En mi artículo anterior exponía las razones por las que tendremos que convivir por mucho tiempo con precios altos del petróleo y el gas, quizás más altos que los actuales. Y que en los próximos meses eso se hará extensivo a los alimentos y diversos productos industriales y servicios.
Desde el punto de vista económico, para muchos países eso puede ser una bendición, aunque casi todos sentirán el impacto social. Si un país siente el costo social, pero al mismo tiempo sus gobiernos ven aumentar sus ingresos, o bien mantenían holgura fiscal, alta carga tributaria, bajo déficit y baja deuda, entonces afrontar el costo social mediante subsidios es una opción razonable.
Mal es la situación que afrontamos países como la República Dominicana: el problema nos viene de fuera, nada positivo nos trae y no estamos preparados para hacerle frente. Si la perspectiva fuera la de un problema pasajero, entonces se admitiría que el gobierno sacrificara fondos (subsidiar precios o recortar impuestos) para rebasar el momento. Pero como no es el caso, lo único que se me ocurre sugerir es que se vuelva a la política que se acordó hace décadas y se aplicó por poco tiempo: "Cuando sube, sube, y cuando baja, baja".
El caso es que, cuando se toman fondos para cubrir subsidios, ello implica distraerlos de otras funciones, o bien endeudarse más. Entonces viene la pregunta: ¿es esto más urgente o más racional? Porque es posible que paralizar obras o programas sociales sea más pernicioso.
Voy a ser reiterativo en algo que he sostenido por largo tiempo, a veces copiándolo textualmente: los subsidios son necesarios, pero tienen que ser racionales, por una de estas tres razones: 1) proteger a los pobres más que a los ricos; 2) proteger al medioambiente, y 3) proteger la producción nacional. Ninguna de las tres aplica a los combustibles.
Establecerlos para proteger a los pobres es muy correcto, pero solo si se conoce fehacientemente que quien va a recibir el subsidio es más pobre que quien lo va a pagar. Porque no olvidemos que todos los subsidios se pagan. ¿Quién los paga?: el contribuyente que va a aportar los impuestos para cubrirlos, o los hogares que ya no podrán recibir los servicios que el Estado dejará de proveerles para destinar el dinero al subsidio.
¿Quién los recibe?: en el caso de los combustibles, no hay dudas de que sus usuarios están diseminados entre todos los estratos sociales, y en algunos casos se constituyen en insumos para otros bienes o servicios que también son usados por múltiples estratos; por tanto, sus precios afectan a los pobres. Lo que no es cierto es que a quienes más afectan sea a los más pobres. De acuerdo con la última encuesta de presupuestos familiares (ENGIH-2018), una persona ubicada en el 40 % más pobre de los hogares gastaba mensualmente 435 pesos en transporte como promedio mensual, mientras una del 20 % más rico gastaba 3962 pesos; es decir, por cada peso de subsidio que recibe un pobre, el rico recibe nueve.
Veamos ahora quién los pagaría. Por más que se diga lo contrario, los ricos pagan más impuestos que los pobres, aunque mucho menos que lo que deberían pagar. De todas formas, es razonable pensar que, en una razón de nueve a uno, proporcionalmente al pobre le tocaría pagar más; o sea, el subsidio es regresivo.
Y si lo que hace el Gobierno es subsidiar por vía de dejar de cobrar un impuesto, o dejar de prestarle los servicios a la población, ahí sí es que los pobres cargan pesados. Está muy estudiado y harto demostrado que cuando se recortan o funcionan mal los servicios de salud pública, policía, educación, de agua o asistencia social, quienes más pierden son los pobres.
Si de defender a los pobres se trata, en vez de gasolina, gasoil o gas yo subsidiaría plátanos, arroz o pollo; al menos parte beneficiaría a productores nacionales. Pero tampoco hago esa recomendación por el temor a que se convierta en una nueva fuente de desperdicio o clientelismo político. Mejor sugiero una idea que a no muchos convencerá, una idea tonta quizás.
Tomemos ese dinero, si es que se tiene, para poner orden en las calles y carreteras de este país. Para que el tránsito pueda fluir; para que choferes y motoristas respeten las normas del tránsito; para que no haya tantas hospitalizaciones y muertes; para que no haya tantos mutilados; para que no haya tantas personas, particularmente hombres jóvenes, andando en sillas de ruedas o caminando con muletas, fuente tan profunda de reproducción de la pobreza. Y finalmente, para que nunca vuelva a verse un fenómeno como el que condujo a la muerte reciente en Santiago del chofer Delvy Abreu Quezada.
Compartir esta nota