Migrar a cualquier precio

No es una historia excepcional. Es, precisamente por eso, que es inquietante.

Un hombre haitiano, padre de un bebé de pocos meses, vive en la República Dominicana con un pasaporte válido, pero atrapado en la imposibilidad de regularizar su estatus. Trabaja como puede: chiripea, vende accesorios para celulares en la calle, resuelve el día cuando la camiona no ronda. Su esposa, quien habla tres idiomas y soñaba con ser médica, es trabajadora doméstica. No hay adónde volver. No hay margen para planificar, solo para sobrevivir.

Ya fue deportado una vez. Logró regresar cuando aún era posible hacerlo por 13,000 pesos. Hoy, ese mismo trayecto se ha encarecido, endurecido y vuelto más incierto. Pero lo que no cambia es la angustia: no quieren que su hija herede esa precariedad como destino.

Entonces surge la idea de irse de nuevo, de buscar un tercer país que les ofrezca lo que aquí no encuentran. Soñaron con los Estados Unidos antes del endurecimiento de sus políticas. México parecía otra posibilidad, con algunos familiares instalados allá. Y es así que la desesperación es un terreno fértil para el engaño.

Un amigo conocía un sitio donde ofrecen posibilidades de visas por internet para Canadá. Promesas rápidas, procedimientos opacos, garantías inexistentes. El costo hasta ahora: 3,000 dólares. Repartidos en un inicial "para trámites" y luego 600 más para "avanzar" y más… El hombre paga por necesidad. Porque cuando no hay vías reales, cualquier atajo parece posible.

Bastaron unos minutos para desmontar la farsa: errores burdos en el anuncio, imágenes copiadas, una cuenta en Benín. La embajada confirmó lo evidente: no es un caso aislado. Es un modelo de negocio.

El migrante, hoy, es presa fácil. Pero no solo de estafadores. También de un sistema que, en nombre del control, cierra más puertas de las que abre. La reciente Resolución 001-2026 de la Dirección General de Migración no mejorará esta realidad. Al establecer condiciones que, en la práctica, dificultan la regularización de trabajadores migrantes y limitan su incorporación al mercado laboral formal, refuerza un círculo vicioso: irregularidad, informalidad, vulnerabilidad.

Se exige legalidad sin ofrecer caminos viables para alcanzarla. Se endurecen los controles sin medir sus efectos colaterales. Y en ese vacío, proliferan las redes de fraude, pero también las economías informales que terminan beneficiándose de esa misma precariedad.

El resultado es doblemente perverso: el migrante es empujado a la ilegalidad y luego penalizado por ella. Se le margina del sistema formal y luego se le reprocha su informalidad. Se le niegan oportunidades y, al mismo tiempo, se le exige integración.

Esta historia no es solo la de una estafa. Es la de un engranaje más amplio donde la vulnerabilidad se convierte en recurso explotable. Donde cada obstáculo administrativo tiene un costo humano. Donde cada medida restrictiva, si no va acompañada de mecanismos reales de regularización, alimenta exactamente aquello que pretende combatir.

En un país donde la migración haitiana es estructural, persistir en esta lógica es injusto e ineficaz. La cuestión ya no es si habrá migración, sino en qué condiciones ocurre y a quién se abandona a quienes se lucran con la desesperación.

Lo inquietante no es la estafa, sino el sistema que la permite. Y, mientras tanto, quienes ya están en el borde siguen siendo empujados más allá.