Playa de todos, responsabilidad de todos

Hace unas semanas escribí en este mismo medio sobre el debate reabierto en nuestro país en torno al derecho de los dominicanos al acceso y disfrute de nuestras playas. Recordaba entonces que no se trataba de una discusión nueva y que, como sociedad, habíamos transitado por situaciones similares desde los años noventa, cuando comenzó el gran desarrollo turístico de nuestras costas. Hoy quisiera avanzar un paso más.

No creo que debamos continuar discutiendo si las playas son de los dominicanos. Lo son. La Constitución de la República es suficientemente clara al establecer el libre acceso a las playas, ríos, lagos, lagunas y costas nacionales, observando, naturalmente, el respeto al derecho de propiedad privada y disponiendo que la ley regule las condiciones mediante las cuales los particulares pueden acceder a su disfrute.

La discusión, por tanto, debería evolucionar hacia otro punto mucho más importante: ¿cómo vamos a gestionar responsablemente nuestras playas? Porque una cosa es reconocer un derecho y otra muy distinta es organizar adecuadamente su ejercicio.

Durante las últimas semanas hemos visto cómo el debate sobre el libre acceso ha generado situaciones de tensión en algunas zonas turísticas. Por un lado, ciudadanos que legítimamente reclaman su derecho a disfrutar de espacios que pertenecen al dominio público. Por otro, propietarios, inversionistas y establecimientos turísticos preocupados por la seguridad, la limpieza, el orden, el mantenimiento y la calidad de los espacios en los que durante años han realizado importantes inversiones.

Considero un error plantear esta discusión como un enfrentamiento entre dominicanos e inversionistas, entre ricos y pobres, entre propietarios y ciudadanos o, peor aún, entre turismo y población. No necesitamos escoger entre unos y otros. Necesitamos reglas.

El derecho de una familia dominicana a disfrutar de Bávaro, Punta Cana, Bayahíbe, Puerto Plata, Juan Dolio o cualquier otra playa del territorio nacional no debería estar en discusión. Pero tampoco debería estar su responsabilidad de respetar el medioambiente, mantener limpio el espacio, cumplir normas de seguridad, respetar las propiedades colindantes y entender que el derecho de disfrutar un espacio público no necesariamente concede el derecho de utilizar servicios e instalaciones de carácter privado.

Playa pública no significa ausencia de regulación. Y es ese precisamente el concepto que nos ha faltado explicar.

No tenemos que inventar la rueda. España, una de las grandes potencias turísticas mundiales, lleva décadas gestionando un litoral sometido a una enorme presión turística, residencial y recreativa. Su Ley 22/1988, de Costas, establece que la utilización del dominio público marítimo-terrestre es libre, pública y gratuita para usos comunes como pasear, permanecer en la playa o bañarse. También establece claramente que las playas no pueden ser de uso privado.

Pero, ahí no termina la legislación. La propia Ley de Costas establece que la utilización de las playas debe estar regulada y contempla materias como la seguridad de los bañistas, las instalaciones, los servicios de temporada y las condiciones generales de utilización. Prohíbe, además, el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos sobre las playas, así como los campamentos y acampadas. 

La playa es de todos; precisamente por eso necesita reglas para todos.

Además de la legislación nacional, los municipios españoles desarrollan ordenanzas que aterrizan estos principios en la realidad cotidiana de cada playa. Alicante, por ejemplo, dispone de una ordenanza municipal específica para playas  y de normas complementarias sobre limpieza y residuos. Su regulación obliga a los usuarios a depositar correctamente sus desperdicios, prohíbe los recipientes de vidrio en arenales y zonas de baño y atribuye responsabilidades de limpieza a quienes explotan determinados servicios autorizados. 

Es decir, el carácter público de la playa no desaparece porque exista regulación. Al contrario, la regulación permite garantizarlo.

¿Por qué no hacerlo en nuestro país? Propongo que el Ministerio de Turismo, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los ayuntamientos, POLITUR y los demás organismos competentes, trabajen en la elaboración de un: Plan Nacional de Ordenamiento y Gestión de Playas.

Ese plan debería comenzar por algo elemental: identificar y señalizar claramente todos los accesos públicos existentes. El ciudadano no debería tener que discutir con un vigilante para descubrir por dónde puede llegar a la playa.

Un sistema nacional de señalización podría identificar mediante símbolos fácilmente reconocibles: Acceso público a playa, estacionamiento disponible, baños, accesibilidad para personas con discapacidad, puestos de salvavidas, áreas de servicios y normas básicas de comportamiento.

¿Qué deberíamos regular? En primer lugar, la limpieza y gestión de residuos. Cada playa debería contar con suficientes contenedores de basura, frecuencia de recogida acorde con su volumen de visitantes y responsabilidades claramente definidas entre ayuntamientos, Gobierno Central y concesionarios o prestadores de servicios.

En segundo lugar, debemos ordenar el estacionamiento y la movilidad. No podemos promover el libre acceso de miles de ciudadanos a una playa sin preguntarnos dónde estacionarán sus vehículos, cómo circularán, cómo accederá una ambulancia ante una emergencia o qué impacto tendrá esa afluencia sobre las comunidades circundantes.

En tercer lugar, necesitamos establecer reglas claras sobre ruido, música, actividades comerciales, vendedores, mascotas, consumo de bebidas, envases de vidrio, deportes acuáticos, embarcaciones y eventos multitudinarios.

Hay otro concepto que tendremos que incorporar definitivamente a nuestra gestión turística: la capacidad de carga de nuestras playas. El derecho de acceso es universal, pero el espacio físico no es infinito. Una playa tiene determinada superficie, condiciones ambientales, disponibilidad de estacionamiento, capacidad de recogida de residuos, servicios sanitarios, seguridad y posibilidades de evacuación. Gestionar esos límites no significa privatizar, significa planificar.

Deberíamos comenzar a estudiar técnicamente cuántas personas pueden utilizar simultáneamente determinados espacios costeros sin provocar deterioro ambiental, problemas sanitarios, riesgos de seguridad o una experiencia desagradable para los propios ciudadanos.

Existe otro elemento del debate que considero necesario señalar. Durante décadas, hoteles, condominios y desarrolladores turísticos ubicados frente al mar han invertido importantes recursos en limpieza, vigilancia, iluminación, paisajismo y mantenimiento de áreas costeras. Eso no les convierte en propietarios de la playa. Pero no sería razonable pretender que sigan asumiendo prácticamente solos los costos del mantenimiento de espacios públicos. 

Si las playas son de todos, su cuidado también debe ser responsabilidad de todos, comenzando por el Estado.

El libre acceso debe venir acompañado de inversión pública en baños, estacionamientos, seguridad, salvavidas, limpieza, recogida de residuos, señalización, accesibilidad y protección ambiental. De lo contrario, corremos el riesgo de reconocer un derecho en el discurso sin crear las condiciones necesarias para ejercerlo dignamente.

Pero ninguna regulación funcionará sin educación. Necesitamos una campaña nacional que explique que tener derecho a la playa significa también tener el deber de cuidarla. Que abandonar basura no es ejercer un derecho. Que colocar música a niveles que impidan a los demás disfrutar del espacio no es ejercer un derecho. Que destruir dunas, vegetación o arrecifes no es ejercer un derecho. Que bloquear accesos, ocupar espacios destinados a emergencias o utilizar instalaciones privadas sin autorización tampoco forma parte del derecho constitucional al disfrute de nuestras costas.

De la misma manera, impedir arbitrariamente el acceso público, intimidar a ciudadanos o tratar una playa como extensión exclusiva de una propiedad privada tampoco puede justificarse bajo el argumento de proteger una inversión.

Los derechos funcionan cuando aprendemos a ejercerlos respetando los derechos de los demás.

Durante años hemos desarrollado el destino turístico más exitoso del Caribe. Ahora nos corresponde demostrar que también somos capaces de gestionar con madurez los espacios que constituyen precisamente la esencia de ese éxito.

Porque nuestras playas son patrimonio de todos los dominicanos. Tenemos derecho a disfrutarlas, a caminar por ellas, a bañarnos en sus aguas y a compartirlas con quienes nos visitan. Pero precisamente porque son nuestras, tenemos también la obligación de protegerlas.

Playa de todos, responsabilidad de todos.