El 16 de diciembre del 2016 explosionó ante el pais el escándalo de los sobornos de Odebrecht. La alarma sin precedentes causada hizo que la clase media reaccionara con airada protesta y la Marcha Verde se constituyó en la vía de expresar su indignación. Ya el 31 de enero del 2017 publique, en el naciente digital de Somos Pueblo, el articulo “El intacto ego del ladrón” donde se registraba gran parte de los timos de Odebrecht al erario dominicano. Ahora, ocho años después, está por verse si el mayúsculo fraude de SENASA desbordará el repudio anterior y si la reacción ciudadana logrará consolidar la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El consiguiente escandalo ha estremecido la opinión pública, Ya que en mayo 2021 la DIGEIG otorgo 100 puntos en transparencia a la entidad, no se esperaba tal suceso. Tampoco se esperaba en un gobierno en que la lucha contra la corrupción y la transparencia ha sido el principal estandarte de validación política. Si bien sabemos que erradicar toda la corrupción de cualquier gobierno es una quimera, nadie se imaginaba que saldría a la luz un robo tan colosal como el infligido a SENASA y a los sectores más vulnerables de la población. El Ministerio Publico alega que el mismo supera los RD$15,000 millones. Pero abundan los rumores de que la suma es mucho mayor. La Procuradora Yeni Berenice ha adelantado que no serán solo once imputados y que “el equipo de investigación trabajará sin descanso para obtener sanciones penales ejemplarizadoras y lograr que el Estado decomise y sea restituido cada peso del cual se cometió la malversación.”.
La prensa reporta que algunos de los imputados han ofrecido devolver cuantiosas sumas y que han colaborado con la investigación. Al menos tres de ellos han señalado a Santiago Hazim, el director de SENASA durante los últimos cinco años, como el cabeza y mayor beneficiario del entramado de corrupción detectado. La repercusión política de tal acusación no se ha hecho esperar: Hazim alega que recibía dinero para las campanas del PRM del cual es vicepresidente. Si el PLD tuvo a Punta Catalina como su mayor mancha de corrupción y el PRD a Baninter, SENASA podría ser la infamia del presente gobierno.
Hoy el partido de gobierno está emplazado a responder tanto a las acusaciones de que usa dinero del narcotráfico como por el caso de SENASA. Pero la conclusión obligada es que el desafío cívico causado por SENASA y sus antecesores involucra a los tres principales partidos y ahonda aún más la desconfianza de la ciudadanía en nuestros partidos políticos. “Un informe elaborado por Participación Ciudadana, en colaboración con la Unión Europea y basado en los resultados de la Encuesta en Cultura Democrática 2024, indica que, en sentido opuesto de las métricas, los partidos acumulan el porcentaje más alto de desconfianza extrema: un 43.9% de la ciudadanía afirma que no confía “nada” en ellos.”
El otro estamento desafiado por este mayúsculo fraude de SENASA es la misma justicia. En semanas recientes se reportó que Maxi Montilla, el principal imputado en el caso Antipulpo, escapó a una condena de cárcel porque devolvió RD$3,000 millones, valiéndose del fatídico “criterio de oportunidad”. De ahí que exista latente una generalizada insatisfacción con los resultados de los procesos seguidos contra imputados del anterior gobierno. En general, ese tipo de desenlace judicial no debería ser posible y la estentórea indignación de la ciudadanía en esta ocasión de SENASA así lo consigna. Si bien el Juez Ortega, quien ofició como juez de Instrucción de la Suprema Corte en el caso de Odebrecht, sentenció que la corrupción es imprescriptible, también este reciente escándalo reclama una modificación del “criterio de oportunidad” para que no haya absolución de la pena y los culpables no puedan escapar la cárcel. Se les puede incentivar a colaborar solo con menor tiempo de cárcel, pero nunca con total absolución.
Algunas voces fanatizadas han señalado que en el fraude de SENASA esta involucrado el presidente Abinader. Pero de lo que se sabe se puede inferir que eso es una venenosa calumnia. Al responder preguntas en La Semanal el mismo aclaró que tenía “amigos, pero no cómplices”. Aseguró que había enviado el expediente al Ministerio Publico en noviembre del 2024 y que, por tanto, no podía emitir opiniones sobre el caso. Circula la versión de que esa remisión que solicitaba una investigación del Ministerio Publico sucedió tras recibir una información de SISALRIL sobre la corruptela en SENASA. Ante la acusación del Ministerio Publico el presidente ha constituido al Estado en parte civil, encargando al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, para reclamar todos los fondos sustraídos y ha nombrado una comisión, presidida por un profesional de alta credibilidad, para establecer más estrictos controles en las operaciones de SENASA en el futuro.
Pero la lección que se deriva de las actuaciones presidenciables contra la corrupción y la impunidad es que esas medidas deberán ser complementadas por otras. Por ejemplo, hay instituciones que por su abultadas operaciones deben ser auditadas con mayor frecuencia, tal vez cada seis meses, por la Cámara de Cuentas, además de ser inspeccionadas por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la Republica. SENASA encabezaría la lista, pero también el MINERD y el INABIE, entre otras. Y Compras y Contrataciones y la DGEIG deben tener unidades especiales en su personal para auscultar esas dependencias del Estado con periodicidad.
El enorme reto al gobierno que presenta el caso de SENASA amerita que el presidente Abinader siga dando evidencia de su compromiso con la transparencia por lo que resta de su actual periodo de gobierno. Debe poner atención e investigar las denuncias que han aflorado en las redes sociales últimamente, tales como 1) la alegada contratación del artista puertorriqueño Ricky Martin y su equipo para amenizar la fiesta de Navidad 2025 del Banreservas, y 2) la injustificada compra de costosísimas yipetas de alta gama para funcionarios que deberían movilizarse en transporte público. También deberá rendirse cuenta sobre los 276 casos que la DGEIG ha referido al MAP y los 50 al Ministerio Público. Es preciso que haya una respuesta sobre las investigaciones correspondientes porque no ha trascendido nada en los medios de comunicación sobre esto. Ya la lucha ciudadana no se centra en lograr la libertad de expresión y la instauración de la democracia: debe centrarse en el combate a la azarosa corrupción y la impunidad.
Al ponderar el caso de SENASA al ciudadano le quedara la sospecha de que podrían existir otros casos de mayúscula corrupción en el presente gobierno que no se han detectado. Y que este caso y los de otros empañaría el legado histórico de la vigorosa lucha contra la corrupción y la impunidad que ha protagonizado el presidente Abinader. La experiencia de anteriores periodos de gobierno sugiere que los últimos dos años de despedida de una administración son especialmente vulnerables a que se desate una oleada de corrupción en el funcionariado que ve aproximarse su destete. Tal vez si el presidente le ordena al DNI monitorear, junto a la DGEIG, la pulcritud moral de los funcionarios, en vez de sus actuaciones políticas partidaristas, podría aminorarse el peligro de los robos al erario. La lucha debe continuar con más fuerza ahora.
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