La reducción de la pobreza monetaria del 19% al 17.3% en 2025 es un dato relevante. Más de 170 mil dominicanos y dominicanas superaron la línea oficial. Ese avance debe reconocerse. Una sociedad madura no descalifica los progresos; los analiza en profundidad.
Y precisamente ahí comienza la responsabilidad pública: en comprender sobre qué fundamentos descansa esa mejora. ¿Estamos ante una transformación estructural o ante un resultado condicionado por factores arbitrarios?
El Boletín Anual de Pobreza Monetaria 2025, elaborado por la Dirección de Análisis Social del Ministerio de Hacienda y Economía, ofrece una primera clave determinante. De acuerdo con el informe, en ausencia de remesas, la tasa de pobreza se ubicaría en 19.1%, prácticamente el nivel anterior. Ello implica que cerca de 200 mil personas no habrían salido de la pobreza sin el aporte de la diáspora.
Las remesas no son una política pública. Son el resultado del trabajo de dominicanos y dominicanas que sostienen a sus familias desde economías más desarrolladas. Funcionan como un mecanismo privado de estabilización social. Pero dependen de ciclos externos, de mercados laborales y decisiones migratorias que escapan al control nacional.
Cuando una reducción social significativa descansa parcialmente en ingresos generados fuera del territorio, la pregunta estratégica es inevitable: ¿cuál es la capacidad interna del modelo económico para sostener ese progreso si el entorno externo cambia?
El análisis de descomposición del ingreso, incluido en el mismo Boletín, profundiza la reflexión. El 103.4 % del aumento en los ingresos reales provino del trabajo. Las transferencias públicas disminuyeron en términos reales debido a la pérdida de poder adquisitivo frente al costo de la vida.
La mejora observada, por tanto, estuvo asociada principalmente al ingreso laboral y al aporte de la diáspora. Sin embargo, la composición de ese empleo también merece ser analizada.
Según los datos del mercado laboral, el 64 % de los nuevos empleos generados durante el período provinieron del sector público, mientras que los ocupados formales representaron el 78.8 % del total. El Estado cumple funciones esenciales y su expansión puede responder a necesidades legítimas. Sin embargo, cuando la mayor parte del empleo adicional es financiada con presupuesto público, la discusión debe ampliarse hacia la sostenibilidad fiscal y, sobre todo, hacia la capacidad del sector privado para generar oportunidades estables, competitivas y de mayor productividad.
En modelos de desarrollo consolidados, la tendencia es que entre el 75 % y el 90 % de la creación neta de empleo provenga del sector privado, mientras que el sector público mantiene una participación considerablemente menor en la generación de nuevos puestos de trabajo.
Una economía verdaderamente dinámica es aquella donde el sector privado lidera la creación de empleo productivo y el Estado fortalece capacidades. Cuando la balanza se inclina de manera sostenida hacia el empleo público como principal motor de expansión, el crecimiento puede volverse fiscalmente dependiente.
A ello se suma otra señal estructural: más del 54% de las personas ocupadas continúa en la informalidad, lo que implica vulnerabilidad ante cualquier desaceleración y limita el acceso a la protección social plena. Cuando más de la mitad de la fuerza laboral opera en esa condición, los avances pueden revertirse con rapidez ante un choque externo, y se tiene una baja capacidad tributaria.
En el plano distributivo, el coeficiente de Gini aumentó muy levemente. En economía, variaciones pequeñas pueden anticipar tendencias profundas. Reducir la pobreza mientras aumenta la desigualdad pudiera sugerir que los beneficios del crecimiento no se distribuyen de manera homogénea.
Y el dato más inquietante permanece: el 30.1% de los menores de 15 años vive en pobreza. Uno de cada tres niños y niñas. Esa cifra define el horizonte del país. La evidencia económica acumulada demuestra que las privaciones en la primera infancia reducen capital humano y limitan movilidad intergeneracional. Un país que no protege a su niñez no consolida su desarrollo; posterga su potencial productivo.
La reducción observada en 2025 es real. Pero su arquitectura revela vulnerabilidades: dependencia parcial de remesas, expansión del empleo público, persistencia de informalidad elevada y señales distributivas mixtas.
El debate nacional debería enfocarse en si estamos construyendo una economía capaz de sostener mejoras incluso cuando el entorno internacional sea menos favorable y cuando el gasto público enfrente restricciones.
Un país verdaderamente desarrollado no reduce la pobreza porque sus ciudadanos emigran y envían recursos; la reduce porque su estructura productiva genera oportunidades internas suficientes, formales y resilientes.
El aporte de la diáspora es admirable y merece reconocimiento. Pero el desafío de Estado es fortalecer las bases internas del progreso para que la movilidad social no dependa de factores externos ni de expansiones fiscales transitorias.
El desarrollo es la consolidación de capacidades que resisten el paso del tiempo, los ciclos económicos y la adversidad.
Reducir la pobreza es un paso.
Hacerla sostenible e irreversible es el verdadero desafío nacional.
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