Observatorio Independiente del Congreso Nacional

Una epidemia de polución acechaba detrás de los malos números del SISMAP obtenidos por las entidades demolidas por el caos administrativo, el desorden financiero y la corrupción, desde el año 2010 hasta nuestros días. La evidencia se asocia a la creación del sistema de monitoreo público a partir de ese año.

Todas las organizaciones, consejos, programas, direcciones generales y ministerios que fueron objeto de cuestionamiento y sanción pública, donde, asimismo, se canceló a ministros y directores, daban signos precoces de anarquía opalescente.

Un Observatorio Independiente del Congreso Nacional se impone, más allá de las encuestas prepagadas por interesados del parlamento o por sectores externos, sean estos empresarios, senadores o diputados. Asimismo, lejos de tener comentaristas y analistas que se pueden financiar en los medios de comunicación, influencers o el uso de las redes sociales para que emitan opiniones revestidas de "objetividad" al respecto, la medición imparcial, equitativa e independiente se impone.

En los hechos, la República Dominicana requiere que la gestión de los 32 senadores y 190 diputados de todos los rangos sea observada de forma objetiva. Lo mismo debiera hacerse, desde lo local, con los 1.899 regidores y vocales de los 158 municipios y 235 distritos municipales.

El doctor en economía Leonardo Aguilera, hoy presidente del Banco de Reservas (Banreservas), y quien suscribe, somos los autores, en 2009, del primer Barómetro de Gobernabilidad efectuado en la nación, para medir con variables e indicadores la calidad de gestión del Congreso de la República, visto desde Santiago en el contexto del plan estratégico de desarrollo.

No existe un número global, ni único, ni oficial de «observatorios del Congreso» en el mundo. Todos los reportes y herramientas de Google e inteligencia artificial existentes subrayan que la razón es que no hay una definición estándar ni un registro internacional de este tipo de entidades. No son órganos formales obligatorios del poder legislativo. En algunas experiencias pueden ser internos, externos o mixtos, una sumatoria del congreso, la academia y la sociedad civil.

Construir sistemas para que cada legislador sea observado con base en indicadores requiere rigor científico. Diversas entidades de los congresos de Europa y América sintetizan los siguientes parámetros de medición.

Entre otros: i) nivel de participación en votaciones, frecuencia de asistencia a las sesiones y coherencia ideológica-política con las decisiones; ii) tipo y cantidad de participaciones e intervenciones en los debates congresuales, entre estos el número de discursos y temas abordados.

Igualmente: iii) la cantidad de preguntas congresuales y calidad de los cuestionamientos dirigidos al Poder Ejecutivo, y su fiscalización y resoluciones sometidas al respecto; iv) posicionamientos o cómo vota el congresista en temas controversiales, por ejemplo, ahora que se quiere pagar las obras construidas desde el año 1996; y, finalmente, v) transparencia y rendición de cuentas con accesibilidad a la ciudadanía.

Hace más de 10 años, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) organizaron un sistema objetivo, ecuánime e imparcial de monitoreo de los ayuntamientos, pero no de los regidores y vocales.

El Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) es el programa de seguimiento para medir la gestión. Instalado desde el año 2010 a nivel de la administración nacional y municipal desde el 2015, lo implementa el Ministerio de Administración Pública en coordinación con decenas de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil. Se utilizaron indicadores del Barómetro de las Américas, investigación auspiciada por el BID, y la Carta Iberoamericana de Función Pública.

El Congreso dominicano —senadores, diputados y sus diversos organismos de administración— debiera ser medido igual. En especial por el financiamiento de más de RD$7.750 millones que recibe este órgano del Estado. Mostrarle al país en línea web cómo va la gestión. No es con encuestas que sabremos cuáles legisladores cumplen o no sus funciones legislativas, de representación o fiscalización.

En América Latina, los debates sobre la calidad del Congreso se alejan cada vez más de las métricas de desempeño partidistas para centrarse en indicadores estructurados. Surge la pregunta de cómo medir calidad en una legislatura, ya sea Senado o Cámara de Diputados, analizando la labor real de los legisladores.

Los modelos de evaluación de calidad separan los «resultados» (leyes aprobadas y votaciones realizadas) de los «procesos y capacidad», expresada por el trabajo de comisiones, participación pública, uso de evidencias y seguimiento.

Igualmente, es vital promover evaluadores independientes, centros de investigación, grupos de observación legislativa, organismos de auditoría y ética, y observatorios académicos que utilicen criterios estandarizados.

En Inglaterra, el programa «Ellos trabajan para ti» —del inglés They Work For You— es un sitio web pionero lanzado en junio de 2004 por la organización sin fines de lucro My Society. Su objetivo principal es hacer que la información parlamentaria sea accesible, comprensible y transparente para todas y todos.

También hace otro tanto la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) de Ecuador, vía la investigación y educación ciudadana. Tiene por objeto la promoción y defensa del Estado de derecho, los principios democráticos y la libertad individual. Su Observatorio Legislativo, con el apoyo de la Fundación alemana Hanns Seidel, presenta informes especiales sobre la Asamblea Nacional de ese país.

Es un análisis sobre el desempeño legislativo, la fiscalización, la representación y la transparencia del legislativo ecuatoriano. Este informe ofrece un panorama completo de la gestión parlamentaria: tipos de proyectos de ley tramitados y reformas constitucionales, hasta los tipos de votaciones en el pleno; la puntualidad en el trabajo legislativo y la configuración de la agenda legislativa. Además, detalla los juicios políticos, los pedidos de información y el desempeño individual de los congresistas en sus roles de representación, legislación y fiscalización.

Las evaluaciones y observatorios suelen incluir si la supervisión es sistemática; es decir, no episódica o transitoria. También, si la elaboración de leyes es deliberativa y está documentada, y si la representación va más allá de lo meramente ceremonial y protocolar, vía una participación estructurada y trazabilidad.

En la práctica, generalmente se buscan indicadores que sean comparables a lo largo del tiempo, basados en comportamientos observables y resistentes a la manipulación.

Un error común al diseñar métricas es confundir la productividad legislativa con la calidad democrática. Un alto número de votos puede coexistir con un escrutinio débil o participación pública cosmética y superficial. En tal virtud, un marco equilibrado debería considerar la gestión legislativa, el trabajo de representación y la supervisión como pilares paralelos, cada uno con sus propios indicadores y métricas.

La tendencia internacional hacia evaluadores independientes, a cargo de instituciones ajenas al Congreso, contribuye a garantizar que los resultados sean estandarizados, transparentes y menos vulnerables a interpretaciones sesgadas.

De cara al futuro, el principal desafío es estratégico y operativo: tomar la decisión y definir indicadores, fuentes de datos y mecanismos de seguimiento para que la calidad pueda medirse de forma consistente en el Senado y la Cámara de Diputados, aportando legitimidad y rendición de cuentas.