República Dominicana pidió este martes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), una transición del poder en Venezuela, que asegure la democracia en la nación suramericana, tras materializarse la detención de Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, acusados por la justicia norteamericana de narcotráfico.
Francisco Caraballo, viceministro de Política Exterior Bilateral de República Dominicana, al participar en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, sostuvo que el país caribeño ha identificado dos prioridades inmediatas: primero, la preservación del funcionamiento básico de las instituciones del Estado; y segundo, la construcción gradual de una hoja de ruta "seria, realista y cuidadosamente planificada" que apoye una transición democrática.
"Esa transición debe enmarcarse, sin ambigüedades, en los principios más elementales del orden internacional: la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias", señaló.
Caraballo recordó que, tras las elecciones del 28 de julio de 2024, el país caribeño no reconoció la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de esa nación, y que, junto con otros Estados, exigió la publicación íntegra de las actas electorales y su verificación internacional.
Destacó que como respuesta al "legítimo reclamo", el régimen venezolano expulsó el 30 de julio a los representantes diplomáticos y consulares dominicanos, así como los de otros seis Estados.
Dicho reclamo de la publicación de las actas oficiales del escrutinio sería reiterado el 16 de agosto de 2024, en ocasión de la toma de posesión del segundo mandato del presidente Luis Abinader, gestión en la que se promovió la Declaración de Santo Domingo, suscrita por veintidós países y la Unión Europea.
El gobernante dominicano demandó el respeto a los principios democráticos, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos los venezolanos.
“Resultan altamente condenables los atropellos contra las instituciones democráticas y el uso de la violencia política que estamos observando en Venezuela. Estas actuaciones autoritarias son profundamente injustas y echan abajo las conquistas sociales logradas con el esfuerzo de generaciones", expresó en esa ocasión el presidente Abinader, citado por el diplomático.
Sin embargo, Caraballo expresó que, coherente con la posición de República Dominicana tras los comicios venezolanos en los que demanda el respeto de las instituciones democráticas, el país no puede conferir legitimidad a un régimen de facto que "pretende perpetuarse al margen de la voluntad popular".
Asimismo, sostuvo que el país no convalida hechos consumados el pasado 3 de enero por el gobierno de Estados Unidos, que concluyó con la detención de Maduro y su esposa, y dejó un saldo de 40 personas muertas, 32 de ellos ciudadanos cubanos quienes, según informaciones, cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano.
"Ahora bien —agregó —, tampoco podemos aprobar que siga poniendo en riesgo la paz social ni la integridad del pueblo venezolano".
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