La cifra de 13 muertos en Nahualá contradice la versión oficial del Gobierno guatemalteco, que reconoce tan solo cinco muertos, y acusa a grupos criminales de provocar la violencia en la zona con ataques armados al ejército.
“Un derecho de posesión”
RFI pudo contactar con el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj: “Miren las muertes: 13 muertos. Hay dos menores de edad y hay una persona de la tercera edad de 70 años. Es lamentable, es repudiable lo que sucedió”, reacciona.
“Somos muy claros en decirle que no es del crimen organizado, sino realmente un derecho de posesión que es ancestral y está en ley y está en acuerdo marco entre los dos municipios. Lamentablemente hay un Estado débil que no tiene postura, y que tiene que decir las realidades a los dos municipios, pero no lo ha hecho el Estado y esa es la consecuencia”, recalca.
Pese a la intervención constante del Gobierno mediante estados de sitio, de prevención y despliegues de fuerzas de seguridad, la disputa territorial sigue sin una salida estructural ante las diferencias entre ambas alcaldías.
“Pedimos al Estado dar solución”
Existe un acuerdo de copropiedad firmado entre ambos municipios en 1999 y ratificado en 2004, como una vía que permitiría una administración conjunta o una solución negociada del área en disputa, pero a pesar de que se instalaron mesas de diálogo, el conflicto sigue sin resolverse.
“Queremos paz, no queremos resolver con violencia, pero lamentablemente el Estado y el otro municipio siempre no quiere que se cumplan los acuerdos que ya están firmados por los dos alcaldes en el año 1999 y en el 2004, y que como nos han invadido, nos han correteado, ahorita lleva siete años de que no nos han permitido que la gente de Nahualá cultiva sus terrenos, también los canteros no los permiten llegar, siempre los reciben a balazos”, prosigue Guarchaj.
“Pedimos al Estado dar solución a eso porque está muy claro, está muy evidente que Nahualá no está pidiendo terreno, ni está invadiendo, ni está abusando, sino tiene su derecho jurisdiccional, su derecho de legalidad, su derecho de los derechos humanos. Y lo hemos demostrado y los vamos a seguir demostrando”, concluye el alcalde.
Desde 2019, los incidentes violentos se han repetido en la región de Sololá, donde se ubican las dos comunidades indígenas en disputa. Entretanto el Gobierno acusa a grupos del crimen organizado de aprovecharse maliciosamente del conflicto comunitario para controlar el narcotráfico, trasiego de armas, contrabando aduanero, lavado de dinero y la migración ilegal. El Consejo de ministros decidió la implementación por 15 días de medidas extraordinarias para atender este panorama crítico.
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