La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 marca un hito en la política exterior contemporánea, pero su análisis científico revela una tensión profunda entre la eficacia táctica y la legitimidad sistémica.
Desde la perspectiva de la ciencia política, la remoción de un líder de un "régimen híbrido", donde la fachada democrática oculta una estructura criminal, suele provocar un vacío de poder instantáneo. Si este vacío no es llenado por una coalición civil preparada, el riesgo de que el complejo militar-industrial venezolano se fragmente en facciones autónomas es extremadamente alto, amenazando con una balcanización del territorio.
En el ámbito del análisis económico, la salida de Maduro corta de raíz los circuitos de la "economía de enclave criminal" que sustentaba al régimen. Sin embargo, la ciencia económica advierte que la transición será dolorosa; Venezuela opera bajo una dolarización de facto y una dependencia total de importaciones. Sin un plan de estabilización macroeconómica inmediato respaldado por el FMI, la interrupción de las cadenas de suministro controladas por el generalato podría derivar en una crisis de desabastecimiento agudo antes de que los mercados legales logren reactivarse.
El contexto histórico comparativo nos obliga a mirar hacia la Operación "Causa Justa" en Panamá (1989). Al igual que Manuel Antonio Noriega, Maduro fue señalado como un nodo central del narcotráfico regional que utilizaba la soberanía estatal como escudo. No obstante, existe una diferencia científica fundamental: la escala demográfica y geográfica. Mientras que en Panamá la intervención fue rápida debido al tamaño del país, Venezuela posee una extensión territorial y un arsenal militar significativamente mayores, lo que convierte cualquier operación unilateral en un experimento de alto riesgo para la estabilidad del hemisferio.
Desde una visión de derecho internacional, la operación plantea un dilema sobre la "Responsabilidad de Proteger". Aunque la doctrina justifica la intervención ante catástrofes humanitarias, el hecho de que se haya realizado sin el consenso de la ONU o la OEA debilita el multilateralismo. La ciencia de las relaciones internacionales sugiere que actuar al margen de estos organismos otorga argumentos a otras potencias para realizar incursiones similares en sus propias esferas de influencia, erosionando el concepto de soberanía nacional a nivel global.
Un análisis de gobernanza institucional resalta la peligrosidad de haber ignorado al Congreso de los Estados Unidos. La Constitución estadounidense exige que las acciones militares de gran envergadura cuenten con supervisión legislativa para garantizar que el poder ejecutivo no actúe con la misma discrecionalidad que los dictadores que intentan deponer. Sin este contrapeso, la operación, por muy justa que parezca en sus fines, carece del sello de legalidad republicana que diferencia a una democracia de una potencia intervencionista.
En cuanto a la sociología política, el chavismo no desaparece con la captura de su cabeza. Los estudios sobre movimientos populistas demuestran que la remoción forzosa de un líder puede victimizar la ideología y radicalizar a las bases que aún dependen del Estado clientelar. Para que la democracia florezca, es imperativo un proceso de justicia transicional que desarticule el culto a la personalidad mediante la verdad y la reparación, evitando que el resentimiento social alimente un nuevo ciclo de autoritarismo en el futuro cercano.
La estabilidad regional también entra en una fase crítica. Venezuela ha funcionado como un refugio para grupos irregulares y guerrillas que afectan la seguridad de Colombia, Brasil y el Caribe. La captura del dictador desestabiliza estos pactos de convivencia criminal; la ciencia de la seguridad predice que los carteles satélites podrían iniciar una guerra de sucesión por el control de las rutas del narcotráfico, lo que requerirá una vigilancia internacional sin precedentes en las fronteras venezolanas durante los próximos meses.
El impacto en los mercados energéticos es otra variable científica ineludible. Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, pero su infraestructura está en ruinas. La reconstrucción económica dependerá de la seguridad jurídica para atraer inversión extranjera masiva. Sin un gobierno de transición reconocido legalmente por la comunidad global, los contratos petroleros carecerán de validez, retrasando la recuperación de la producción y, por ende, la entrada de divisas necesarias para alimentar a la población.
Mirando hacia el futuro, el desafío es convertir una victoria táctica militar en una victoria estratégica democrática. La captura de un criminal es un acto de justicia, pero la construcción de una nación es un acto de política. Como estadounidense y dominicano, mi insistencia en la transparencia y el orden legal no nace de una simpatía por el régimen caído, sino del convencimiento de que la libertad solo es sostenible cuando nace del seno de la ley y no del cañón de un fusil extranjero.
La rendición de cuentas debe ser total. El pueblo venezolano merece saber bajo qué acuerdos y con qué garantías se procedió, pues la forma en que se recupera la soberanía dictará el carácter del nuevo gobierno. Solo si logramos que este proceso sea gestionado con total transparencia y bajo el escrutinio internacional, podremos asegurar que el 3 de enero de 2026 sea recordado como el día en que comenzó la verdadera reconstrucción institucional de Venezuela y no como el inicio de una nueva era de inestabilidad.
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