La creciente preocupación de la sociedad dominicana sobre el desorden territorial llevó al Gobierno dominicano a acelerar la decisión para el conocimiento, aprobación y promulgación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelos y Asentamientos Humanos. Un marco orientador que tenía más de una década de discusión en la sociedad dominicana y cuyo reglamento está en la fase final de revisión para su próxima promulgación.

La Ley 368-22 orienta al diseño de un conjunto de instrumentos en diferentes escalas: nacional, regional y municipal. En la escala municipal ya el país dispone de un número importante de Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), unos concluidos y otros en proceso de formulación. El inventario registra un total de más 20 PMOT e Instrumentos de Delimitación de Suelos Urbanos, cuyos diseños técnicos son seguidos y acompañados cotidianamente por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), con financiamientos del Gobierno y de la Cooperación Internacional.

¿Qué significa realmente el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial? La Constitución de República Dominicana, en su artículo 194, instituye el mandato de formulación y ejecución, mediante ley, del Plan de Ordenamiento Territorial, para asegurar el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales del país. Indica la Constitución que la formulación debe estar acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático.  Es el instrumento de la escala nacional que debe servir de orientación sobre el uso del territorio por los gestores de las políticas y la inversión pública y privada. Se trata de un instrumento clave para la mejora de la calidad de vida de la gente mediante el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la promoción de la cohesión territorial y la competitividad sistémica.

Es un gran instrumento para obligar a lo público y lo privado a realizar inversiones considerando reglas claras, directrices y políticas vinculante en su cumplimiento sobre el uso de los suelos y para la protección de los recursos naturales. Enderezar y alinear la inversión con enfoque de cohesión territorial. Ejemplo, las regiones Enriquillo y Valdesia son las que más indicadores registran en desigualdad territorial y sociocultura. El PNOT envía un claro mensaje de la necesidad de proteger los asentamientos humanos ejecutando más recursos en proyectos de adaptación ante los embates y efectos del cambio climático en diferentes regiones y de forma prioritaria en Yuma e Enriquillo.

¿Por qué estamos en un momento crucial? En el año 2014 hubo una iniciativa para el diseño del PNOT. Por falta de voluntad política se frenó el conocimiento del instrumento nacional. Por efecto se produjo un envejecimiento de la data. Desde el año 2020 el camino recorrido ha sido largo y ha valido la pena, porque el país y el gobierno disponen de un instrumento que permitirá tener una ocupación del territorio y uso racional del suelo bajo enfoque de compatibilidad con la conservación, uso y manejo de los recursos naturales, para alcanzar los objetivos de desarrollo del país, impulsar la competitividad económica nacional y regional procurando mejorar la calidad de vida de la población. Actualmente, 2025, el documento técnico del PNOT ha sido validado por consulta nacional.

Más de 400 páginas de diagnósticos y casi doscientos páginas de formulación de políticas están disponibles para su acceso por parte de la sociedad dominicana. Tres componentes integran el diagnóstico y la prospectiva: 1. Sociedad-Naturaleza (sostenibilidad ambiental); 2. Sociedad-Estado (equidad socio-territorial) y; 3. Sociedad-Asentamientos humanos (equilibrio territorial), conteniendo informaciones con datos sobre la productividad, equidad territorial, vulnerabilidad climática, concentración y expansión territorial, conectividad y movilidad, Etc. Y tres zonificaciones cartografiadas para políticas para el bienestar de la sociedad, la conservación y resiliencia ambiental y la competitividad territorial.

El momento es crucial. República Dominicana ha tenido un crecimiento económico, PIB, promedio de un 5% en los últimos 50 años. Pasó de ser una sociedad rural hacia una sociedad urbana con más del 80% al 85% de población residiendo zonas metropolitanas, ciudades intermedias y municipios con centros predominantemente urbanizados; lo cual ha producido impactos positivos en disminución de pobreza e impactos negativos en la sostenibilidad ambiental y déficits considerables en el acceso a servicios públicos.

Un ejemplo, entre muchísimos contenidos en el documento del PNOT, se observa que a nivel nacional la huella construida sobre suelos de clase I, II y II se ha incrementado con el paso del tiempo, ocupando, para el 2010, un total de 112,64 Km2 es decir el 1.6% específicamente, mientras que en el 2020 esta superficie aumentó a 136.27 Km2 lo que corresponde al 2.0%. En República Dominicana, 6,789 Km2 son aptos para la vocación agrícola, representando el 14.01% a nivel nacional.

La región Ozama fue la de mayor aumento de huella construida, pasando de un 4.75% en 2010 a 5.79% en 2020, siendo el incremento de un 1.04%. Cibao Norte, por su parte, fue la región que se posicionó en primer lugar para el año 2020 (6.02%) aunque su crecimiento con relación al 2010 fue de un 0.71%.

Por su lado, la Región hidrográfica Yaque del Norte, que concentra el 12% del agua disponible en el país, enfrenta una presión hídrica alarmante, pasando del 97% en 2012 al 119% en 2020, con una proyección de 146.5% en 2030, según los estudios presentados en el marco de la consulta nacional del PNOT.

¿Es obligatorio cumplir con las directrices del este Plan Nacional de Ordenamiento Territorial? La inversión pública y privada se conectan en el tiempo. Operan a la vez y en proyecciones de tiempo manejado en común y desconectado. Ejemplo, las infraestructuras de movilidad urbana traspasan la línea de la temporalidad de corto y mediano plazo, en la cual se encuentran, dialogan y no dialogan los sectores que ponen proyectos en el territorio. Las ciudades siempre están en movimiento generadores de externalidades positivas y negativas. Se mueven de modo difuso. La inversión pública y privada de hoy, sin orientación del orden territorial, con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) estaría compelida a su regulación mediante directrices de obligatorio cumplimiento sobre los usos de suelo que romperían la discrecionalidad de las decisiones.

El Plan marcará nuevos retos, desafíos y ajustes de estrategias para lo público y lo privado, porque las directrices que se desprenderán de la Ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que deberá aprobar el Congreso Nacional, serán de obligatorio cumplimiento. Las inversiones territoriales de hoy y mañana obligan a dialogar ordinaria y sistemáticamente a todos los actores que toman decisiones e intervienen en las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas de la sociedad.

¿Próximo recorrido? Presentar al Congreso Nacional la Ley del PNOT. Camino que debería ser mucho más corto en su aprobación que el recorrido de más de 10 años que consumió el trayecto para la promulgación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

Domingo Matías

Municipalista

Sociólogo con más de 25 años al análisis de la institucionalidad municipal y a la investigación socio-política. Experto en temas de desarrollo local y reforma de la Administración Pública. Se desempeña como consultor para organismos nacionales e internacionales. Ha escrito varios libros enfocados en la descentralización del Estado y la participación democrática. Es uno de los sociólogos dominicanos más dedicado a la cuestión municipal.

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