La muerte reciente de un joven a manos de agentes policiales vuelve a evidenciar una realidad que se conoce desde hace décadas: la Policía Nacional no ofrece plenamente protección y seguridad ciudadana. Por el contrario, reproduce patrones de violencia que ponen en riesgo a toda la población.
Desde su origen en la tiranía trujillista, la Policía fue concebida como un organismo represivo y persecutor. Esas raíces institucionales persisten. Los gobiernos posteriores no han desmontado esa lógica; la han reforzado con más armas, vehículos y cuerpos especializados que operan con escasa supervisión, a veces con rostros cubiertos.
La consecuencia es una cultura de impunidad donde el uso letal de la fuerza se justifica con narrativas repetidas: “intercambio de disparos”, “confusión”, “presunto delincuente”. Muchas muertes a mano de la policía han impactado la opinión pública (otras se mantienen invisibles). La reciente muerte del joven de Herrera es la gota que rebosa el vaso. Los cacerolazos y protestas así lo muestran. Cualquier joven que camine por calles y avenidas del país está en riesgo de atracos (policías que le piden todo lo que tiene según relatos y observaciones), despojo de vehículo o ejecuciones letales.
En barrios marginados, niños y adolescentes expresan deseo de ser policías para “tener un arma y poder matar”. La Policía se convierte en modelo aspiracional de poder violento. La legitimación social del ajusticiamiento (muertes de supuestos delincuentes) alimenta un círculo de miedo, porte de armas y violencia comunitaria.
A esto se suma la complicidad de agentes con redes delictivas y de microtráfico, documentada en estudios y reportajes. La persecución selectiva y los asesinatos de “sospechosos” no solo evitan investigaciones judiciales: protegen estructuras criminales que operan en el ámbito nacional.
Según Latinobarómetro 2023–2024, solo entre el 18% y el 22% de la población dominicana expresa confianza en la Policía Nacional, una caída respecto al 24% registrado en 2018. Otras encuestas nacionales recientes muestran cifras similares, confirmando que la institución sigue siendo una de las menos confiables del país. Sin confianza no hay seguridad. Más policías en las calles no significan más protección; significan más armas circulando y más riesgo de violencia letal.
La reforma policial anunciada por distintos gobiernos no ha logrado impactos en el cambio de conducta de la policía ni seguridad ciudadana efectiva. Los problemas de la policía nacional son estructurales y requieren soluciones con este carácter. Se necesita repensar la Policía Nacional en su naturaleza y apuntar a su disolución. Se necesita otro tipo de organismo con un carácter mixto, público-comunitario, descentralizado y con estructuras territoriales que sean monitoreadas permanentemente en su accionar. Igualmente, pensar otro tipo de acciones de control delictivo que no sea el patrullaje que se convierte en cobros compulsivos a negocios, redes de microtráfico, redes de atraco, atracos policiales a personas vulnerables y motoristas con acciones represivas y abusivas. Es una institución que requiere su disolución y creación de otro organismo que rompa con las tramas delictivas que conectan y fortalecen el crimen organizado, igualmente sus prácticas de corrupción, impunidad, delictivas y de violencia presentes en su estructura.
Mientras la Policía continúe operando bajo una lógica de guerra contra la ciudadanía, y sin control/supervisión no podrá ofrecer seguridad. La muerte del joven recientemente asesinado no es un error: es el síntoma de una estructura que debe cambiar desde sus raíces. La ciudadanía está reaccionando con un fuerte rechazo hacia este organismo lo que demuestra su fracaso en la protección ciudadana.
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