En estos días, la sociedad dominicana ha sido inquietada por el conflicto surgido con el proyecto minero Romero, de mi provincia San Juan de la Maguana.
Según el Estudio Técnico Económico Proyecto Minero Romero, de GoldQuest Dominicana, preparado en diciembre de 2016, un denso análisis de prefactibilidad (disponible en las redes), GoldQuest, empresa promotora del proyecto, comenzó a trabajar en los estudios en el 2002, y en 2015 completó varias fases de perforación. Este y otros estudios indicaron una composición por metal estimada en 73 % de oro, 26 % de cobre y 1 % de plata; equivalentes a 1.11 millones de onzas de minerales.
El proyecto está ubicado cerca de dos parques nacionales, el José del Carmen Ramírez y el Armando Bermúdez, a pocos metros de los ríos San Juan y La Guama. El referido estudio advierte que la autorización de una nueva mina implica riesgos para, al menos, tres pueblos que utilizan las aguas del río San Juan. Quienes han viajado por esa zona, y yo lo he hecho, perciben que dicho río abastece principalmente el embalse de la presa de Sabaneta. Y junto al río Yaque del Sur, abastece el canal Ysura, que lleva agua de San Juan a Azua, la que sirve para la producción de plátanos, guineos, tomates, cebolla y crianza de animales, y decenas de acueductos. Por tanto, de explotarse dicha mina, y ante la poca agua que circula ya en aquella región, ¿qué pasaría cuando ocurran fenómenos atmosféricos, tan frecuentes por allá, como fuertes lluvias, tormentas y ciclones?
Por otro lado, la historia y las evidencias indican que los proyectos mineros en el país, como Pedernales, Bonao, Cotuí, han favorecido poco directamente a los más necesitados, porque sus promotores se ocuparon sobre todo del excesivo incremento de sus ganancias sin compartirlas debidamente con las poblaciones cercanas, quienes suelen quedar sumidas en la miseria; en consecuencia, desconfían de las promesas y de las evaluaciones técnicas en estos casos. En mi opinión, tienen razón porque los grandes inversionistas, confabulados con los políticos, las saquean. Y así no puede ser.
Las presas de Sabana Yegua, Sabaneta y Los Bancos las terminaron a finales de la década de 1970. Desde sus estudios y sus construcciones despertaron mucha alegría y resultaron muy defendidas por estas poblaciones. Pero la exploración —no la explotación— de la mina Romero ha despertado un fuerte rechazo social, que incluye a científicos, técnicos, dirigentes políticos, sociales y religiosos, comunitarios y gente de a pie en la región y de todo el país.
La autorización del estudio de evaluación ambiental de este proyecto ha provocado una movilización popular, y las protestas sociales no son poca cosa. Al grado que motivó al presidente de la República a anunciar en un breve discurso el 4 de mayo la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero.
Una posición que respaldo plenamente y que, además, ha planteado mi alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Academia de Ciencias de la República Dominicana y otras instituciones igualmente respetadas y especialistas calificados.
Por tales hechos y razones deseamos una minería responsable que garantice la vida de la gente y cuide el medio ambiente. Deseamos también que la oposición del presidente al proyecto sea definitiva y no momentánea, y que sea oficializada con una ley, al tiempo que se ofrezcan soluciones permanentes a las necesidades de esta productiva provincia, digna de mejor suerte.
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