La Coalición por la Transparencia del Financiamiento Político reiteró su solicitud al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit) para que conozca la propuesta de la sociedad civil.
La coalición plantea que el Conclafit disponga la designación como sujetos obligados dentro del sistema nacional de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los partidos políticos, candidatos y precandidatos a cargos de elección popular o función pública y organizaciones y movimientos políticos.
Las organizaciones recordaron que esta propuesta no es nueva, sino que ha sido planteada por la sociedad civil desde el 2018, sin que hasta la fecha se haya producido una respuesta institucional definitiva por parte del Conclafit.
En ese sentido, la coalición manifestó su preocupación por los casos de narcotráfico que ha permeado en la política y de la corrupción para el financiamiento opaco de las campañas electorales.
Si bien es cierto la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2024 de autoría del mismo Conclafit, reconoce amenazas altas de narcotráfico y corrupción, lamentablemente no evalúa el financiamiento político como canal de materialización de dichas amenazas.
Esto evidencia que el financiamiento político constituye el mayor riesgo no evaluado del sistema dominicano de prevención de lavado de activos.
El financiamiento político debe entenderse como un posible canal de entrada de capital ilícito, mecanismo de influencia e instrumento de retorno económico vía corrupción pública.
La Coalición también advierte el vacío normativo en asuntos de financiamiento político indirecto sin trazabilidad como los aportes en especie, el financiamiento de terceros, los pagos directos a medios y el apoyo logístico externo.
Para mitigar los riesgos anteriores recomienda canalizar los aportes a través de los partidos o agrupaciones políticas y/o estructuras supervisadas, de manera que puedan identificarse los donantes (hasta el beneficiario final en caso de sociedades) de las donaciones opacas.
Para estos fines se crearía un Registro Nacional de Financiamiento Político y todo financiamiento o donación debería ser publicado para fines de trazabilidad y transparencia
En el mismo orden la coalición solicita que la Junta Central Electoral (JCE) refuerce sus controles y fiscalización sobre el gasto en las campañas políticas, y sobre el cumplimiento que tendrían que ejercer los nuevos sujetos obligados propuestos por la coalición.
Las organizaciones reiteraron su disposición de continuar colaborando con las autoridades para fortalecer el sistema nacional de prevención del lavado de activos y promover mayores estándares de transparencia en el financiamiento de la actividad política.
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