lograron posicionarse en el área protegida”, lamenta la investigadora.
Comunidades locales denuncian contaminación
Un activista defensor de los derechos de las comunidades de la región de la Laguna del Tigre acusa también a la empresa Perenco de irresponsabilidad ambiental. “No se contó con un cierre seguro que garantizara la no contaminación en el área. Es notorio el mal olor a azufre en la zona. Y los tanques de aguas ácidas que utilizaba la empresa para inyectar a los pozos se quedaron en estanques en mal estado. Con las lluvias se desbordan y van a dar a las lagunas”, alerta el activista que pidió mantenerse en el anonimato.
El impacto para la salud de las poblaciones locales que vive alrededor del campo Xan es otra incógnita. “No tenemos pruebas porque no hemos encontrado un profesional de salud independiente para hacer un estudio, pero hemos visto muchas alergias en la piel y que son más frecuentes en esta región”, dijo el activista a RFI.
La respuesta de Perenco
Contactada por Radio Francia Internacional, la transnacional Perenco asegura que "al finalizar las licencias de Perenco Guatemala el 12 de agosto de 2025, la Secretaría de Energía y Minas de Guatemala confirmó haber recibido todos los activos en óptimas condiciones operativas, debidamente asegurados, en condiciones ambientales adecuadas y sin afectación ambiental, tras tres auditorías in situ".
En un correo electrónico dirigido a RFI el 9 de diciembre, un portavoz de Perenco niega cualquier responsabilidad en la deforestación en el área. La empresa afirma que le correspondía al estado velar por el uso de suelo y afirma que la deforestación ligada a la expansión de la ganadería se debe a las comunidades locales.
Un representante comunitario consultado por RFI acusa en cambio a empresas madereras de haber saqueado el bosque, con complicidad de responsables políticos de la época.
La transnacional, con sede en París y Londres, asegura también que contribuyó al desarrollo social y económico del país. Pero para el representante de una de las comunidades locales consultado por RFI, los años de explotación petrolera fueron sinónimos de represión y pobreza.
¿Quién pagará por la restauración ambiental de la zona? ¿Cómo limpiar las aguas y los suelos contaminados? ¿Cómo asegurarse del buen cierre de los 59 pozos de las instalaciones del campo Xan?
El gobierno de Guatemala estimó en 50 millones de dólares el costo inmediato para la clausura del campo Xan. Un gasto que será pagado por los contribuyentes guatemaltecos.
Entrevistas:
-Gabriela Muñoz, investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala.
-Un defensor de los derechos y comunitario de la región.
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