En la historia política dominicana son escasos los momentos en los que el poder se ejerce no para perpetuarse, sino para ordenar el porvenir. Más excepcionales aún son los liderazgos que, conscientes de la transitoriedad del mando, deciden invertir su capital político en crear instituciones, reglas y consensos que sobrevivan a su propio ejercicio del poder. La promulgación de la Constitución de 2010 y de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, No. 01-12, constituyen uno de esos momentos singulares y revelan con claridad las dotes de estadista del presidente Leonel Fernández.
A diferencia de prácticamente todas las reformas constitucionales previas en la República Dominicana —históricamente asociadas a la reelección, la concentración de poder o la alteración coyuntural de reglas—, el proceso iniciado en 2010 respondió a una lógica radicalmente distinta. Leonel Fernández convocó a todas las fuerzas vivas de la nación: partidos políticos, sector empresarial, academia, iglesias y sociedad civil, con el objetivo de conciliar una reforma constitucional integral, moderna y garantista. Lo hizo, además, sabiendo que dicha reforma no le permitiría optar por una nueva reelección presidencial.
Ese dato no es menor. En un sistema político marcado por el personalismo y el cortoplacismo, impulsar una reforma constitucional sin beneficio político inmediato, e incluso con un costo personal evidente, es un acto de responsabilidad histórica. El resultado fue la Constitución más completa y avanzada de nuestra historia republicana: fortaleció el régimen de derechos fundamentales, modernizó la arquitectura institucional del Estado, estableció nuevos equilibrios de poder y sentó las bases de una democracia más sólida y previsible.
Pero Fernández fue más allá. Consciente de que una buena Constitución, por sí sola, no garantiza el desarrollo, y plenamente advertido de los riesgos que entrañan la improvisación y la discontinuidad en la gestión pública, promovió un segundo gran acuerdo nacional: la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Ley 01-12 no fue concebida como un simple plan gubernamental ni como un documento declarativo, sino como un marco estratégico de largo plazo, diseñado para trascender gobiernos, ciclos electorales y liderazgos circunstanciales.
La END estableció una visión-país con horizonte de varias décadas, articulando crecimiento económico, desarrollo social, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento institucional, bajo el principio de una mejor distribución de la riqueza y la ampliación de oportunidades. Al convertir esa visión en ley, Fernández buscó blindar el rumbo del país frente a los vaivenes políticos y asegurar que el desarrollo dejara de depender del azar o del voluntarismo de cada administración.
Más de una década después de su promulgación, la Estrategia Nacional de Desarrollo mantiene plena vigencia como marco ordenador del futuro nacional, aunque la experiencia acumulada evidencia la necesidad de su actualización periódica y de un mayor blindaje institucional que garantice su cumplimiento efectivo, de modo que deje de depender de la voluntad circunstancial de los gobiernos y se consolide como una verdadera política de Estado.
Este ejercicio de planificación estratégica cobra aún mayor relevancia si se observa el contexto histórico del liderazgo de Leonel Fernández. A su llegada al poder en 1996, se inició el ciclo de transformaciones institucionales más profundo del país: modernización del Estado, apertura económica, fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica e inserción activa en la economía global, acompañado de un ambicioso proceso de modernización de las vías y medios de comunicación, visible en la construcción de elevados, túneles, circunvalaciones, autovías, carreteras, sistemas de transporte masivo como el Metro y cruces peatonales que redefinieron la movilidad urbana y la integración territorial del país.
A su regreso al gobierno en 2004, encontró una nación golpeada por una severa crisis financiera y bancaria, producto del colapso institucional previo. En pocos años, logró restablecer la estabilidad macroeconómica, recuperar la confianza y reencauzar el crecimiento. Posteriormente, entre 2008 y 2009, su gobierno enfrentó con éxito los efectos de la mayor crisis financiera internacional desde la Gran Depresión, preservando la estabilidad y sentando las bases para una rápida recuperación.
Es precisamente a partir de esa experiencia —haber gobernado en tiempos de expansión, de colapso y de crisis global— que se comprende mejor la lógica de la Ley 01-12. No se trató de un gesto tecnocrático ni de un legado simbólico, sino de una decisión política consciente: asegurar que el país contara con una hoja de ruta clara, compartida y obligatoria, que guiara su desarrollo presente y futuro.
En ese sentido, la Estrategia Nacional de Desarrollo es inseparable de la noción de estadismo. Gobernar no es solo administrar el presente; es anticipar riesgos, construir consensos y proteger el interés nacional más allá del propio mandato. Leonel Fernández entendió que el mayor aporte que podía hacer en su último año de gobierno no era una obra puntual ni una reforma coyuntural, sino dotar a la República Dominicana de un rumbo estratégico, capaz de garantizar estabilidad, crecimiento y progreso sostenible.
En un contexto global cada vez más complejo, marcado por la incertidumbre, la competencia estratégica y la presión sobre las economías emergentes, la República Dominicana enfrenta nuevamente el desafío de decidir entre la improvisación y la visión. La experiencia demuestra que el desarrollo sostenible no es producto del azar ni del voluntarismo, sino de la conducción responsable, del respeto a las instituciones y de la capacidad de pensar el país más allá del corto plazo. En ese sentido, la historia reciente ofrece una referencia clara de liderazgo con vocación de Estado, capaz de construir consensos, anticipar riesgos y trazar rutas duraderas. La discusión nacional sobre el futuro no puede eludir esa evidencia.
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