Trump y la erosión del orden (1)

Este primer artículo sostiene que una de las claves del segundo mandato de Donald Trump es la conversión de la contradicción en método de gobierno. Parte de una distinción entre los gobernantes que rectifican por prudencia y aquellos que cambian por cálculo, impulso o afán de dominio, para ubicar a Trump en este segundo grupo. A partir de ahí muestra cómo, desde su discurso inaugural, fue construyendo una imagen de mando absoluto que pronto comenzó a resquebrajarse en la práctica, especialmente en casos como los aranceles masivos y el episodio de TikTok, donde amenazas presentadas como cuestiones decisivas de soberanía o seguridad nacional, terminaron moduladas por conveniencias políticas, económicas o jurídicas.

I. La contradicción como método de gobierno

"La inconsistencia es el único deber para con la verdad". —Oscar Wilde.

Todos tenemos una propensión natural al cambio, ya sea por las vicisitudes del camino recorrido, por los triunfos cosechados o por el deseo de seguir andando con nuevas botas. A lo largo de la historia encontramos gobernantes que cambian porque la naturaleza los dotó de una capacidad singular para aprender, discernir y rectificar juiciosamente ante la complejidad de ciertas circunstancias; rectifican frente a los hechos o, sencillamente, porque el curso mismo de los acontecimientos los obliga a revisar sus certezas.

En el ámbito político, particularmente cuando se trata de naciones capaces de decidir el destino de otras en cuestión de minutos, esa flexibilidad puede ser una manifestación inequívoca de madurez, resiliencia y prudencia.

Frente a ellos encontramos también mandatarios que cambian por cálculo, por conveniencias coyunturales, por una insaciable sed de dominio y preeminencia o, simplemente, por impulsos que escapan al gobierno de sí. En tales casos, y la historia abunda en ejemplos, la contradicción, la refutación de sí mismos y las bruscas sinuosidades deliberadas del trayecto acaban elevadas a método, a una especie de "arte de la conveniencia", como si la política careciera de sentido social, humano y moral o, peor todavía, como si las demás naciones no tuvieran convicciones, libertades, estructuras sociopolíticas ni soberanía sobre sus recursos y territorios.

El segundo mandato de Donald Trump arroja abundante luz sobre este segundo tipo de gobernante, pues entre sus rasgos dominantes destacan la contradicción o el cambio continuo de posición, la resonancia deliberada de sus actos mucho más allá de la Casa Blanca, el gusto por sembrar perplejidad y asombro en los otros, la humillación del interlocutor y la exhibición descarnada de sus intenciones avasalladoras.

No estamos ante un simple bufón inclinado a la exageración ni ante un improvisador cualquiera en asuntos delicados de Estado y de poder. Se trata, más bien, de un jefe de Estado que ha convertido las oscilaciones peligrosas en una singular y errática herramienta de poder, cargada, además, de estridentes incoherencias en la manera de conducir la política.

Pocos advirtieron que, desde aquel esperado discurso inaugural, Trump no hizo más que revelar su propósito de reinstalar una imagen de mando absoluto al prometer de inmediato arancelar a países extranjeros, frenar la censura gubernamental y restaurar la grandeza y el dominio irrestricto de Estados Unidos, recurriendo abiertamente al control, al atropello, a una firmeza elevada a autoridad incuestionable y a una voluntad de poder de la que él sabe que se presenta, en realidad, apenas como portavoz.

A medida que avanzaban sus andanzas, fuimos advirtiendo que la secuencia misma de sus decisiones comenzaba a mostrar al mundo un patrón menos heroico, muy distante de la imagen del supuesto Robin Hood llamado a restaurar el dominio imperial de Estados Unidos en los albores de su mayor grandeza. Esa secuencia se fue revelando, y sigue haciéndolo, como profundamente problemática, y el caso de los aranceles masivos resulta particularmente esclarecedor.

Presentados como prueba irrefutable de soberanía económica y como el mecanismo por excelencia para hacer pagar a otros el costo de sus desatinos guerreristas en diversas regiones del mundo, así como de las enormes deudas y desequilibrios comerciales acumulados, esos aranceles terminaron chocando con un muro institucional de indiscutible envergadura. El Tribunal Supremo negó que la base legal utilizada por el Ejecutivo autorizara semejantes medidas, mucho menos como instrumento para doblegar incluso a sus aliados tradicionales, sin excluir, desde luego, al gigante asiático.

De este modo, la promesa de hierro se topó con la fragilidad de su fundamento jurídico, y lo que fue anunciado como una estrategia de fuerza, con rimbombancia y no menor arrogancia, terminó revelando improvisación normativa, litigios, devoluciones, insólitas medidas recíprocas y un desorden administrativo que desmanteló la aparente claridad del mensaje inicial.

Recordemos el episodio de TikTok, que ilustra esa misma lógica bajo otro ropaje. En un primer momento, la aplicación fue presentada como una amenaza vinculada a la seguridad nacional —ese pretexto que durante décadas fue utilizado como refugio en relación con algunas de las decisiones más costosas y cuestionables de Estados Unidos—, como una plataforma asociada al gran adversario chino y, por tanto, merecedora de severas restricciones.

Para asombro de muchos, no tardaron en llegar las prórrogas, los diferimientos, la retórica de "salvar TikTok" y la búsqueda de una salida corporativa compatible con intereses económicos y políticos. Así, el pretexto de la seguridad nacional terminó desdibujándose entre nuevos nubarrones de amenazas, represalias, vulneraciones del derecho internacional y ese habitual desvío de la mirada cuando otros invocan, según convenga, el artilugio de las Naciones Unidas.

En otras palabras, lo que al principio fue presentado como un riesgo estratégico intolerable terminó siendo tratado con comprensión, parsimonia, cierta razonabilidad jurídica y una flexibilidad tan sorprendente como desmentidora del dramatismo inicial. No estamos diciendo, desde luego, que los gobiernos no deban revisar sus enfoques cuando las circunstancias lo aconsejen.

Lo que este episodio pone de relieve es algo más inquietante, esto es: cuando una administración eleva un asunto a la categoría de amenaza nacional y luego lo modula según su conveniencia, la sospecha de oportunismo desplaza, abierta y descarnadamente, la confianza en la prudencia.