Repatriaciones masivas que niegan el presumido Estado de derecho

En su artículo 7, la Constitución define a República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, lo que equivale a decir que los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) ejercen sus funciones según las premisas definidas en un conjunto de normas jurídicas.

En ese sentido, el Estado dominicano entra en la fórmula: “nada ni nadie está por encima de la ley.”

Como Estado de derecho, sus normas jurídicas están jerarquizadas de manera explícita, colocando a la Constitución en la cima de la jerarquía, luego los acuerdos internacionales y las leyes.

Así, las decisiones políticas valen menos que las leyes. En otras palabras, todas las decisiones administrativas tomadas cotidianamente por los órganos administrativos públicos se sitúan en el último escalón de esa jerarquía.

Por ejemplo, las decisiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que encabeza el presidente Luis Abinader, están en lo más bajo de ese orden jerárquico.

¡Cuántas cosas bellas aguanta el papel!

Pasemos ahora al mundo real. Con la decisión de repatriar 10,000 inmigrantes indocumentados a la semana y, sobre todo, con los métodos utilizados para ejecutar esta medida, el presidente Abinader está violando la mayoría de las convenciones internacionales (que también son leyes) relativas a la protección de los derechos de los trabajadores migrantes que ha firmado el país.

El presidente, contrario a lo que establece un Estado de derecho, se coloca por encima de estos instrumentos jurídicos, y lo hace en el peor momento para Haití, cuando está inmerso en una crisis humanitaria sin precedente y su Estado reducido a su mínima expresión, con escasísimos recursos para enfrentar a las bandas de asesinos que controlan una buena parte del territorio.

Veamos algunos de los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la protección de los derechos de los trabajadores migrantes a los cuales está vinculado el país que se están violando con esta medida.

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR);
• Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR);
• Convenio Internacional sobre los Derechos Sociales, Económicos y Culturales (ICESCR);
• Convenio Internacional sobre todas las Formas de Discriminación Racial;
• Convenciones sobre la Esclavitud y la Prohibición del Trabajo Forzoso, Contra la Tortura y Tratos Crueles e Inhumano;
• Acuerdos referentes a los derechos de los niños y contra la discriminación en la enseñanza;
• Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
• Instrumentos elaborados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destinados a proteger los trabajadores migrantes, tales como el Convenio Internacional del Trabajo No.66, convenio No.97, sobre los trabajadores migrantes y Convenio No.143. Todos instrumentos que regulan aspectos relativos a la contratación y condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes regulares e irregulares y alientan el principio de igualdad de trato y la obligatoriedad de respetar los derechos humanos.

Con este atropello a convenciones y cuerdos internacionales el país retrocede a la postrimería de la década de 1970 (casi medio siglo atrás) en materia de respeto a los derechos de los trabajadores migrantes, momento en que la Sociedad Antiesclavista de Londres condenó las condiciones de esclavitud en que vivían los braceros en las plantaciones azucareras dominicanas. Condena seguida del informe anual de Amnistía Internacional de 1980 y las denuncias en Estados Unidos sobre las condiciones abusivas en que trabajan los braceros en República Dominicana, por parte de organizaciones privadas de defensa de los derechos humanos, como America´s   Watchs, National Coalition for Haitian Refuges (NCHN) y Caribbeans Right, así como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que envió una comisión para investigar la denuncia de que República Dominicana violaba las convenciones internacionales y los acuerdos a que estaba vinculada.

Es luego de esa campaña de denuncias internacionales y de presiones de parte de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos que se produce un entendimiento entre los cancilleres de Haití y República Dominicana para firmar un convenio bilateral, suscrito el 2 de diciembre de 1999.

Este convenio contiene los siguientes puntos:

• Las autoridades dominicanas se comprometen a no realizar repatriaciones de noche, es decir, entre 6:00 p.m. y 8:00 a.m., igualmente no habrá repatriaciones los domingos y días feriados de los dos países, excepto entre las 8:00 a.m. y 12 m.;
• El gobierno dominicano se compromete a evitar la separación de familias nucleares (padres e hijos menores) durante los operativos de repatriación;
• Las autoridades de migración se comprometen a realizar las repatriaciones hacia el territorio haitiano a través de los puestos fronterizos de Jimaní/Malpasse, Dajabon/Ouanaminthe, Elías Piña/Belladere, y Pedernales/Anse-a-Pitre, exclusivamente;
• El gobierno haitiano se compromete a reforzar y/o establecer puestos de inspección migratoria en esos lugares fronterizos para recibir a los repatriados;
• Las autoridades dominicanas de migración reconocen los derechos humanos inherentes a los repatriados y adoptarán medidas concretas para hacer acompañar a los mismos de sus efectos personales, así como a no retener los documentos personales del repatriado;
• Las autoridades de migración entregarán a cada repatriado una copia del formulario individual que contiene la orden de su repatriación;
• Las autoridades dominicanas de migración se comprometen a comunicar previamente, dentro de un plazo razonable, a las autoridades diplomáticas o consulares haitianas acreditadas en el territorio dominicano las listas de personas en proceso de repatriación. Esas autoridades podrán ejercer su función de asistencia consular;
• El gobierno haitiano, por su parte, se compromete a redoblar sus esfuerzos para dotar a sus nacionales de documentos de identidad haitiana, en el contexto del flujo migratorio potencial hacia República Dominicana;

Contrario a lo establecido en este acuerdo y a las convenciones internacionales firmadas por el país, los haitianos -indocumentados o no-ILEGALIDADES

son apresados sistemáticamente en campos y ciudades dentro sus casas y en caminos y calles de todos los rincones del país, a cualquier hora del día o de la noche.

Durante las detenciones no se les permite la comunicación con sus familiares ni recoger sus pertenencias, y niños y ancianos son separados de sus progenitores y/o protectores.

En cuanto a los abusos cometidos, estos van desde asesinatos en el pasado reciente a violaciones de mujeres y niñas en el presente.

La algarabía antihaitiana podría argumentar siempre que el país no está en la obligación de respetar un acuerdo contraído con un Estado fallido. Pero la apelación de Estado fallido pesa sobre Haití con anterioridad a la firma de ese protocolo de entendimiento y fue con él que el gobierno dominicano lo firmó.

El argumento de que Haití no cumple con su parte en este acuerdo tampoco sería válido, porque el Estado fallido (sin estructuras para dar cumplimiento a sus leyes y acuerdos) se supone que no es República Dominicana, sino Haití.

La decisión del presidente Abinader de recular al país a la postrimería del represivo régimen de Joaquín Balaguer en materia de tratamiento a las inmigrantes ya está dando pequeños frutos, la presenta internacional comienza a hacerse eco de este retroceso, como ilustra el siguiente cuadro.

Todas estas reseñas de prensa podrían ser el preludio de la ola de denuncias internacionales que se avecinan sobre un país donde la Constitución, las leyes y las convenciones internacionales firmadas no están para ser cumplidas, sino para decorar y, al mismo tiempo, negar el Estado de derecho que presume ser.

Otra campaña de denuncias y acusaciones vendría a echar por el suelo todo el esfuerzo diplomático que República Dominicana (el país más interesado en que Haití resuelva sus problemas) ha desplegado en el curso de las últimas décadas reclamando que la comunidad internacional se movilice para dar a Haití un mínimo de estabilidad económica y política.

En buen dominicano, lo que se ha hecho con las manos se está destruyendo con los pies.