En los alrededores del centro comercial Centre Bourse, en pleno corazón de Marsella, los vecinos se muestran escépticos ante la imposición del toque de queda para los menores. Mustafá, encargado de un locutorio, aprueba la decisión. “Los menores tienen que volver a casa. No tienen derecho a quedarse en la calle”, opina ante el micrófono de la enviada especial de RFI. Sophie Bourlet. No obstante, el comerciante apoya las reivindicaciones de los manifestantes del sábado 17 de octubre: “La vida es cara. Es por todo esto, por la pobreza. Se manifestaron porque la gente no tiene con qué comer”.
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Lucía, de 28 años, vive en Marsella y cuestiona la eficacia de la medida. “No sé qué aportaría un toque de queda. La gente solo quiere expresarse. Y, en lugar de escuchar, se reprime cualquier acto de libertad: salir de casa, tirar la basura…”, lamenta.
Sarah, que participó en la manifestación del fin de semana, también critica la decisión. “A estas pequeñas medidas de después de las manifestaciones ya nos estamos acostumbrando. Lo único que hacen es trasladar el problema o postergar la respuesta a una indignación que se manifiesta”, comenta, sentada en la terraza de un café de la Canebière, la avenida principal de Marsella.
Desacuerdos sobre la gestión de la violencia
El toque de queda, instaurado el martes por la noche y previsto al menos hasta el viernes inclusive, prohíbe la presencia de menores de 22:00 a 5:00 en varias calles del centro de Marsella y en las inmediaciones de los centros comerciales. La medida también afecta a determinados sectores de Aubagne, una comuna de la región, y a la zona comercial de Plan de Campagne, donde el sábado se produjo un intento de saqueo. El objetivo declarado por la prefectura de Bocas del Ródano es evitar nuevos episodios de violencia tras los del 17 de octubre.
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El alcalde de Marsella, Benoît Payan, de la izquierda independiente, cuestiona la utilidad de la decisión. En X, considera que “esta decisión, si bien puede aliviar a los comercios y facilitar el trabajo de las fuerzas del orden, debe ir acompañada de un despliegue suficiente de efectivos policiales en toda la ciudad, para que Marsella no vuelva a sufrir los actos de violencia, destrozos y vandalismo que hemos vivido”.
Tras los actos de vandalismo y los saqueos del 17 de octubre, el alcalde ya había cuestionado la gestión de las operaciones de mantenimiento del orden y las instrucciones dadas a los policías, cuyos efectivos había considerado insuficientes. En aquel momento exigió “que se rindieran cuentas”.
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Según la fiscalía, las fuerzas del orden realizaron 101 detenciones en Marsella: 74 adultos y 27 menores. Por su parte, la prefectura de policía estimó que hasta 30.000 saqueadores, entre ellos 8.000 “alborotadores”, habían actuado el sábado en el momento de mayor intensidad de la violencia. Benoît Payan calificó estas cifras de “descabelladas”. El alcalde recibió el martes 20 de octubre por la noche la visita del ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien le prometió un refuerzo de los efectivos policiales para el sábado 24 de octubre, cuando está prevista una nueva manifestación.
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