¡Santiago vive en vigencia de planes estratégicos y ordenamiento!

Diversos medios de comunicación de circulación nacional han difundido informaciones sobre la firma de un acuerdo promovido bajo la denominación de “Santiago Ciudad Viva 2035”, iniciativa que surge en pleno período de vigencia del Plan Estratégico de Santiago (PES 2030) y del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago (POTSA 2030), instrumentos oficiales aprobados de manera unánime por los 41 regidores del Ayuntamiento de Santiago y reconocidos como marcos orientadores del desarrollo municipal.

Hasta la fecha, no se conoce públicamente ninguna evaluación integral, objetiva y participativa que haya determinado el agotamiento, insuficiencia o necesidad de sustitución de dichos instrumentos. Por el contrario, continúan constituyendo las principales referencias institucionales para la planificación estratégica y territorial del municipio.

Según sus promotores, la iniciativa será presentada en el Auditorio de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con la participación de representantes de sectores públicos, empresariales, académicos y sociales. Se ha informado que procura articular una visión compartida del desarrollo urbano de Santiago y su área metropolitana, siendo impulsada por la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI).

Sin embargo, llama la atención que una propuesta de esta naturaleza haya sido anunciada sin que previamente se conozcan, de manera pública y transparente, sus documentos técnicos, diagnósticos de referencia, metodologías de trabajo, indicadores de seguimiento, mecanismos de gobernanza, esquemas de financiamiento o articulación formal con los instrumentos de planificación actualmente vigentes.

Tampoco existe evidencia pública de que la iniciativa haya sido conocida en profundidad por el Concejo Municipal, los diputados de la provincia, el Senado de la República ni por numerosos actores institucionales vinculados históricamente a los procesos de planificación estratégica de Santiago. Menos aún se ha difundido ampliamente el contenido del pacto para fines de consulta y discusión ciudadana.

Desde una perspectiva de gobernanza territorial, esta situación genera interrogantes legítimas. Las ciudades modernas requieren procesos de planificación sustentados en marcos institucionales sólidos, participación plural, transparencia y respeto a las competencias legalmente establecidas. Cualquier iniciativa que aspire a incidir en la organización territorial de una ciudad debe demostrar claramente cómo se integra a la institucionalidad existente y cómo contribuye a fortalecerla.

Una de las primeras preguntas que surge se relaciona con el propio concepto utilizado como eje de comunicación: “Ciudad Viva”. Si bien se trata de una expresión atractiva desde el punto de vista publicitario, no constituye una categoría reconocida dentro de los principales sistemas internacionales de planificación urbana, ordenamiento territorial o gobernanza metropolitana.

Organismos como ONU-Hábitat, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) emplean conceptos tales como ciudades sostenibles, resilientes, inteligentes, inclusivas, competitivas o policéntricas, todos ellos acompañados de metodologías, indicadores y mecanismos verificables de evaluación.

Autores de referencia en planificación urbana y desarrollo territorial como Jordi Borja, Manuel Castells, Sergio Boisier, Joan Subirats, Grethel Castellanos, Roberto Capote Mir, Tony Puig y Andy Stalman han insistido en que las visiones de ciudad deben construirse sobre procesos institucionales acumulativos, consensos sociales duraderos y sistemas de indicadores medibles, no únicamente sobre narrativas comunicacionales o marcas territoriales.

Asimismo, diversos especialistas vinculados al urbanismo y al ordenamiento territorial han expresado preocupación por la ausencia de una explicación detallada sobre la relación que esta iniciativa mantendría con los instrumentos actualmente vigentes, entre ellos el PES 2030, el POTSA 2030, el Plan de Resiliencia Urbana y Climática y los demás instrumentos derivados de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

En términos metodológicos, toda nueva propuesta debería comenzar con una evaluación rigurosa de los avances, limitaciones, lecciones aprendidas y resultados alcanzados por los planes existentes. La planificación contemporánea no consiste en sustituir instrumentos vigentes mediante nuevas denominaciones, sino en fortalecer la continuidad institucional, preservar la memoria técnica y mejorar progresivamente los mecanismos de gestión.

Otro aspecto que merece atención es el anuncio de un supuesto Plan Integral de Desarrollo Urbano 2035. Hasta donde se conoce, esta figura no aparece expresamente contemplada dentro del sistema de instrumentos de planificación establecido por la Ley 368-22. Por tanto, corresponde explicar con claridad cuál sería su naturaleza jurídica, su jerarquía normativa y su relación con los instrumentos legalmente reconocidos.

La propia Ley 368-22 establece en sus artículos 19 al 28 los principales instrumentos del sistema nacional de ordenamiento territorial: el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, los Planes Regionales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial y los Planes Especiales de Impacto Supramunicipal. En consecuencia, cualquier nueva herramienta metodológica debería demostrar su compatibilidad con este marco jurídico y con los reglamentos que lo desarrollan.

También ha generado interrogantes la reaparición del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) como actor central del proceso. La participación académica siempre resulta valiosa y necesaria; sin embargo, su integración debe producirse dentro de una arquitectura institucional claramente definida, evitando superposiciones de funciones y garantizando la transparencia en la toma de decisiones.

De igual manera, diversos observadores han expresado preocupación respecto al papel que estarían desempeñando consultoras privadas en ámbitos tradicionalmente coordinados por organismos institucionales permanentes como el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), la Oficina Técnica Coordinadora y las comisiones técnicas conformadas por centenares de ciudadanos e instituciones que han participado durante décadas en la construcción de consensos urbanos.

La experiencia internacional demuestra que las consultorías especializadas pueden aportar capacidades técnicas y conocimientos de alto nivel, pero no sustituyen las competencias legales de los órganos públicos ni los mecanismos permanentes de gobernanza territorial. Las ciudades más exitosas son aquellas que fortalecen sus instituciones, consolidan capacidades propias y garantizan la continuidad de sus políticas públicas más allá de coyunturas específicas.

La discusión de fondo no radica en si Santiago necesita una nueva marca, un nuevo eslogan o una nueva narrativa urbana. La verdadera cuestión consiste en determinar si las iniciativas emergentes contribuyen a fortalecer la institucionalidad construida durante décadas o si, por el contrario, generan fragmentación, duplicidad de esfuerzos y debilitamiento de los espacios formales de planificación.

Las ciudades que han logrado mayores niveles de desarrollo sostenible, competitividad y cohesión social son aquellas que respetan la continuidad de sus procesos, acumulan conocimiento institucional, fortalecen la participación ciudadana y someten sus decisiones a mecanismos transparentes de evaluación y rendición de cuentas.

Santiago merece conocer los documentos técnicos, las metodologías, los diagnósticos, los indicadores, los mecanismos de gobernanza y los fundamentos jurídicos de cualquier iniciativa que pretenda influir en su futuro territorial. La transparencia, el debate público informado y el respeto a la institucionalidad constituyen requisitos indispensables para garantizar que toda propuesta contribuya efectivamente al desarrollo sostenible de la ciudad y de su área metropolitana.

La historia reciente de Santiago demuestra que sus mayores avances han sido fruto de la planificación participativa, de la cooperación entre sectores y del fortalecimiento continuo de sus instituciones. Preservar y perfeccionar ese legado constituye una responsabilidad colectiva que debe prevalecer sobre cualquier iniciativa coyuntural o paralela que no haya demostrado todavía su legitimidad técnica, jurídica y social.