Hay mucho de qué hablar cuando hablamos de la Policía y el Ejército de la República Dominicana y de cómo sus oficiales merecen más. Podemos hablar de las condiciones de trabajo, del salario que hace unos años provocaba la indignación del famoso “sueldo cebolla”, que aun con mejoras sigue sin corresponderse con el costo de la canasta básica. Podemos hablar de castigos y sanciones arbitrarias, de violencia, corrupción, discriminación y de una larga lista de problemas que aquejan a las fuerzas del orden y a los cuerpos castrenses, y que viven en carne propia las personas que forman parte de sus filas.

Sin embargo, hoy quiero enfocarme en una de esas dolencias, una que repercutió en los medios hace unos meses. Para ello, volvamos el tiempo un par de meses atrás, específicamente a noviembre de 2025, cuando conocimos la sentencia TC/1225/25 del Tribunal Constitucional. Vuelvo a ella no para analizarla desde lo jurídico, de eso mis colegas abogadas y abogados han escrito mucho y muy bien, y en todo caso la sentencia es una pieza que vale la pena leer, sino desde otro ángulo: uno que nos convoca a hacernos preguntas, mientras reconocemos la humanidad que compartimos.

La sentencia TC/1225/25 es la historia de un Tribunal Constitucional y de abogadas y abogados que se atrevieron a decir lo obvio: que el artículo 210 de la Ley núm. 285, que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la Ley núm. 3483, que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, eran ostensiblemente inconstitucionales. Que violaban el principio de razonabilidad, discriminaban injustificadamente por orientación sexual, afectaban la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo de quienes integran la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Por si hace falta recordar su contenido, el artículo 210 establecía que “la sodomía consiste en el concúbito entre personas de un mismo sexo” y la castigaba con prisión correccional. El artículo 260 hacía lo propio para las Fuerzas Armadas. Normas inspiradas en vocablos despectivos y deshumanizantes utilizados literalmente en el medioevo y cuya etimología se remonta al Génesis. Parece mentira que en pleno 2025 siguieran vigentes en la República Dominicana.

Pero volvamos al título de este artículo: policías y militares LGBTIQ+ merecen más, mucho más. ¿A qué me refiero? Cuando en noviembre conocimos la sentencia, las reacciones no se hicieron esperar. Fue casi la crónica de una muerte anunciada. Muchas personas, conscientes de que nadie, absolutamente nadie, debe ver su vida romántica, sexual, afectiva o emocional intervenida por el poder estatal, celebraron este hito en la protección de los derechos LGBTIQ+. Sabían que la orientación sexual jamás puede ser objeto de sanción y que la diversidad debe ser protegida, nunca perseguida.

Pero, así como hubo celebración, también hubo la muerte anunciada en la reacción de sectores conservadores. Personas que nunca han cruzado palabra ni conocido las vivencias de un policía o militar LGBTIQ+, pero que alegan entender no solo lo que significa ser homosexual, bisexual, trans, no binario o de cualquier otra orientación sexual o identidad de género en la República Dominicana, sino también, según ellas, más de leyes que los mismísimos jueces y juezas del órgano supremo de interpretación constitucional. ¿Cuántos de los principales críticos de la sentencia 1225/25 leyeron las disposiciones hoy declaradas inconstitucionales? ¿Cuántos leyeron la sentencia? ¿Cuántos se detuvieron a conversar con una persona LGBTIQ+ que haya sufrido discriminación, sanciones o violencia en las filas de la Policía o del Ejército antes de emitir opinión?

Policías y militares LGBTIQ+ merecen mucho más de aquellos dominicanos y dominicanas que atacaron una sentencia sobre normativas que desconocían y cuyo impacto también desconocían. Merecían mucho más de un país que se construye con ellos y ellas, y que se funda, o debería fundarse, en valores de respeto, igualdad y solidaridad, entendiendo que todos, todas y todes somos libres e iguales ante la ley.

Otro asunto que llamó mi atención en las semanas posteriores a que se conociera sobre la 1225/25 fue la reacción del director deneral de la Policía Nacional, quien afirmó que la institución “es obediente de las decisiones de las altas cortes”, pero que también tiene “sus normas y reglamentos”. El Ministro de Defensa, por su parte, declaró que, pese a la sentencia, las Fuerzas Armadas “mantienen su código disciplinario”. Estas afirmaciones, aunque no sorprenden viniendo de un gobierno que siempre ha buscado quedar bien “con Dios y con el diablo” y que se esconde ante lo necesario cuando es impopular, merecen cuestionamientos mínimos: ¿Conocían los altos mandos las disposiciones hoy inconstitucionales antes de opinar? ¿Leyeron la sentencia? ¿Entendieron su contenido? ¿Han conversado con miembros LGBTIQ+ de sus filas sobre el impacto de los artículos 210 y 260? ¿Qué establecen los reglamentos internos y códigos disciplinarios a los que hacen referencia? ¿Incluyen sanciones por orientación sexual? ¿Creen que policías y militares LGBTIQ+ merecen ser sancionados por ello? ¿Planean desacatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional?

Policías y militares LGBTIQ+ merecen mucho más de los altos mandos de las instituciones a las que pertenecen. En un gobierno que no temiera posicionarse a favor de la dignidad de todas las personas, las reacciones del jefe de la Policía y del ministro de Defensa habrían sido muy distintas: reconocer el daño causado, valorar la sentencia, afirmar a las personas LGBTIQ+ como parte fundamental del Estado dominicano y garantizar el cumplimiento inmediato y pleno de lo decidido por el Tribunal Constitucional. Desde la sociedad civil daremos estrecho seguimiento al cumplimiento de la sentencia. No demoren.

Finalmente, policías y militares LGBTIQ+ merecen mucho más de los medios de comunicación que se prestaron y se continúan prestando a la desinformación y la tergiversación, y de supuestos periodistas que opinaron sin hacer lo mínimo: leer la sentencia, entender su contenido. Eso era lo mínimo que merecían, y que siguen mereciendo, las personas LGBTIQ+, particularmente policías y militares, de nuestro país.

Recordemos cada día que, aunque en República Dominicana hayamos normalizado un sinfín de violaciones de derechos humanos, hayamos normalizado la discriminación, la violencia, el vivir de formas que no son dignas, que nos arrebaten la salud, la educación, la vivienda y tantas otras cosas que merecemos, no podemos renunciar a aspirar y luchar por más, porque merecemos mucho más. Recordemos también que una mejor República Dominicana la construimos todas, todos y todes, y que si no avanzamos juntas y juntos, incluyendo a policías y militares LGBTIQ+, no llega nadie.

Ivanna Molina

Abogada

Abogada magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame como becaria Fulbright. Intérprete Judicial - Traductora Oficial Máster en Derecho International de los Derechos Humanos, Centro para los Derechos Civiles y Derechos Humanos Universidad de Notre Dame, Estados Unidos

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