Soberanía de las personas

En el contexto democrático de derecho, el concepto de soberanía es objeto de una profunda reinterpretación frente a los desafíos de la globalización, la interdependencia económica y el desarrollo tecnológico. En este escenario, el presidente francés Emmanuel Macron ha sustentado una tesis sobre la necesidad de repensar la soberanía más allá de sus límites tradicionales, en el entendido de que esta no es solo estatal y no reside ni se agota exclusivamente en el pueblo, sino que su finalidad es proteger la libertad, la seguridad y la capacidad de decisión de cada persona.

En sus intervenciones, ha enfatizado que la verdadera soberanía en el siglo XXI radica en la capacidad de los ciudadanos para decidir sobre sus condiciones de vida, acceder a derechos efectivos y participar en las decisiones que les afectan, tanto en el ámbito nacional como en el supranacional. Este enfoque refuerza la idea de una soberanía centrada en la persona, en la que el poder político adquiere legitimidad en la medida en que garantiza condiciones reales de libertad, igualdad y participación.

La noción de soberanía ha ocupado un lugar central en la teoría política y constitucional desde la consolidación del Estado moderno. Tradicionalmente, se ha concebido como el poder supremo e indivisible que reside en el Estado o en el pueblo como ente abstracto. Sin embargo, las transformaciones políticas, sociales y jurídicas de los últimos siglos han impulsado una reconfiguración de este concepto, dando paso a una visión más centrada en las personas.

En este contexto, la soberanía de las personas emerge como un principio fundamental del Estado social y democrático de derecho, en el que cada individuo es reconocido como titular de derechos, portador de dignidad y actor activo en la construcción del orden político.

Desde una perspectiva histórica, la evolución hacia la soberanía de las personas encuentra sus raíces en el pensamiento filosófico de John Locke, el cual sostuvo que el poder político no es inherente a los gobernantes, sino que emana del consentimiento de los gobernados, quienes conservan derechos naturales inalienables. A su vez, Juan Jacobo Rousseau desarrolló la idea de la soberanía popular, entendida como la expresión de la voluntad general. Aunque estas concepciones colocaron al pueblo como fuente del poder, su perspectiva era colectiva, sin destacar plenamente la centralidad del individuo como sujeto político autónomo.

La consolidación del constitucionalismo moderno y la expansión de los derechos humanos marcaron un punto de inflexión en esta evolución. La persona dejó de ser vista únicamente como parte de un colectivo para convertirse en el eje del orden jurídico. En este sentido, el pensamiento de Immanuel Kant resulta clave, al afirmar que el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio para otros fines. Esta concepción filosófica sentó las bases para el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de los derechos fundamentales y, en consecuencia, como núcleo de la soberanía individual.

En el marco del Estado social y democrático de derecho, la soberanía de las personas se manifiesta en el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales y en la posibilidad real de participación en los asuntos públicos. No se trata únicamente de una declaración formal, sino de una exigencia material que implica garantizar condiciones de igualdad, libertad y justicia. Así, la soberanía deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una práctica cotidiana, en la que los ciudadanos ejercen su capacidad de decisión a través del voto, la deliberación pública, la organización social y otros mecanismos de participación.

En el caso de nuestra Constitución, se establece que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado. No obstante, una interpretación actualizada de esta disposición permite afirmar que dicha soberanía se concreta en cada persona, en tanto titular de derechos y deberes, así como partícipe del orden democrático. De este modo, la soberanía de las personas se articula con el principio de dignidad humana, reconocido como fundamento del sistema constitucional, y con el deber del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

La soberanía de las personas también implica una transformación en la relación entre el Estado y la ciudadanía. El ciudadano deja de ser un sujeto pasivo, inerte o receptor de actos y decisiones administrativas, para convertirse en el legítimo dueño y señor del interés general, en un agente activo con capacidad de incidir en la toma de decisiones.

No obstante, la realización efectiva de la soberanía de las personas enfrenta importantes desafíos, especialmente en contextos marcados por desigualdades sociales, exclusión y debilidad institucional. La brecha entre el reconocimiento formal de los derechos y su ejercicio real limita la capacidad de los individuos para ejercer su soberanía. Factores como la pobreza, la falta de acceso a la educación, la desinformación y la corrupción pueden obstaculizar la participación ciudadana y debilitar la legitimidad del sistema democrático. En este sentido, la soberanía de las personas no puede entenderse al margen de las condiciones materiales que hacen posible su ejercicio.

En el contexto actual, la interconexión global plantea retos a la capacidad de los Estados para garantizar los derechos de sus ciudadanos, mientras que las plataformas digitales abren oportunidades para nuevas formas de participación, pero también riesgos relacionados con la manipulación de la información y la vulneración de la privacidad. En este escenario, se hace necesario repensar la soberanía desde una perspectiva que integre lo local y lo global, así como lo presencial y lo virtual.

Para concluir, la soberanía de las personas representa una evolución significativa del concepto tradicional de soberanía, al situar en el centro del sistema político a la persona humana como sujeto de derechos y actor fundamental de la democracia. Su realización efectiva requiere no solo el reconocimiento jurídico de los derechos, sino también la creación de condiciones que permitan su ejercicio pleno, incluso en contextos adversos como la desigualdad, la crisis global o la guerra.