El tema del salario es popular, es mediático y también es sensible dentro de la sociedad, ya que afecta los ingresos de las personas. Es decir, es un asunto socioeconómico, de interés político y de los medios de comunicación.
Por ser un tema sobre el que se decide de forma legal, no suele tratarse teniendo en cuenta los fundamentos económicos. En tal sentido, la pregunta de inicio debe ser qué es el salario y cómo se determina.
¿Qué es el salario? Es la remuneración que recibe una persona por su aporte a la producción; es una paga por su contribución al valor marginal de los bienes y servicios producidos. En consecuencia, el salario es estrictamente individual. ¿Y quién determina el valor de la producción? En última instancia, el consumidor; en la medida en que esté satisfecho por el bien o servicio que recibe a cambio del dinero que intercambia.
En consecuencia, el salario no es una compensación por la inflación, no es un mecanismo para crear mayor actividad económica o para incrementar las ventas. El salario resulta del valor que las personas pueden contribuir a los procesos de producción. No es un tema político o de carácter legal. Es un asunto económico.
La riqueza, el mayor bienestar material dentro de una economía, se produce cuando un bien es valorado por quienes lo adquieren, los consumidores. Dentro de una economía libre, el salario se determina por la producción. Así como las leyes o decretos no han podido establecer los precios de los alimentos que consumimos o de la ropa que vestimos, tampoco lo han podido hacer con los salarios. En una economía no se decreta el precio del pan o de la ropa, porque cuando se hace se crean distorsiones.
De igual forma, cuando los salarios son decretados, se producen consecuencias negativas para la economía. Es decir, para sus mismos ciudadanos.
¿Cómo afectan las disposiciones salariales legales a la economía? Aumentan la informalidad, surgen ineficiencias que perjudican a los mismos trabajadores y se reduce el empleo. Los efectos no son tan visibles e inmediatos. Es importante recordar que en economía están las consecuencias visibles e inmediatas de las políticas, y las que no se observan tan fácilmente, aunque su efecto sea real.
En el mercado laboral, en consecuencia, los movimientos artificiales de la remuneración tienen consecuencias que se verifican en el tiempo y de forma marginal. Se observa el mayor ingreso, pero las consecuencias de esta política ameritan mayor atención e irlas contemplando como un proceso.
Primero, menos personas son empleadas en la formalidad que las que serían contratadas en condiciones de salarios fijados libremente por empleados y empleadores. En efecto, lo que sucede en la informalidad es que el salario se fija libremente y las personas aceptan ser contratadas por una remuneración que refleja mejor su contribución al proceso productivo, o su productividad marginal.
Cuando los salarios son fijados de manera legal, se determina una remuneración por encima de la productividad; como resultado, el mercado se ajusta y crea un ejército de informales que de acuerdo con las autoridades, en el último trimestre de 2024 representaba 2.7 millones de personas o el 55% de la fuerza laboral.
La informalidad se alimenta de diferentes causas, y una de ellas es forzar, aunque con las mejores de las intenciones, a que exista un salario por encima del que surgiría de forma natural como resultado de negociaciones libres y voluntarias entre los ciudadanos.
El desempleo es otra consecuencia de los salarios decretados. Menos personas pueden ingresar a la fuerza laboral. Sobre todo aquellas que tienen menos destrezas o competencias. Cuando un empleador es forzado a pagar por encima del valor del aporte que hace el empleado, ¿cuáles serán las consecuencias? Menor capacidad para poder realizar inversiones de capital, por ejemplo. Menor rentabilidad sobre el capital previamente invertido se traduce en menores inversiones futuras. Por lo tanto, sin inversiones de capital se reduce la oportunidad de contratar a más personas. Menos producción se traduce en menores empleos disponibles.
Si un emprendedor es obligado por ley a pagar un salario superior al aporte que puede realizar una persona a la productividad de la empresa, tendrá como resultado bienes o servicios más caros. Es difícil competir de forma eficiente si el precio lo determina el mercado global, pero parte de los costos son determinados por decisiones de normativas locales.
En el caso concreto de República Dominicana, esta es una economía abierta en la que se ofrecen bienes y servicios producidos localmente y en otros mercados; en consecuencia, nuestra economía amerita de condiciones que eleven su productividad y que sus costos sean acordes con esta.
Los temas de costos altos en la economía dominicana, y de baja productividad, deben ser tratados abordando los fundamentos: regulaciones que encarecen productos y servicios; impuestos que distorsionan las decisiones de los agentes económicos; excesiva burocracia y procesos que limitan hacer negocios; política monetaria que trata de compensar deficiencias estructurales en desmedro del poder adquisitivo de la moneda; dominio público y sindical de diferentes mercados, como el de educación básica; o en el caso del mercado de la distribución eléctrica, por el sector público; entre otros temas de fundamento que deben ser resueltos.
Como centro de pensamiento económico nuestro rol es advertir de las distorsiones que se crean en la economía. Una de ella resulta de salarios por encima del valor o productividad que pueden crear los trabajadores del país. De igual manera, entendemos que en el país existe un ambiente donde los costos de vivir son altos, por eso proponemos reformas estructurales que sí puedan ayudar a los ciudadanos.
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