Subero Isa y Antoliano Peralta, juridificando el poder

Prueba de estrés para el Estado constitucional

La designación de los doctores Jorge Subero Isa y Antoliano Peralta Romero como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y Ministro de Justicia, respectivamente, no es un mero cambio administrativo. En rigor, representa una prueba de estrés para el Estado constitucional, ya que siempre existe el riesgo de que el Ejecutivo se impaciente ante los límites que el derecho impone, especialmente cuando surgen tensiones derivadas de las exigencias del sistema democrático.

Ambos nombramientos son sumamente pertinentes y oportunos. La alta calidad profesional de estos elegidos refleja la preocupación presidencial por contar con individuos altamente calificados y con una sólida vocación de servicio público al frente de estas cruciales funciones.

Relevancia de los puestos para el ordenamiento jurídico

Estos puestos son de la más alta relevancia para el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo en conformidad con el ordenamiento jurídico, la representación del Estado en la jurisdicción administrativa, el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y la correcta gestión de labores administrativas y registrales, que hasta ahora habían distraído al Ministerio Público de su función primordial, algo que ha sido enmendado tanto constitucional como legalmente.

Retos del Dr. Jorge Subero Isa

En el caso de Subero Isa, su principal reto no es técnico, sino ético y constitucional. Debe ejercer la asesoría jurídica del Ejecutivo como una función de contención, no como una coartada, como él mismo sabe bien. El verdadero jurista del poder no es quien siempre encuentra un argumento para justificar decisiones políticas, sino aquel que recuerda que la legalidad no es un instrumento de conveniencia, sino un sistema de garantías.

Quien presidió la Suprema Corte de Justicia durante más de catorce años entiende que el derecho no se legitima por su eficacia inmediata, sino por su coherencia normativa, su racionalidad interna y su sometimiento a la Constitución. En este sentido, la asesoría jurídica presidencial debe funcionar como un espacio de advertencia razonada, donde la fuerza del mejor argumento, y no la urgencia política, oriente la acción del Estado. Gobernar sin formar y fundamentar jurídicamente las decisiones, que no superen el filtro de la constitucionalidad y legalidad, no es gobernar mejor; es debilitar la democracia desde dentro.

Tener al Dr. Jorge Subero Isa como asesor jurídico del Poder Ejecutivo es un verdadero privilegio, dado su amplia experiencia y valiosos aportes a la institucionalidad del sistema judicial, así como sus competencias profesionales, jurídicas y humanas. Su presencia asegura contribuciones significativas a la juridicidad de las acciones del presidente de la República.

Desafíos del Dr. Antoliano Peralta Romero

Por su parte, el desafío del Dr. Antoliano Peralta Romero es aún más delicado. No asume una institución consolidada, sino un Ministerio de Justicia revivido -disuelto en 1964- cuya legitimidad dependerá menos de su existencia formal que de la forma en que defina sus límites. No se trata de sustituir al Ministerio Público, ni de tutelarlo o interferir en su autonomía. El mayor riesgo radica, en cambio, en la confusión de roles.

El Dr. Antoliano Peralta cuenta con una vasta experiencia como abogado litigante y asesor de múltiples instituciones, así como un profundo conocimiento del derecho electoral, constitucional y administrativo, así como del funcionamiento del poder político. Su trayectoria como consultor jurídico del Poder Ejecutivo durante más de cinco años es formidable, caracterizada por un bajo perfil pero una destacada eficacia, conocimiento e integridad.

Esta rica experiencia es una fortaleza, ya que contribuirá a una comprensión clara de que la justicia no debe ser vista como una extensión del Ejecutivo, ni como una herramienta de corrección política. El Ministerio de Justicia debe funcionar como un espacio de racionalidad institucional, no como una reacción coyuntural.

Emergen así dos puntos cruciales. Primero, la política criminal no puede construirse desde la emoción social ni desde la lógica del castigo inmediato. La expansión desordenada del poder punitivo, la banalización de la prisión preventiva y la confusión entre legalidad y popularidad erosionan el núcleo garantista del Estado de derecho. La justicia no se legitima por aclamación, sino a través de procedimientos justos, decisiones razonables y un respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

En segundo lugar, el sistema penitenciario, que ahora estará bajo la gestión del Ministerio de Justicia, no debe reflejar una justicia que desaparece cuando se piensa que los derechos humanos de los internos no existen o son un privilegio del Estado.

Desafíos comunes

Subero Isa y Peralta Romero comparten, entonces, un desafío común: resistir el decisionismo, esa tentación de reducir el derecho a una mera técnica de validación del poder. El constitucionalismo moderno enseña que la ley no es solo un mandato, sino también un argumento, y que toda decisión pública debe poder justificarse racionalmente ante la ciudadanía. Cuando el poder deja de justificarse y solo se impone, la legalidad se vacía de contenido.

Este es un momento que exige juristas deliberativos, no operadores sumisos; institucionalistas, no estrategas. Ambos comprenden que el derecho existe para limitar al poder y proteger a las personas, y con ello no solo honrarán sus trayectorias, sino que contribuirán a una democracia más reflexiva, menos impulsiva y más fiel a su promesa constitucional.