El reciente y ampliamente divulgado caso de presuntas irregularidades administrativas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), ha reactivado el debate público en torno a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en las instituciones que administran recursos públicos, particularmente aquellas vinculadas a servicios esenciales como la salud. La gravedad del señalamiento, sustentada por el Ministerio Público, las investigaciones periodísticas especializadas y amplificada por los principales medios de comunicación nacionales provocó una respuesta directa del Poder Ejecutivo, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, quien dispuso la creación de una comisión técnica especial destinada a evaluar, fiscalizar y reorganizar los procesos internos del seguro estatal.
En el plano judicial, el Ministerio Público informó que la investigación sobre las presuntas irregularidades en SeNaSa se instrumenta bajo la denominación de “Operación Cobra”, un proceso orientado a identificar, documentar y someter ante la justicia posibles esquemas de fraude, violaciones administrativas y uso indebido de fondos públicos. De acuerdo con lo expuesto por el órgano acusador, la investigación se sustenta en levantamientos técnicos, análisis financieros exhaustivos y recopilación de evidencias documentales que apuntan a prácticas contrarias a la normativa vigente en la gestión de los recursos del seguro estatal.
La instrucción presidencial abarca aspectos neurálgicos del funcionamiento financiero y administrativo del SeNaSa. Entre los puntos de mayor relevancia se encuentran los regímenes de financiamiento, así como las modalidades de contratación y los mecanismos de pago empleados en la prestación de los servicios de salud, elementos determinantes para garantizar la sostenibilidad del sistema y prevenir desviaciones que comprometan la eficiencia, la equidad y la cobertura a los afiliados.
Asimismo, se dispuso examinar el cumplimiento de los compromisos financieros asumidos por el SeNaSa, en especial aquellos relacionados con autorizaciones médicas y reembolsos, así como la situación de la disponibilidad bancaria, incluyendo saldos, inversiones en curso y eventuales cancelaciones. Estas medidas persiguen asegurar una administración responsable, transparente y alineada con el interés público.
Otro componente clave de la instrucción presidencial se concentra en las compras administrativas, estableciendo la obligación de cumplir estrictamente con el registro de los contratos en el sistema de la Contraloría General de la República y con los principios rectores consagrados en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas vigente.
La comisión designada por el presidente Abinader está integrada por profesionales de reconocida trayectoria e integridad en áreas estratégicas de la administración pública, la seguridad social, la salud, el derecho y la sociedad civil. La misma es coordinada por el doctor Arismendi Díaz Santana e integrada por el doctor Pedro Ramírez Slaibe y el licenciado Federico Lalane José; el doctor Alexis Read, magistrado, quien se incorporará una vez concluya sus funciones en la Suprema Corte de Justicia; y la licenciada Nora Elizabeth Sánchez Padilla, excoordinadora general de Participación Ciudadana. La composición de este equipo busca aportar credibilidad técnica, probidad, independencia y rigor al proceso de evaluación y fortalecimiento del control interno del SeNaSa.
Desde una perspectiva organizacional, el presidente de la República enfatizó la necesidad de un diseño orgánico más funcional que garantice la celebración ordinaria y oportuna de las reuniones del Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud. En ese mismo orden, se subrayó la obligatoriedad de la publicidad de las actas, resoluciones y certificaciones emitidas por dicho órgano colegiado, como expresión concreta de transparencia y rendición de cuentas.
Como parte de esta hoja de ruta institucional, el mandatario instruyó al ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah, en su condición de presidente del Consejo Nacional del SeNaSa, a convocar a sus miembros en un plazo no mayor de noventa (90) días, conforme a lo establecido en el artículo 159 de la Ley núm. 87-01 y en el Reglamento Orgánico del Seguro Nacional de Salud, con el propósito de presentar una propuesta de reforma integral que fortalezca las atribuciones, la estructura interna, el régimen de responsabilidades y los mecanismos de toma de decisiones.
Este episodio, más allá de su impacto mediático inmediato, constituye una oportunidad para robustecer la institucionalidad, mejorar la gobernanza del sistema de salud y reafirmar el compromiso del Estado dominicano con la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos. La Operación Cobra, junto con la comisión técnica creada por el Poder Ejecutivo, podría marcar un punto de inflexión en la gestión del SeNaSa y enviar un mensaje inequívoco de que la lucha contra la corrupción debe traducirse en acciones firmes, sostenidas y ejemplarizantes, especialmente cuando está en juego un derecho fundamental como la salud.
En definitiva, la persecución efectiva de la corrupción no admite ambigüedades ni dilaciones: exige investigaciones profundas, procesos judiciales transparentes y sanciones proporcionales para quienes resulten responsables. Permitir que hechos de esta naturaleza queden impunes no solo debilita la confianza ciudadana en las instituciones, sino que erosiona el Estado de derecho y normaliza el uso indebido de recursos que pertenecen a todos. Castigar la corrupción no es un acto de revancha política, sino una obligación ética y legal del Estado, indispensable para proteger el interés público, preservar la credibilidad institucional y sentar un precedente claro de que, en la República Dominicana, nadie está por encima de la ley y toda desviación de los fondos públicos tendrá consecuencias.
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