Para comprenderlo es útil recordar que esta reforma inició por un reclamo hace ya 15 años del sector empleador de equilibrar los costos laborales, puesto que la Ley 87-01 que creó el Sistema de Seguridad Social (SDSS) los aumentó considerablemente con las cotizaciones a cargo de los empleadores de un 70 % del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, así como el de salud, y en un 100 % del seguro de riesgos laborales; puesto que al momento de aprobar esta trascendental reforma se dejó pendiente la tarea de hacerlo, incluyendo simplemente un párrafo transitorio en el artículo 50 sobre la pensión por cesantía, que dejaba en manos del Consejo Nacional de Seguridad Social promover en coordinación con el Gobierno, empleadores y trabajadores, en un plazo no mayor de 18 meses, todo lo relativo a la cesantía laboral, lo que sabemos no se hizo.
Esto ha profundizado la informalidad laboral, puesto que, a pesar de que se han aprobado diversas amnistías respecto del pago de las cotizaciones del SDSS con la finalidad de lograr que empleadores con moras puedan ponerse al día y mantenerse dentro del sistema, según las propias centrales sindicales destacan en un estudio sobre el impacto de la seguridad social en las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes), publicado en el año 2021, "se observa que solo el 7 % de estas empresas están registradas en la seguridad social. Por lo cual, podemos colegir automáticamente que el 93 % de estas empresas no garantiza los derechos de protección social que ofrece el Sistema Dominicano de Seguridad Social a los/as trabajadores del país." Al mismo tiempo sabemos que el 98,5 % de las empresas registradas en la Dirección General de Impuestos Internos son mipymes, por lo que resulta evidente el impacto de esta falta de cotización en la protección social de los trabajadores, e igualmente sabemos que la razón es económica, como lo es también para la solicitud que han expresado de modificaciones a la cesantía.
A pesar de que el sector empleador hizo propuestas que respetan los derechos adquiridos hasta la fecha en que se apruebe la reforma, y que mantendrían la cesantía sin cambios en alrededor de un 90 % de los casos, puesto que, contrario a lo que se ha querido hacer creer, lo que buscan es poner topes en años acumulados y montos de salarios, la actitud del sector laboral ha sido de un rotundo "no la toquen", y la del Gobierno y la oposición, la de sumarse a esta, por el gran temor que tienen al costo político, sin pensar que sería más importante hacer llegar el mensaje a la población de que es necesario realizar algunas reformas ahora para garantizar que la protección social sea más inclusiva y evitar que aumente la desprotección.
Aunque todos sabemos que es indispensable una reforma a la seguridad social, y se sabe que las administradoras de fondos de pensiones hace tiempo que vienen reclamando mayores cotizaciones para que las precarias pensiones proyectadas sean mayores, recientemente las administradoras de riesgos de salud han iniciado una campaña a los mismos fines, lo que naturalmente implicaría aún mayores cargas para los empleadores formales y probablemente mayor informalidad; tampoco esto se ha tomado en cuenta.
Tampoco han querido darse cuenta de que el mayor desafío del empleo en el mundo actualmente es la inteligencia artificial, la cual, según vaticinó en el 2013 el profesor de Oxford Carl Frey, podría llevarse más de un 47 % de los empleos conocidos al 2033; pero resulta que ya hemos pasado de la teoría a la realidad, con alrededor de 80 000 empleos perdidos mundialmente en el sector tecnológico en el primer trimestre de este año. Al parecer, para algunos nada de esto es importante, y prefieren simplemente "salir de la reforma laboral", cerrando los ojos y la razón, mientras el problema se hará cada vez mayor.
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