La corrupción continúa como un mal "profundamente" arraigado en República Dominicana que erosiona el sistema político y la administración pública, y preocupa que personas a quienes se les confía la gestión de recursos del Estado incurran en esas prácticas tan "burdas" y "reprochables", según un informe divulgado este martes por Participación Ciudadana, el capítulo dominicano de Transparencia Internacional.
En el informe, Participación Ciudadana señala que pese a los discursos oficiales sobre el combate a la corrupción y la impunidad, el país ha sido sacudido por diversos casos que involucran a funcionarios públicos que han actuado en abierta contradicción con esos principios.
"Si bien algunos de ellos han sido removidos de sus cargos y sometidos a investigación por el Ministerio Público, en la ciudadanía persiste la amarga sensación de que aún estamos lejos de poder bajar la guardia en esta lucha", dijo Participación Ciudadana en el documento
La onegé se refirió directamente al caso del estatal Seguro Nacional de Salud (Senasa) donde, de acuerdo al Ministerio Público, se produjo un desfalco de más de 15.000 millones de pesos (unos 232 millones de dólares) en los últimos cinco años.
La noche del domingo los principales acusados del presunto desfalco fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses.
"Este año hubo pocos avances en el procesamiento de los casos de corrupción que cursan en los tribunales, aumentando las preocupaciones sobre la lentitud y los intentos de lograr que periman. El Ministerio Público, sigue en su trabajo de persecución de la corrupción y la sociedad dominicana depositando su confianza en dicha labor", afirmó la organización hablando en nombre suyo y de Transparencia Internacional.
Participación Ciudadana destacó que este año el Congreso Nacional aprobó "importantes" leyes, como el Código Penal y el Código Procesal Penal.
"Pero la prensa y la sociedad civil tuvieron que enfrentar activamente intentos, en algunos casos exitosamente, de sectores que pretenden impedir el avance de las reformas, tanto en derechos ciudadanos, como de las mujeres, la libertad de expresión y la persecución de la corrupción administrativa", agregó el documento.
De acuerdo a Transparencia Internacional, en los últimos años, el Ministerio Público ha logrado procesar a varios funcionarios del actual gobierno, así como a legisladores y regidores del Partido Revolucionario Moderno.
Entre esos casos, citó el de dos funcionarios del Ministerio de Agricultura condenados por malversar fondos de esa institución. También, a la condena impuesto a ocho de 10 acusados de cometer desfalco en la Lotería Nacional.
"En 2024 el Ministerio Público sometió a la Justicia a una red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional, encabezada por un coronel que dirigía la Intendencia de Armas de dicha institución. Esta red sustrajo más de 900.000 proyectiles", recordó Participación Ciudadana.
Por otra parte, aseguró que los estamentos políticos han sido permeados por el narcotráfico, muy especialmente en las filas del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).
"Un caso que finalizó en 2025 fue el de la exdiputada por el PRM Rosa María Pilarte, condenada a cinco años de prisión y el decomiso de activos, al comprobarse su participación en una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico", recordó la organización.
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