La región suroeste de República Dominicana no cuenta con una autovía, ni siquiera con una carretera que garantice un recorrido sin sobresaltos hasta sus provincias (San Cristóbal, Peravia, Ocoa, Azua, San Juan, Elías Piña, Independencia, Baoruco, Barahona y Pedernales).
Pero a ese trillo descuidado plagado de peligro cuyo punto más lejano dista 307 kilómetros (si va a Pedernales, en la frontera con Haití), ya le han instalado tres peajes sin que se presente siquiera un destello de resistencia desde sus comunidades empobrecidas porque viven distraídas con arrullos de cantos de sirena sacados de partituras de la política criolla.
Una sola estación tiene, sin embargo, la ruta de 155 kilómetros hasta la segunda capital del país, Santiago, que pasa por Villa Altagracia, La Vega y Monseñor Nouel y enlaza con otras de la región noreste, igual de ubérrimas y de vibrante vida económica como: Duarte, Juan Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat y otras.
Y vigilancia y repulsas sobre su operación no han faltado por parte del liderazgo de la zona.
EL EMBUDO
En el kilómetro 32, municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo, ha comenzado a funcionar la lujosa estación de peaje construida a un costo de 600 millones de pesos e inaugurada el domingo 6 de abril de 2025, activando 22 carriles, 10 de ellos exclusivos para el paso rápido.
La infraestructura sustituye a la del kilómetro 25 que había servido desde agosto 1999, con lo cual los habitantes del municipio, tras años de reclamos, han quedado liberados de pagar cada vez que salen de su demarcación.
La autoridad RD Vial aprovechó la coyuntura y con el eufemismo de “nivelar los precios”, también repetido en cada entrevista, los incrementó de 60 a 100 pesos por cada paso de vehículo de dos ejes, dos ejes más mellizas, 200; tres y cuatro ejes, 300; cinco y seis ejes, 400; siete ejes o más, 600.
El director general del fideicomiso, Hostos Rizik Lugo, enfatizó que los peajes “son fundamentales para seguir ejecutando y completando importantes proyectos que modernizan la infraestructura vial, garantizando así conectividad y el desarrollo económico en todo el país”.
Habló sobre la necesidad de sostenibilidad del mantenimiento de la carretera Duarte y la reconstrucción de la Barahona-Pedernales (124 km); sobre todo, en el tramo Enriquillo-Pedernales (74 Km). Proyecto que, no obstante, hace al menos cuatro años está adjudicado a dos empresas privadas.
De inmediato, el liderazgo del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, cercano al peaje, rechazó la decisión y amenazó con protestas que incluirían obstrucción del tránsito.
Y el senador oficialista y magnate del transporte de pasajeros, Antonio Marte, anunció paralización porque -según sus palabras- el servicio hacia y desde el Cibao no sería sostenible.
Parece que hubo “diálogo” porque todo luce normal.
Aunque la carretera norteña presenta la ventaja de vías de ida y vuelta separadas, es igualmente angosta, dos carriles, con hoyos que sorprenden, sin peraltes, ni desagües adecuados, ni señales, ni vigilancia policial.
Por sus características, de día, no resiste una velocidad mayor de 80 kilómetros por hora; de noche, es “boca de lobo”, no apta para transitar salvo que se desee el cementerio. Es la pista de una caterva de conductores mal educados y con vocación homicida que zigzaguean a altas velocidades a cualquier hora.
Con su peaje semeja un embudo. La parte ancha representada por una estación de recaudación propia de autopista de país desarrollado, y la delgada, por decenas de kilómetros de un trillo maquillado con asfalto.
LUPA EN EL CIBAO, VENDA EN EL SUR
Nunca han faltado pretensiones del Gobierno para instalar en la carretera Duarte puntos intermedios de recaudación, pero las comunidades se han levantado en contra porque –entienden- afecta su economía.
Por protestas de organizaciones de taxistas, sindicalistas del transporte y comunitarios, en junio de 2013, las autoridades tuvieron que desmantelar un peaje a punto de inaugurar, el cual había sido construido en territorio de la sección La Penda, municipio La Vega, a mitad de camino hacia Santiago.
El proceso constructivo había comenzado en el año 2000 durante el cuatrienio del presidente Hipólito Mejía, a cargo de la empresa Dominicana de Vías Concesionadas (Dovicon), bajo un contrato de casi US$300 millones.
Recibió el apoyo decidido del Gobierno, pero no del Cibao, que era el destinatario. Y por eso sucumbió.
En el sur, no. En el sur, los instalan, y ya. La resistencia social es cero.
A esas comunidades los políticos les han arrancado el alma. A golpe de exclusión y caciquismo, las han reducido a la categoría de habitantes sin capacidad crítica para manipularlas como marionetas. Les han hecho creer que su desgracia es producto del destino por disposición de Dios. Han ahogado sus cerebros con el peor conformismo.
A la salida de Santo Domingo está el peaje de la 6 de Noviembre, kilómetro 15. Inaugurado en 1999 con ocho carriles, pero es un pandemonio donde la vida vale nada.
El de la circunvalación de Azua, en el kilómetro 24, inaugurado 15 de febrero de 2023, pero que sigue en construcción y con el cobro manual sin entrega al usuario del comprobante de pago.
El de la circunvalación de Baní, kilómetro 14 (comunidad Paya) está habilitado de manera intermitente y con un paquete de reductores insufribles. La obra está en proceso, pero ya cobran.
LA REALIDAD ES OTRA
En la carretera costera Barahona-Pedernales la piña se pone más agria.
Si es por el ritmo de reconstrucción y los resultados, las recaudaciones de peajes para inversión en esos 124 kilómetros de “ruleta rusa” se quedan en discursos opinativos mediáticos en la capital.
Ya pasó de la década la reconstrucción de los 49 kilómetros entre Barahona-Enriquillo, que es otro trillo lleno de parches. El Derrumbao, en territorio del municipio La Ciénaga, está allí como muestra o símbolo de la desidia y la incapacidad gubernamentales para dar con una solución vial duradera. Los trancones de vehículos son enormes y recurrentes por ese paso de la rabia y la impotencia, y creciente el peligro de tragedia por aludes o vuelcos hacia el mar Caribe.
El tramo Enriquillo-Pedernales, 74 kilómetros, más de cuatro años en construcción, un caos, sin señales de advertencia. Un infierno de subidas y bajadas sobre “dientes de perros” y bajo polvo rojo. Un sinfín de riesgos de siniestros. Ninguna autoridad nacional explica; el liderazgo local tartamudea… y la comunidad adormecida por el empobrecimiento exponencial, contempla distante.
En la historia de justificaciones ya no caben más cuentos. El suroeste merece una autovía real, no parches ni relatos.
Se la merece, aunque no lo crean quienes, hinchados de poder, se desplazan en cómodos aviones privados con cargo al erario y desconocen los sinsabores de la riesgosa brincadera durante cinco, seis y hasta siete horas por tierra. Solo mirar sus riquezas mineras explotadas y por explotar: bauxita, larimar, sal, yeso y hasta tierras raras; sus parques nacionales, sus playas, sus bosques, su producción agrícola y pecuaria… la hospitalidad de su gente.
Es posible lograr tal objetivo, pero se debe comenzar por construir el empoderamiento sureño. El tiempo se acaba, viene la campaña hacia el 28 y todo se diluirá en promesas. La mudez, la indiferencia y la inacción solo son útiles al poder para consolidar su dominio.
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