Qué busca Washington más allá del relato judicial

“La historia de las relaciones internacionales es la historia de las prudencias olvidadas.”— Raymond Aron.

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses no puede comprenderse adecuadamente si se analiza únicamente a través del prisma penal o del discurso oficial sobre narcotráfico. La evolución reciente de la acusación judicial, sumada a las declaraciones políticas y a los movimientos estratégicos paralelos de Washington, apunta a un objetivo más amplio: la reconfiguración del equilibrio de poder en el hemisferio occidental mediante una combinación de coerción selectiva, control de recursos y demostración de fuerza.

Un indicio clave de esta lógica es la reformulación del caso judicial contra Maduro por parte del Departamento de Justicia. En la acusación revisada, publicada tras su captura, Washington abandonó una de las piezas centrales del relato construido desde 2020: la caracterización del denominado Cártel de los Soles como una organización criminal estructurada y dirigida directamente por el mandatario venezolano. En su lugar, el nuevo escrito describe la existencia de un sistema clientelar de corrupción estatal, sin atribuirle las características jurídicas propias de un cártel formal.

Resulta difícil sostener que un entramado de este tipo no se haya desarrollado y consolidado a lo largo de los casi trece años en que Maduro permaneció en el poder, dado que fenómenos similares existen, en mayor o menor medida, en numerosos Estados. Sin embargo, en el caso venezolano, la magnitud de este sistema adquiere una dimensión geopolítica particular.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y China se ha consolidado como su principal comprador, concentrando una parte sustancial de sus exportaciones, lo que introduce variables estratégicas que trascienden ampliamente el plano interno.

El ajuste en el expediente no es menor. Durante años, la narrativa del Cártel de los Soles fue utilizada para justificar sanciones, designaciones como organización terrorista y, finalmente, una acción militar directa. Sin embargo, ni la Administración para el Control de Drogas (DEA) ni los informes anuales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reconocieron nunca a dicho cártel como una entidad real.

La corrección del Departamento de Justicia sugiere que la narrativa original carecía de solidez probatoria suficiente para sostenerse en un tribunal, aunque siguiera siendo funcional en el plano político.

Pese a ello, figuras clave del gobierno estadounidense, como el secretario de Estado Marco Rubio, continúan invocando públicamente al Cártel de los Soles como si se tratara de una organización criminal concreta. Esta disonancia entre el discurso político y el expediente judicial refuerza la hipótesis de que el proceso penal opera más como instrumento de legitimación ex post que como causa real de la operación.

En paralelo, las declaraciones del presidente Donald Trump aportan claridad sobre las prioridades sustantivas de Washington. Trump no solo reivindicó la operación como una actualización operativa de la Doctrina Monroe, sino que anunció que las autoridades interinas venezolanas entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo “sancionado” a Estados Unidos, transportados directamente a puertos estadounidenses, con los ingresos bajo control norteamericano.

Aunque presentada como una transacción comercial “a precio de mercado”, esta decisión implica un ejercicio directo de control sobre un recurso estratégico clave, sin mediación de instituciones venezolanas soberanas.

Este dato resulta central para comprender el sentido de la intervención. El petróleo no aparece aquí como un beneficio colateral, sino como uno de los objetivos explícitos de la operación. En un contexto de competencia energética global y de necesidad de disciplinar mercados y actores, el acceso directo al crudo venezolano permite a Washington influir tanto en los flujos energéticos hemisféricos como en la capacidad de maniobra de actores extrarregionales, en particular China.

Los análisis de reconocidos expertos coinciden en identificar la operación como una demostración de fuerza cuidadosamente coreografiada, destinada no solo a América Latina, sino a una audiencia internacional más amplia.

El carácter visual, el traslado inmediato de Maduro a territorio estadounidense y la secuencia pública del operativo refuerzan la lectura de un mensaje disuasivo:

Estados Unidos conserva la capacidad y la voluntad de actuar unilateralmente en su entorno estratégico inmediato.

Este mensaje se dirige también a aliados y competidores. En el plano global, la operación se produce en un momento de negociaciones sensibles entre Washington y Moscú sobre Ucrania, y de contactos discretos con Pekín. En el plano regional, funciona como advertencia preventiva a otros gobiernos latinoamericanos considerados díscolos o excesivamente autónomos, en un año marcado por procesos electorales relevantes.

La dimensión de política interna estadounidense tampoco es secundaria. Varios analistas coinciden en que la operación permite a Trump consolidar apoyos clave entre comunidades hispanas políticamente movilizadas, particularmente venezolanos y cubanos en Florida, al tiempo que refuerza el perfil de figuras como Rubio en la proyección hacia futuras contiendas presidenciales. En este sentido, la política hemisférica y la política doméstica se entrelazan.

En conjunto, la captura de Maduro revela menos sobre una cruzada contra el narcotráfico que sobre una estrategia de poder orientada a reafirmar la primacía regional de Estados Unidos, asegurar el acceso a recursos estratégicos y redefinir los límites de la soberanía aceptable en su esfera de influencia. La corrección tardía del relato judicial no invalida la operación; más bien confirma que el derecho funciona aquí como instrumento flexible, subordinado a objetivos geopolíticos previamente definidos.

Desde esta perspectiva, la captura de un jefe de Estado en funciones —con independencia de los cuestionamientos que puedan formularse sobre su legitimidad electoral o su desempeño político— no constituye una anomalía aislada, sino un síntoma de un orden internacional en transición, en el que la coerción directa recupera un lugar central como mecanismo de regulación del poder.