Sí, a la justicia. No, al escuadrón de la muerte

La República Dominicana tiene evidencias de la diversidad de avances que ha experimentado después de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Estos progresos le han permitido aproximarse a cambios en los ámbitos socioeducativos, económicos, políticos y culturales. Los avances del país no han sido profundos, pero lo han colocado en una ruta que lo compromete con la definición de políticas y metas que no le permitan retroceder ni dejarse vencer por la desidia. En este contexto, participamos de esfuerzos para adecentar la justicia dominicana.

El poder judicial, a pesar de los esfuerzos desplegados para que avance en libertad y autonomía con respecto al poder político y al poder económico, muestra un comportamiento extraño ante los ajusticiamientos continuos de la Policía Nacional. El cuerpo policial, que en teoría es un custodio de la población, está afirmando, una vez más, su poder como instancia comprometida con la muerte; pero, con la muerte de los más vulnerables. No toca a los de cuello de lino, aunque hayan robado miles de millones al Estado Dominicano. Nos interesa que respete los derechos de todos, a los que no tienen cuellos de lino y a los que lo tienen.

Le decimos sí a la justicia, porque esta es la que debe regir en una sociedad cuyo sistema quiere acercarse a la democracia. Por ello, nos resulta inquietante que el Poder Judicial y el Ministerio Público no se pronuncien con respecto a las ejecuciones que la Policía Nacional asume como cultura. Nos preocupa, también, que el presidente de la República no emprenda ninguna acción para cambiar los procedimientos de la Policía Nacional. La sociedad civil, también, está dormida o paralizada. Es inaguantable la información cotidiana sobre intercambios de disparos que no se investigan, que se lanzan como eslogan paran justificar asesinatos.

No apoyamos ni alentamos ningún tipo de delincuencia. La delincuencia de los pobres, de los ricos, de los políticos, de los empresarios, de representantes eclesiales, jamás la respaldaremos. Por el contrario, lo que deseamos y necesitamos es que haya justicia orgánica; que se desarrolle y se respete el debido proceso. No podemos continuar contemplando cómo la Policía Nacional quita la vida a personas adultas, jóvenes y adolescentes, como si ésta fuera la sustituta de la justicia. Y lo es, porque ninguna instancia gubernamental, legislativa o judicial se pronuncia abiertamente sobre las ejecuciones que están sucediendo en nuestro país.

Esta situación incide en la educación de la población, en la educación preuniversitaria y en la educación superior. Se está enviando un mensaje explícito a los estudiantes, a los docentes y al personal administrativo de estas instituciones: la justicia en la República Dominicana es una ficción, el poder policial está por encima de la justicia. Este es un mensaje poderoso que cambia los valores de la sociedad. Al producir alteración en la dimensión valorativa, las secuelas de esta situación de traduce en violencia incontenible en las instituciones, en los espacios sociales y educativos. Esta realidad convierte la paz en un bien inalcanzable. Asimismo, convierte la justicia en un retazo de principios y de valores.

Lo más grave de esta situación es que, mientras se abre espacio a la policía como Escuadrón de la muerte, se achican las oportunidades, se vuelven más escasas las esperanzas de los jóvenes, de las familias. La delincuencia será cada vez más baja, si los jóvenes, además de educación, encuentran oportunidades para descubrir y potenciar sus talentos; si cuentan con el derecho de participar de los bienes y servicios que les corresponden como humanos y como ciudadanos. Nuestro rechazo al poder mortífero de la Policía Nacional no es emocional. Es una desaprobación producto de un seguimiento sistemático a sus prácticas que lesionan los derechos y la dignidad de las personas aún hayan cometido errores graves. Es la justicia, cuando la haya, la que debe actuar y juzgar con transparencia y respeto.

Las instituciones que propugnan por la institucionalidad y la democracia deben de pronunciarse. Es tiempo de superar el miedo y colaborar para que la sociedad dominicana sea más civilizada y humana. Cabe preguntarse dónde están las instituciones de educación superior, por qué no analizan y reflexionan, de forma crítica y propositiva, sobre esta degradación judicial y el poder omnímodo de la Policía Nacional sobre la vida de los más pobres. Su poder no llega a los de estirpe noble, aunque hayan desangrado al Estado dominicano.

Atención, reitero que no justifico la muerte para ninguno, pero es importante hacer notar la libertad del gatillo contra unos; y el cuidado y la complacencia para otros. Los residuos de la dictadura de Trujillo tienen su réplica en el comportamiento de la Policía Nacional. Como educadora, como rectora de un instituto de educación superior, declaro tolerancia cero a la supremacía policial con respecto a la justicia del país. Solicitamos a los representantes de la justicia dominicana que, por respeto al pueblo, dejen de respaldar con su silencio los desafueros de la Policía Nacional.

Los que dirigen la Reforma de la Policía Nacional deben darse cuenta de que el trabajo que realizan cae en el vacío, si no toman postura ante el comportamiento de la Institución que pretenden transformar. Ninguna reforma cosmética va a mejorar la dinámica de una entidad que desconoce la justicia en la República Dominicana. Sí, a la justicia orgánica. No, al Escuadrón de la muerte.