Permitieron el incumplimiento de las reglas y hoy enfrentan sus consecuencias

-Porque «la Policía es la justicia uniformada, sinónimo de moral y rectitud»

–«El que se hace el bueno, deja de ser bueno por no ser sincero»

Quizás una de las mayores debilidades de quienes ocupan posiciones complejas y de alta responsabilidad consiste en buscar culpables para utilizarlos como escudo, mientras evaden la parte que les corresponde por los errores cometidos.

Son precisamente esas conductas evasivas, revestidas de justificaciones que no abordan el fondo de los problemas, las que han contribuido a los desvaríos que seguimos padeciendo ante una Policía Nacional percibida como ineficaz, abusiva y corrupta. También han llevado al pueblo a refugiarse en el silencio, ese mismo silencio que históricamente lo ha acompañado.

Si estos problemas que padece la Policía Nacional fueran nuevos, quizá no sería necesario señalarlos; sin embargo, no lo son. Se trata de una repetición constante de fallas conocidas. Ha sido como girar en una noria alrededor de un pozo ya seco, tratando de sacar agua donde ya se sabe que no la hay.

El problema se ha presentado como la falta de una ley que obligue a sus miembros a cumplir sus funciones, pero la realidad apunta a otra causa: no es la ausencia de normas, sino la falta de cumplimiento de la ley y de los reglamentos vigentes.

Cuando se permitió el ingreso al cuerpo policial de personal sin controles adecuados sobre sus capacidades físicas, morales, éticas y profesionales, se abrió el camino a la deficiencia y al deterioro institucional.

Sin embargo, no solo fallaron quienes ejercían el mando; también incidieron los políticos y su clientelismo, que, en lugar de contribuir a apagar ese fuego institucional, terminaron alimentándolo.

Lo mismo ocurrió con los ascensos, utilizados de manera desmedida y sin observar una estructura organizativa vinculada a las funciones propias del cuerpo policial. En muchos casos primaron el dinero, las conveniencias políticas y el favoritismo. No se quiso escuchar que ascender a un raso a cabo sin cumplir los requisitos de tiempo ni de capacidad, y continuar esa práctica, solo produciría el resultado actual: numerosos oficiales en distintas categorías, pero con una formación y una mentalidad que no se corresponden con el rango que ostentan.

No quisieron escuchar entonces ni parecen haberlo hecho ahora, y han colocado el destino institucional en manos de sectores políticos que desconocen el significado de ser policía y las obligaciones que ello implica. Se recomendó cerrar ese camino e iniciar otro más profesional y efectivo mediante la creación de una unidad de policías patrulleros con rango de sargento durante todo su tiempo de servicio. En cuanto a sus ascensos, cuando correspondieran, en lugar de recibir un rango superior, obtendrían el equivalente salarial siguiente y una nueva insignia en la manga que reflejara su antigüedad dentro de la organización.

De igual modo, los ascensos de los alistados solo llegarían hasta sargento, en términos generales, siguiendo el procedimiento antes mencionado. A estos problemas se suma la adopción de una medida mal interpretada en nombre de los derechos: suspender al policía ante una falta cometida, sea grave o no, en lugar de aplicar el retiro inmediato cuando corresponda, ya sea por pensión, si reúne las condiciones, o mediante arrestos disciplinarios si la falta no constituye una violación de las leyes establecidas en el ordenamiento jurídico.

Esto se justifica porque precisamente para eso se crean las leyes orgánicas y los reglamentos institucionales: para responder a faltas que quizá no ameriten acudir a un tribunal ordinario, pero que sí deshonran los estatutos que rigen el órgano policial al que se hace referencia.

¡Sí, señor!