De moda, otra vez, los “intercambios de disparos” policías-presuntos delincuentes callejeros, con aval de la “mano dura” reclamada por opinantes mediáticos y acogida sin rechistar por el presidente Luis Abinader.
La PN eliminó 142 hombres durante los primeros seis meses de 2026. En septiembre, 55, el 44% de los 125 homicidios registrados. Octubre va ardiente.
La demanda de la singular acción policial brota cuando la delincuencia desborda su nido habitual (barrios de clase media y baja) y afecta intereses de los perfumados en los sitios céntricos de las ciudades donde se exhibe el glamur, los servicios básicos están normalizados y la seguridad se debe ver y sentir. Y cuando eso se pone en juego, la presión del poder económico sobre el Ejecutivo se vuelve insoportable.
Fuera de ahí, para los tomadores de decisiones y muchos ciudadanos que confunden el árbol con el bosque, ese mal estructural no existe o es irrelevante, aunque siga hirviendo a borbotones.
En los barrios del país, cada día es azaroso: falta de viviendas y lugares para el entretenimiento y deportes; hacinamiento, mucha basura putrefacta, aguas sanitarias en cualquier rincón, escaso acceso a agua potable, pobre servicio eléctrico, calles polvorientas, desempleo, ruido, desesperanza… Síntesis de todo lo inhumano.
Un océano de problemas por los siglos de los siglos, sin expectativas de solución, ha llevado a mucha gente a perder el aprecio por la vida.
Tanta vulnerabilidad desatendida es justo el terreno fértil y abonado para que germine y crezca fuerte el narco y otras mafias; el consumo de drogas prohibidas, el robo en todas sus formas, las riñas, la perversión generalizada.
La violencia y otros males, entonces, no cayeron del cielo. Son una construcción en la tierra por parte de un experto, el Estado, que no garantiza derechos humanos fundamentales para la vida digna de los desposeídos.
En realidad, el esfuerzo estatal es efectista. Está orientado a enfriar la delincuencia. Obligarla a tiro limpio a recular desde el centro, territorios ajenos, hasta sus nichos cotidianos.
El Gobierno sabe que, una vez más, lo suyo es un operativo que, como tal, solo aplaca temporalmente el vendaval. Las causas del mal siguen intactas y, más temprano que tarde, resurgirá, tal vez, con más fuerza sin importar poder represivo.
Es que la frase cultura de prevención es una gran ausente en el discurso oficial. No conviene.
La prevención resuelve los problemas desde la raíz y no reditúa beneficios a la mala política en tanto es de largo aliento. En nada coyuntural. Cierra las brechas al caciquismo político con máscara de filántropo que, con base en el erario, aúpa la mendicidad expresada en las dádivas, unos cuantos pesos, la comida del día, hojas de zinc, un piso de cemento y unas cuantas tablas de pino barato con fines electoreros. Para existir, los malos políticos necesitan el “alimento” de la pobreza muldimensional, el hambre, la vulnerabilidad, la dependencia, la ignorancia… y hasta la delincuencia barrial.
Pedernales es un ejemplo. La delincuencia gana terreno, el consumo de estupefacientes y la prostitución, incluida de adolescentes, también (las noches y hasta los días en el parque central y la zona institucional lo reafirman). Varios jóvenes han desaparecido en la región; otros, han fallecido en confrontaciones por drogas. Las travesías marítimas hacia Colombia se vuelven rutinarias; la “pesca” en las costas también. El irrespeto a las normas se generaliza.
A la juventud solo le van dejando el camino hacia las discotecas, los bares, las barras, la búsqueda, mientras el narco enamora.
Pese a las advertencias del caos irreversible que se instala, las autoridades no lo ven.
En la provincia, ahora en modo turismo, no existe siquiera un proyecto de prevención de uso indebido de drogas, ni campos deportivos que motiven a la juventud siquiera disipar la desesperanza porque lucen como potreros abandonados. El Gobierno no se digna en equipar y consolidar la academia y la banda de música, pese a la pasión de los muchachos y las muchachas. Nadie hace caso a la demanda de un centro cultural. La ecuación monotonía-politiquería desesperan. La siembra de violencia es grande.
Urge inversión social, salvo que se quiera llegar al momento de los “intercambios de disparos”.
Entretanto, el edificio de la Gobernación, sólido y sin vicios de construcción, construido a mediados de los 50 por el régimen de Trujillo, entra ahora a una inoportuna segunda remodelación en menos de cuatro años.
El 24 de febrero de 2023, el entonces ministro de Interior y Policía, Jesús Martínez (Chu) entregó el edificio remozado en cuanto a “reparaciones de techos, baños y cocinas, reemplazo de tuberías, cableados y ventanas, instalación de puertas corporativas con el logo institucional del Estado”.
Según la información oficial, el remozamiento se hizo en el marco de un programa de remodelación de 15 locales de gobernaciones a un costo 95.6 millones de pesos. Las intervenciones costaron entre 6 y 11.9 millones, según el nivel de deterioro.
Diferente al absurdo plan de otra remodelación a la sede de la Gobernación, resulta plausible, aunque haya sido por años de reclamos, el anuncio de demolición del edificio de oficinas públicas para construir uno nuevo que, esperamos, se concrete y sea arquitectónicamente apreciable. Don Curú, el emblemático oficial civil del municipio, debe de estar contento en la tumba. Tras llegar de la oficina, siempre advertía sobre la probabilidad de una tragedia por construcción tan viciada.
El colapso era predecible. Fue hecho a la carrera luego del poderoso huracán Inés del 29 de septiembre de 1966, a un costo de 67 millones de pesos (a la par con el dólar), con arena de la playa local (a la que dejaron gravemente herida) y otros materiales de poca resistencia. Lo inauguró el presidente Balaguer el 7 de septiembre de 1968.
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