La Plaza de la Bandera, monumento patriótico que rinde homenaje a uno de los símbolos patrios más emblemáticos del país, volvió a ser escenario de concentración de multitudes el pasado jueves 9 de julio.
Esta plaza pública en remodelación se encuentra ubicada donde convergen dos de las vías más transitadas del Gran Santo Domingo, las avenidas 27 de febrero y Gregorio Luperón, frente a los edificios que alojan el Ministerio de Defensa y La Junta Central Electoral de la Republica Dominicana.
No es la primera vez que este lugar es escogido como escenario para que grupos políticos y sociales se concentren allí para denunciar violaciones de los derechos constitucionales de los dominicanos o reclamar reivindicaciones sociales al gobierno y sus autoridades.
La reciente presencia masiva de dominicanos fue para pedir al Congreso Nacional modificar artículos que contiene la Ley 74-25 en el nuevo Código Penal que entra en vigor el próximo 3 de agosto, y que considerados atentatorios contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento.
Reportes noticiosos identifican como organizadores principales de la nueva jornada de protesta a los destacados comunicadores de las redes sociales Santiago Matias, de “Alofoke Media Group”, Eduardo Sánchez Tolentino (El Piro) y Ricardo Ripoll, ambos de “Somos Pueblo Media”.
Alofoke, el Piro y Ripoll, siguen demostrando que encabezan la lista como auténticos lideres de masas populares en República Dominicana.
El éxito de su convocatoria estuvo respaldado por otras figuras de la comunicación interactiva como Ramón Tolentino, de “Esto No es Radio”; José Peguero, de “En Segundo”; Ricardo Nieves, de “Café con Nieves”, entre otros que hacen opinión pública en la radio, la televisión y plataformas interactivas.
Es innegable la popularidad, el fuerte carisma y penetración que poseen estos comunicadores en la clase media y baja dominicana.
Quizás esta haya sido una de las causas para que la dirigencia política de los partidos tradicionales (PLD, PRM, FP, PRM, PRSC), promovieran en el Congreso la eliminación de las candidaturas independientes, logrando que sus representantes en el Senado y la Cámara de Diputados evacuaran la nueva Ley 13-26 que lo prohíbe y promulgada con urgencia el pasado 26 de marzo.
Una estrategia política para evitar que figuras populares independientes aspiren a cargos electivos como lo establece la Constitución del país.
Con esta ley, aseguraron que los cargos electivos solo queden reservados para los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tradicionales.
Pero no solo eso, unificaron criterios para también aprobar un nuevo Código Penal que, aunque necesario para el país, le introdujeron artículos para restringir con severidad la libertad de expresión en los medios de comunicación, plataformas de internet y el libre ejercicio del periodismo en República Dominicana.
Es obvio el silencio cómplice que guardan los expresidentes Danilo Medina, del PLD, ardiente defensor de la democracia que le ensenó el profesor Juan Bosch, y Leonel Fernández, de la FuPu, ex catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) donde impartía docencia sobre delito de la opinión pública.
Pero más increíble es no ver una protesta masiva por parte del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) ni de ninguna de sus filiales internacionales rechazando los artículos del nuevo Código Penal que afectan directamente el ejercicio de sus funciones de comunicadores públicos.
Eliminando las candidaturas independientes e imponiendo una ley mordaza para acallar las voces de la población, es provocar un estallido social incontrolable que pondría en peligro la estabilidad política y económica del país.
Solo hay que ver lo ocurrido en Nepal en septiembre de 2025 cuando el gobierno de esa nación bloqueó las redes sociales y plataformas como Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp y Snapchat para callar las voces de la población que denunciaban los actos de corrupción que en ese gobierno se cometían.
Las protestas de la población fueron tan masivas y violentas por esas medidas que el primer ministro de Nepal y sus funcionarios tuvieron que renunciar y huir del país para no ser linchados.
El presidente Abinader debe entender que la popularidad de su gobierno cayó vertiginosamente desde que firmó y promulgó esas leyes que hoy rechaza con energía la población, y esa acción pone en peligro las aspiraciones de los miembros de su partido que intentarán como candidatos ser elegidos en las elecciones presidenciales de 2028.
Gracias a las protestas, el Poder Ejecutivo envió al Senado de la Republica Dominicana un anteproyecto de ley en busca de modificar unos 18 artículos de la Ley 74-25 del nuevo Código Penal, específicamente los que tratan sobre la difusión de audios, imágenes o videos sin consentimiento; difamación; ultraje contra la autoridad entre otros.
Mientras los congresistas de ambas cámaras legislativas trabajan en la modificación de los cuestionados artículos 192, 207, 208, y 211 entre otros, la población dominicana entra en un proceso de espera confiados en que los senadores y diputados realicen los cambios reclamados para poner fin a la escalada de protestas que se venían produciendo a nivel nacional.
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