En los últimos 60 años, las iglesias evangélicas y católica han impulsado el movimiento conocido como “provida”, cuyo objetivo fundamental ha sido oponerse al aborto en todas las circunstancias. Este movimiento se inició en los Estados Unidos y luego amplió su radar de acción a otras regiones del mundo, incluida América Latina.
Han utilizado el púlpito como principal escenario de promoción de su causa, pero también realizan marchas, caminatas y piquetes y, sobre todo, presión sobre los gobiernos y los legisladores para que no aprueben ninguna ley que permita el aborto.
La justificación del movimiento es la defensa irrestricta de la vida como creación de Dios.
Por eso sorprende que estas iglesias nunca hayan mostrado beligerancia en proteger la vida ante el hambre, la falta de acceso a los servicios de salud, o la pobreza en general que produce muchas muertes en todo el mundo.
Llama mucho la atención que las iglesias mantengan tanto silencio ante la política migratoria contra inmigrantes haitianos enfermos, niños y parturientas.
Tampoco han mostrado beligerancia en contra de las guerras que exterminan vidas, como sucede actualmente en Gaza donde miles de personas, incluidos muchos niños, han muerto y los hospitales han sido destruidos.
Sorprendente tanto silencio ante tantas muertes y barbaries.
Y es que, el movimiento “provida” ha ido de la mano con el alejamiento de las iglesias de la búsqueda por la justicia social. Atrás quedó la teología de la liberación de la década de 1960, que llevó a la Iglesia católica a enfocar su trabajo pastoral en los pobres y oprimidos.
Desconectadas de las luchas por la justicia social, las iglesias evangélicas y católica han enfocado su activismo político en temas de moral sexual como el aborto y la restricción de los derechos LGTB.
Y aquí en la República Dominicana, dado que la justificación moral del movimiento “provida” es la defensa irrestricta de la vida, llama mucho la atención que las iglesias mantengan tanto silencio ante la política migratoria contra inmigrantes haitianos enfermos, niños y parturientas.
Según el protocolo de salud publicado por el Gobierno dominicano, las personas extranjeras indocumentadas que asisten a los hospitales públicos son inmediatamente apresadas y deportadas, y si necesitan ayuda médica urgente, se les ofrece hasta estabilizarlas, para luego apresarlas y deportarlas.
Esto significa que, si una inmigrante indocumentada asiste a un hospital público para chequearse o dar a luz, o ante la complicación de un embarazo, es sujeta de apresamiento y deportación.
Apresar y deportar mujeres embarazadas o recién paridas aumenta la probabilidad de mortalidad materna, y los centros de detención son inaptos para las necesidades de las embarazadas o recién paridas, y también para los niños recién nacidos.
O, si las mujeres embarazadas, temerosas de una deportación, optan por quedarse en su casa y parir ahí, también tienen mayor probabilidad de morir si se presentan complicaciones en el embarazo o el parto.
Todo esto es obvio, pero las jerarquías de las iglesias dominicanas, abanderadas del movimiento “provida”, no dicen ni ji ante este trato a inmigrantes parturientas y a recién nacidos.
¿Por qué será? ¿No son criaturas de Dios?
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