La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar el 17 de enero abre nuevas perspectivas para proteger el 30% de los océanos del planeta, el objetivo que se han fijado las naciones del mundo para frenar la gravísima pérdida de biodiversidad a causa de las actividades humanas.
Para alcanzar esta meta, será indispensable crear áreas marinas protegidas no solo en aguas nacionales, sino en alta mar, para que aves, tortugas, peces y mamíferos marinos puedan migrar, alimentarse y reproducirse sin peligro.
En Latinoamérica, una de las reservas más emblemáticas es la de Galápagos, en aguas Ecuatorianas. Un remanso de 133.000 km cuadrados para las especies en vía de extinción y que fue reconocido como reserva de la biosfera, por su especial contribución a la conservación de ecosistemas y la investigación científica. En octubre pasado, esta reserva se extendió en 60.000 km cuadrados con la inclusión de la Reserva Marina Hermandad para crear un verdadero corredor migratorio entre las aguas protegidas de las costas de Costa Rica y Ecuador.
"En el Pacífico este tropical, teníamos áreas marinas protegidas importantes pero aisladas", por lo que la creación de la reserva Hermandad fue creada para conectar la Reserva de Galápagos con el Área Marina de Bicentenario en aguas costarricences, subraya Susana Cárdenas, profesora, directora del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad de San Francisco de Quito, y copresidenta del fondo Galapagos Live Fund que canaliza recursos para la reserva.
"Ya había evidencia científica que mostraba que hay especies migratorias amenazadas como tiburones martillo, tortugas marinas y varias especies de ballenas que usan estos corredores como rutas migratorias, pero que no estaban protegidos", detalla Cárdenas.
Respecto al manejo de la nueva reserva Hermandad, de los 60.000 km2 de protección, 30.000 km2 son de protección total donde no se permite realizar actividad de captura de especies ni industrial ni artesanal. "A los dos extremos, hay dos franjas que suman 30.000 km2 donde solamente se permite la pesca de cerco, que tiene menos tasa de pesca incidental que la pesca palangrera", detalla la investigadora.
Y para que estos espacios protegidos no se conviertan en reservas de papel, es necesario contar con una fuerza naval capaz de interceptar las embarcaciones que pescan ilegalmente.
Para ello, las fuerzas ecuatorianas cuentan con el apoyo de Diana Vinueza, gerente de proyectos de la fundación Wild Aid en Galápagos, especialista en monitoreo de áreas marinas protegidas. La bióloga detalla a RFI cómo funciona el software Themis, desarrollado por una empresa francesa, que utilizan para monitorear la actividad marina de los buques en la zona.
"Esta plafatorma te ayuda a ver en una pantalla todas las embarcaciones que tienen sistema de monitoreo que navegan en la zona", explica Vinueza.
Escuche la entrevista completa:
La bióloga también abordó el llamado efecto derrame de las reservas marinas para la pesca, es decir que los stocks de peces aumentan también en las áreas cercanas a la reserva. Un fenómeno que se ha observado en el Mediterráneo con las langostas y en Atlántico con el bacalao.
La creación de áreas marinas protegidas en aguas internacional podría facilitar la lucha contra la flota asiática de barcos factorías que pescan con métodos agresivos al límite de las zonas nacionales. Un fenómeno que enfrentan varios países latinoamericanos.
En 2020 por ejemplo, decenas de estos buques se alinearon como una especie de muralla al límite de las aguas generosas de la reserva de Galápagos para capturar calamares. Y algunos apagaron sus radares para no ser rastreados. Los defensores de los océanos piden una regulación más estricta de la pesca a nivel internacional para que sea menos dañina para la biodiversidad. Y la creación de áreas marinas protegidas gracias al nuevo Tratado de Alta Mar permitirá avanzar en este sentido.
Entrevistas:
-Diana Vinueza, bióloga, gerente de proyectos de la fundación Wild Aid en Galápagos, especialista en monitoreo de áreas marinas protegidas.
-Susana Cárdenas, profesora y directora del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador.
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