La renovación de la Suprema Corte de Justicia constituye uno de esos momentos en que el país debe mirar más allá de nombres y circunstancias coyunturales. No estamos únicamente ante la evaluación de jueces que aspiran a permanecer en sus cargos. Las decisiones de varios magistrados de no someterse al proceso han abierto vacantes que obligarán al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a evaluar y, además, a seleccionar nuevos integrantes del máximo tribunal del Poder Judicial.
Es, por tanto, una oportunidad institucional que debe ser asumida con serenidad, responsabilidad y visión de Estado.
La evaluación de quienes aspiran a continuar no puede convertirse en un juicio sobre el contenido de sus sentencias. Un juez no debe ser ratificado porque sus decisiones hayan complacido a determinados sectores, ni excluido porque hayan resultado incómodas. Lo que corresponde examinar es su trayectoria, independencia, integridad, capacidad jurídica, productividad y desempeño.
Pero igual trascendencia tiene la selección de quienes habrán de ocupar las vacantes. Allí reside una de las mayores responsabilidades del CNM: escoger personas cuya autoridad jurídica y moral contribuya a fortalecer la confianza en la justicia.
La legitimidad constitucional de la jurisdicción no se agota en su legitimidad de origen. Que un tribunal haya sido creado por la Constitución y que sus integrantes hayan sido designados conforme a ella es indispensable, pero no suficiente. La legitimidad se construye también en el ejercicio de la función: en la independencia con que se decide, en la calidad de la argumentación, en la coherencia de los precedentes, en el respeto a los derechos fundamentales y en la capacidad de hacer prevalecer la Constitución aun cuando ello resulte molesto.
Esto adquiere particular importancia en una Suprema que no solo resuelve conflictos concretos, sino que contribuye decisivamente a la construcción del Estado Constitucional y a la seguridad jurídica de la nación.
La renovación, pues, no debe ser entendida como ruptura. Debe conjugar continuidad y cambio; experiencia y renovación; memoria institucional y nuevas perspectivas.
El CNM tiene ante sí una responsabilidad que trasciende el período de los escogidos. De sus decisiones dependerá, en buena medida, la calidad jurídica y la autoridad institucional de la Suprema durante los próximos años.
No se trata simplemente de decidir quiénes entran y quiénes permanecen. Se trata de decidir qué justicia queremos fortalecer.
En un Estado constitucional, la única respuesta es una justicia independiente, íntegra y legítima ante la Constitución y ante la sociedad.
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